Con una apresurada reforma política, el gobierno y el Congreso legislativo de Brasil buscan evitar que el régimen democrático sufra mayores daños por el actual escándalo de corrupción. Pero la iniciativa puede cultivar nuevas frustraciones.
Los cambios de las reglas electorales y partidarias tienen por fin mejorar la representatividad de los poderes legislativo y ejecutivo, y no combatir la corrupción, argumentó el profesor Fabiano Santos, profesor del Instituto Universitario de Investigaciones de Río de Janeiro, un centro de referencia en estudios políticos.
Efectuar una reforma ahora, bajo la presión montada por el escándalo que involucra al gobierno y a cuatro partidos oficialistas, es una precipitación que fomenta falsas expectativas, que probablemente no serán satisfechas por la confusión de objetivos, destacó el politólogo a IPS.
A su vez, un grupo de organizaciones no gubernamentales (ONG) rechazó una reforma ministerial que, según informaciones de prensa, pondría fin a las secretarías especiales con rango de ministerio dedicadas a Políticas para las Mujeres, Promoción de Igualdad Racial y Derechos Humanos.
La Asociación Brasileña de ONG (Abong) y otras cuatro redes de la sociedad civil manifestaron indignación ante ese posible retroceso en la lucha contra las desigualdades e injusticias sociales.
La medida no se justifica por la austeridad y el combate a la corrupción, ya que esas secretarías tienen presupuestos bajísimos, dijo a IPS la directora de Desarrollo Institucional de Abong, Taciana Gouveia.
La activista, también integrante de la organización feminista SOS Cuerpo, considera necesaria una amplia reforma política para superar las distorsiones, pero teme que las modificaciones se dediquen apenas a resolver la crisis actual, ignorando la necesidad de ampliar y perfeccionar los mecanismos de participación social en las decisiones.
En la última de varias denuncias de corrupción, el líder del Partido Laborista Brasileño (PTB por sus siglas en portugués) sostuvo que el gobernante e izquierdista Partido de los Trabajadores (PT) pagaba mensualmente sobornos por 12.000 dólares a legisladores aliados con el fin de que apoyaran proyectos del oficialismo.
El propio PTB estaba involucrado en otros escándalos.
Varias propuestas de reforma se encuentran en el Congreso desde hace años. Resultado de ellas es un proyecto que la Cámara de Diputados intenta votar sin éxito desde el año pasado.
Ahora la conmoción nacional del escándalo favorece su aprobación, según el relator del proyecto, el diputado Rubens Otoni, del PT.
Además, los sectores que más se oponían a la reforma, el PTB, el Partido Liberal (PL) y el Partido Progresista (PP), están debilitados por varias de las acusaciones respaldadas en testimonios.
El proyecto prevé el financiamiento público de las campañas electorales, la conformación de listas partidarias cerradas, la obligación de los candidatos de mantener fidelidad a los partidos, el fin de coligaciones para elecciones por régimen proporcional (de diputados y concejales) y restricciones a la proliferación de colectividades políticas.
Estas son las medidas más mencionadas por los defensores de la reforma, que atribuyen al sistema electoral brasileño distorsiones que dificultan la gobernabilidad y estimulan la corrupción, al elevar los costos electorales y crear los partidos de negocios o de alquiler.
El financiamiento público busca impedir que recursos privados favorezcan a algunos partidos y candidatos. Pero se trata de un tema complejo que exige un debate más prolongado, y el proyecto prohíbe autoritariamente a las personas ayudar a los representantes de sus valores e intereses, cuestionó Santos.
Además, la iniciativa no evita la corrupción, ya que el apoyo financiero seguirá por vías clandestinas, acotó.
Las listas cerradas, adoptadas por muchos países también en América Latina, se destinan a fortalecer a los partidos. En Brasil, los electores votan a candidatos individuales que actúan como si fueran dueños del mandato, sin ninguna fidelidad a sus colectividades.
Desde las elecciones de octubre de 2002, hubo más de 200 transferencias de diputados de un partido a otro. El PL fue el que atrajo más infieles. Con solo 26 elegidos, acrecentó su bancada a 49 diputados. El PTB, por ejemplo, pasó de 26 a 48.
Los principales partidos de oposición sufrieron las mayores pérdidas… El Frente Liberal menguó de 84 legisladores elegidos a sólo 62, mientras el ex gobernante Partido de la Socialdemocracia Brasileña vio reducir sus bancas de 70 a 52.
Esa migración es posible por la corrupción, afirman los opositores que acusan al gobierno y al PT de haber estimulado las adhesiones a partidos aliados.
El PT no atrajo infieles, y mantiene sus 91 bancas, pero está acusado de pagar sobornos a legisladores del PL y del PP para asegurarse su lealtad.
Ante estos desafíos, Santos consideró importante la aprobación de mecanismos que aseguren la fidelidad partidaria de los parlamentarios, y la definición de criterios para la conformación de coaliciones en comicios por representación proporcional.
Pero el profesor dudó de la eficacia de las demás medidas y de la conveniencia y oportunidad de tratar estos asuntos ahora, eliminando la cautela y la moderación con que se venían discutiendo.
La activista Gouveia reconoció la necesidad de cambios para evitar que el parlamento sea copado por grupos de interés que no representan a la sociedad, y en el que los elegidos no se ven obligados a rendir cuentas a sus electores. Se necesita más visibilidad y transparencia en las elecciones, concluyó.
