El cuerpo de Airis, de siete años, apareció desmembrado y con huellas de violación dentro de un cilindro lleno de cemento, y el de Anahí, de 10, incinerado y también con señas de ultraje. Fueron dos casos más de la ola delictiva en México por la que se culpan gobierno y oposición.
El hallazgo de los restos de las niñas dio gruesas pinceladas al cuadro de inseguridad general que vive este país de unos 104 millones de habitantes, en el que resaltan en lo que va del año 522 ejecuciones extrajudiciales vinculadas al narcotráfico.
Vivimos una verdadera guerra y quien la está perdiéndola es el Estado, sentenció en entrevista con IPS el portavoz del no gubernamental Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, Lorenzo Pérez.
El Consejo, vinculado a las organizaciones empresariales, prepara para el 26 de junio una marcha ciudadana contra la inseguridad, similar a la realizada en junio de 2004, cuando más de 500.000 personas vestidas de blanco ocuparon avenidas de la capital para exigir freno a la delincuencia.
Pérez explicó que su organización trabaja con grupos ciudadanos de otros países latinoamericanos para realizar el mismo día manifestaciones similares en Argentina, Brasil y Chile. Todavía estamos afinando detalles, pero esperamos lograr algo masivo y simultáneo, señaló.
Según la Encuesta sobre Criminalidad y Victimización 2004, realizada en México con el auspicio y dirección de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Drogas y el Delito, 47 por ciento de los hogares de este país reportan que alguno de sus miembros ha sido víctimas de delito.
De cada 1.000 delitos, 132 son robos sin violencia y 108 corresponden a ese mismo delito, pero con violencia, indica el estudio que se realizó con base a 2.000 encuestas cara a cara.
La muerte de las niñas Airis y Anahí, cuyos cuerpos fueron encontrados a fines de la semana pasada, se registraron en Ciudad Juárez, localidad fronteriza con Estados Unidos conocida por grupos humanitarios como la capital mundial del femicidio, por haber sido asesinadas allí más de 380 mujeres en los últimos 12 años.
En lo que va de este, ya murieron en Ciudad Juárez 15 mujeres, tres de ellas menores de 10 años.
La brutalidad con que fueron atacadas Airis y Anahí provocó indignación en la opinión pública. Es terrible lo que sufrieron esas niñas, nadie pueda quedar indiferente a tanta saña y maldad, declaró el portavoz del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública.
México es un pueblo sin ley que sólo se va a dormir esperando cuántos muertos habrá al siguiente día, indicó un comunicado difundido esta semana por legisladores de oposición, a través del cual llamaron a realizar una reunión urgente del Consejo Nacional de Seguridad.
Esa instancia, la máxima para coordinar acciones contra la delincuencia, está integrada por las secretarías (ministerios) de Seguridad Pública, Defensa, Marina, Comunicaciones, la Fiscalía General y los gobernadores de los 31 estados que conforman México más el alcalde de la capital del país.
De cada 100 delitos que se cometen en México, apenas 25 se reflejan en denuncias policiales, tanto por desconfianza como por los complicados trámites exigidos. De esos 25 ilícitos, cinco o menos son investigados y sólo dos terminan con el arresto del culpable, según datos de la Secretaría de Seguridad Pública.
En México se denunciaron en 2004 un promedio de 4,6 delitos por cada 1.000 habitantes, agregó esa dependencia del Estado.
El presidente Vicente Fox declaró este lunes que la oposición, integrada por el izquierdista Partido de la Revolución Democrática y el centrista Partido Revolucionario Institucional, es en gran parte responsable de la inseguridad actual, pues ni siquiera discutió un proyecto de reforma a la justicia penal, que fue remitida en marzo de 2004 por el Poder Ejecutivo.
Además, afirmó que el aumento de las ejecuciones extrajudiciales vinculadas al narcotráfico, que durante este han cobrado la vida de policías, periodistas y hasta de un diputado, es una respuesta del crimen organizado a los golpes que el gobierno le ha infringido.
En cambio, los legisladores de oposición sostienen que el gobierno de Fox es el único culpable de la inseguridad actual, pues no ha sabido aplicar las leyes existentes.
Lamentables que se tiren lodo unos contra otros. Lo que el ciudadano espere es que gobierno y oposición se pongan de acuerdo para garantizar la seguridad, que es un deber básico del Estado, dijo Pérez.
La iniciativa del Poder Ejecutivo en materia penal, que según legisladores podría comenzar a ser analizada antes de que finalice este mes, incluye penas más severas contra delitos graves, el servicio civil de carrera para mejorar los cuerpos policiales municipales, estatales y federales, la autonomía de la Procuraduría General y la instalación de juicios orales para dar mayor rapidez y transparencia a los procesos.
La reforma supone modificaciones a más de 20 artículos de la Constitución, enmiendas a 17 leyes secundarias y la creación de ocho leyes nuevas, incluyendo la de la justicia penal para adolescentes, que reduciría la edad de responsabilidad penal de 18 a 12 años.