Los cancilleres del Grupo de Río, de 19 países de América Latina, reclamarán mayor compromiso internacional para resolver la profunda crisis de violencia y pobreza de Haití y para avanzar más ágilmente en asuntos políticos que interesan a la región.
El director general de Política Latinoamericana de la cancillería argentina, José Gutiérrez Maxwell, resumió así ante periodistas las deliberaciones previas a la reunión de representantes de ministerios de asuntos exteriores de los países miembros de este foro de consulta y concertación política regional.
Los coordinadores nacionales se reunieron este jueves en el hotel Sheraton de Pilar, en la central provincia de Buenos Aires, 50 kilómetros al noroeste de la capital federal. Allí repasaron los temas que tratarán este viernes los cancilleres, en preparación del encuentro de presidentes del Grupo de Río, el 25 y 26 de agosto en San Carlos de Bariloche, sur de Argentina.
El Grupo de Río fue establecido en 1986 para apoyar los esfuerzos de paz en América Central y está integrado por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela y Guyana, en representación de los Estados del Caribe.
Las deliberaciones de este jueves se centraron en la crítica situación de Haití, el país más pobre del continente americano, que vive una situación de creciente violencia y desamparo y cuyo presidente constitucional, Jean-Bertrand Aristide, fue derrocado en febrero de 2004 en confusas circunstancias, cuando grupos armados ilegales ingresaron a la capital.
Aristide, exiliado en Sudáfrica, denunció haber sido derrocado por marines (infantes de marina) estadounidenses. De inmediato, el país fue ocupado por fuerzas de Estados Unidos y Francia, reemplazadas a mediados de 2004 por la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah por sus siglas en francés).
La idea del Grupo de Río es llevar este tema a todos los foros internacionales a los que podamos ir, y solicitar una mayor presencia, mayor colaboración y compromiso para encontrar una solución a la crisis muy preocupante que vive la población en ese país, dijo Gutiérrez Maxwell.
La Minustah está integrada por 7.400 militares, policías y civiles de unos 30 países, pero los mayores contingentes son de América Latina, principalmente de Brasil (que comanda la misión militar), Uruguay, Argentina y Chile.
Las dificultades de la Minustah para contener la violencia y denuncias de organizaciones de derechos humanos sobre la presunta benevolencia de los cascos azules ante violaciones de derechos humanos cometidas por la policía haitiana y por bandas armadas han puesto en duda el papel de los gobiernos latinoamericanos que enviaron tropas a esa misión.
Gutiérrez Maxwell justificó la presencia militar en la necesidad de neutralizar la violencia que se desató tras la salida de Aristide. Todas las otras soluciones para lograr la legitimidad política interna y la paz social en ese país habían fracasado antes, aseguró.
El trabajo de la Minustah fue positivo en neutralizar la violencia, si no hubiéramos ido, la guerra civil hubiera estallado, dijo el funcionario. No obstante, la solución definitiva a la crisis no se logrará pronto, y por eso los cancilleres del Grupo de Río reclamarán mayor compromiso internacional.
El diplomático admitió la necesidad de más fondos prometidos por los países desarrollados a Haití. Si bien algo de los recursos ha llegado, la mayor parte está frenada a la espera de la asunción de las nuevas autoridades.
Haití debería ingresar en septiembre en un período de elecciones municipales, provinciales y presidenciales hasta el mes de noviembre. Los donantes aducen que no hay aún una contraparte legitimada con la que contar para desembolsar esos fondos, dijo Gutiérrez Maxwell.
Además de la crisis de Haití, los delegados manifestaron preocupación por la multiplicidad de foros regionales en los que se superponen temas y competencias, y analizaron alternativas para agilizar las discusiones y reducir los encuentros de alto nivel.
Según el representante argentino, se estudia que las reuniones cumbres pasen a celebrarse cada dos años, y hacer anuales los encuentros semestrales, pero también se evalúa la propuesta de concentrar actividades, a fin de ahorrar esfuerzos y traslados de presidentes y ministros.
La reducción de encuentros y foros se plantea para distintos ámbitos, como las reuniones iberoamericanas, las del Grupo de Río, las de la naciente Comunidad Sudamericana de Naciones y las del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), admitió el funcionario.
Ante tanto foro, los delegados coincidieron en la necesidad de fortalecer el Grupo de Río y mantenerlo vigente dijo Gutiérrez Maxwell. Los miembros del Grupo creen que éste sigue siendo una herramienta útil de concertación política regional.
Los funcionarios también intercambiaron ideas sobre nuevos mecanismos financieros de cooperación, tomando nota de la marcha del acuerdo entre Argentina y España para canjear deuda por gastos en educación, y de la iniciativa de Brasil de contar como inversión el gasto público en infraestructura.
Además, se negoció una posición común ante la IV Cumbre de las Américas, que se llevará a cabo el 4 y el 5 de noviembre en la oriental ciudad argentina de Mar del Plata.
Para esa cita bajo el lema Crear trabajo para enfrentar la pobreza y fortalecer la gobernabilidad democrática, las discrepancias surgen con Estados Unidos.
Washington se niega a suscribir que las reformas neoliberales de los años 90 fueron responsables del aumento de la pobreza y la desigualdad en América Latina y del fracaso estrepitoso de varias economías de la región. Sus delegados señalan la corrupción política como culpable de los magros avances económicos y sociales.
Los diplomáticos también analizaron cuestiones bilaterales. El canciller argentino Rafael Bielsa se reunió con su par de Bolivia, Armando Loayza, y con el de Chile, Ignacio Walker.
También se prevé que Bielsa dialogue este viernes con el canciller uruguayo Reinaldo Gargano, acerca de la polémica instalación de dos plantas de celulosa en la orilla uruguaya del fronterizo río Uruguay, resistida por Buenos Aires pues podría contaminar ese curso de agua compartido.
Habitantes de la ciudad de Gualeguaychú, en la ribera argentina, protestan contra las fábricas de celulosa (de capitales españoles y finlandeses), junto con grupos ecologistas de Argentina y Uruguay.
Algunos vecinos de Gualeguaychú llegó hasta Pilar con pancartas que rezaban No a las plantas de celulosa, sí a la vida. Uno de los manifestantes, Alejandro Gahan, dijo a IPS que el propósito es pedir a Uruguay que acepte la realización de un estudio de impacto ambiental por parte de una comisión mixta.
Si el estudio señala que las plantas son contaminantes, entonces que se paralicen las obras, exigió el activista.
De acuerdo con las leyes uruguayas, las empresas responsables realizaron estudios de impacto ambiental que fueron revisados por técnicos del gobierno que cesó en marzo de este año. Los funcionarios observaron algunos aspectos y reclamaron correcciones, pero aprobaron la instalación de las fábricas. (