Mercedes Blanco siente la muerte de su hijo como una opresión en el pecho que la invade desde el 30 de diciembre, cuando la vida de Lautaro y de otros 193 jóvenes terminó en las llamas de la discoteca República Cromañón de Buenos Aires.
Pero la madre está conforme con la justicia, que ha procesado hasta ahora a 22 responsables de un incendio que tuvo poco de accidental.
Para Blanco, los días 30 son los más difíciles. Aunque no mires el almanaque, uno siente una fuerte opresión en el pecho que es difícil de explicar, dijo a IPS. Lautaro tenía apenas 13 años y había ido a la discoteca con su hermana Mailín, quien sobrevivió luego de 20 días en terapia intensiva.
Familiares, amigos y sobrevivientes se reunieron este jueves en torno a las puertas de la clausurada discoteca, donde improvisaron un santuario en recuerdo de las víctimas. Se prevé erigir allí un monumento.
El desastre ocurrió la noche del 30 de diciembre de 2004, cuando la banda de rock Callejeros actuaba en la discoteca. El concierto solía estar acompañado por bengalas lanzadas desde el público. Esa noche, una de ellas encendió el techo, y el local se transformó en una trampa mortal en cuestión de minutos.
La mayoría de las víctimas murió intoxicada por el humo que emanaba de los componentes aislantes del cielo raso. La salida de emergencia estaba trabada, y la cantidad de asistentes era tres veces superior a la permitida. Además, muchos eran menores de edad, otra falta grave de los responsables de la discoteca.
Unos 2.000 sobrevivientes aún padecen las secuelas del incendio. Muchos de ellos tienen problemas respiratorios y no recibirán el alta médica hasta dentro de dos años. Otros siguen bajo estrés postraumático, con cuadros de insomnio, ataques de pánico y depresión.
Sus relatos dan cuenta de unas personas cayendo sobre otras en el intento de alcanzar la salida. Les resulta difícil borrar la sensación de caminar sobre cuerpos caídos, o de manos desesperadas tomándolos de los tobillos.
Según Blanco, la justicia está avanzando de manera inusitadamente rápida y profunda para determinar las responsabilidades de la tragedia.
Hasta el momento, el juez Julio Luccini dispuso el procesamiento del gerente del local, Omar Chabán, acusado de homicidio simple. También procesó a su segundo, Juan Villarreal, encargado de organizar los recitales, pues la legislación de la ciudad de Buenos Aires prohíbe que estos conciertos se hagan en locales bailables.
El magistrado también procesó a los seis integrantes de Callejeros, al manager, al jefe de seguridad y al escenógrafo, todos bajo cargos de homicidio culposo. El juez consideró que los músicos y sus representantes no podían desconocer la situación de sobreventa de entradas y que alentaron el uso de bengalas como parte de su espectáculo.
El capítulo más polémico de la causa es el referido a los funcionarios de la ciudad que incumplieron su labor de control. En este caso, hay cinco procesados por homicidio culposo, otro por incumplimiento de deberes, y cinco policías bajo cargos de cohecho e incumplimiento de deberes.
No obstante, la pesquisa está aún en pleno desarrollo. Blanco explicó que de la causa madre por la tragedia se fueron desprendiendo otras. Por ejemplo, hay un proceso por asociación ilícita en el que podrían ser citados funcionarios de mayor jerarquía, inclusive el jefe de gobierno de la ciudad, Aníbal Ibarra.
La asociación ilícita es un delito difícil de probar, pero sabemos por nuestros abogados que el juez está recogiendo testimonios escabrosos de inspectores, ex inspectores, ex secretarias y otros funcionarios, que comprometen a figuras más altas del gobierno, dijo la madre de Lautaro.
Además, hay otra causa por el mal trato que los familiares dicen haber recibido en la morgue judicial, en la que se amontonaron cuerpos que debieron ser identificados varias veces por los deudos, y el cuerpo de un niño fue entregado por error a quienes se creyó eran sus padres.
Finalmente, Blanco observa muchos avances a partir de una denuncia contra el gobierno comunal por abandono de persona. Como casi todos los familiares de los muertos, ella está convencida de que muchos jóvenes se hubiesen salvado de haber funcionado eficazmente el sistema de atención de emergencias médicas.
Yo he visto llorar de impotencia a los médicos, porque hacían lo que podían y no alcanzaba, relató. En las guardias hospitalarias en las que había especialistas (en emergencias), se dispuso que las ambulancias salieran con tubos de oxígeno en lugar de mascarillas, y en esos casos la tasa de moralidad fue más baja, aseguró.
Mi hija Mailín fue una de las dos únicas sobrevivientes del Hospital Ramos Mejía, y no fue por falta de atención médica, es que eran 200 pacientes graves en una guardia preparada para 40, sostuvo. El abandono y la negligencia fueron gravísimas, acá no hubo nada accidental, remarcó.
Mercedes recordó su triste recorrido de aquella noche en busca de su hijo. No lo encontró en los hospitales ni en la morgue. Finalmente, en la noche del 31 de diciembre supo que el cuerpo del adolescente sin identificar estaba en una camioneta frente al depósito de cadáveres.
Al menos pude verlo por última vez. Otros padres no tuvieron esa suerte, porque encontraron a sus hijos cuando los cuerpos ya habían entrado en descomposición, dijo.
Para sobrevivir a la pena, Blanco se aferra a la imagen de las Madres de Plaza de Mayo, que bregan desde hace 30 años por hallar a sus hijos, miles de desaparecidos durante la dictadura militar (1976-1983), y a la de los familiares de las 84 víctimas de una entidad judía destruida con explosivos en 1994 por terroristas.
Una madre me explicaba que el dolor por la pérdida de un hijo no se va nunca, pero en un momento dado se acomoda, se consoló Blanco. (
