El plan de asistencia básica en salud, que llega a millones de pobres en Venezuela de la mano de 13.000 médicos y odontólogos cubanos, debe convivir con el aumento de la violencia urbana y la consecuente represión, destacó este viernes en su informe anual el grupo no gubernamental Provea.
En sendos enfrentamientos con cuerpos policiales en barrios del sudoeste y este de Caracas, perecieron abatidos el jueves José Herrera, de 28 años, sindicado de dirigir una banda que robaba automóviles conducidos por mujeres, y Juan Castellón, de 24 años, requerido por varios robos y homicidios.
Ese mismo día, médicos y enfermeras del hospital de Catia, en el populoso oeste de la capital venezolana, denunciaron a periodistas que están indefensos frente a grupos de delincuentes que llegan a menudo y a punta de pistola, sin escatimar golpes, les obligan a curar a sus cómplices heridos, vigilando armados e impunemente cada paso en el quirófano.
El contraste entre salud y violencia, vida y muerte, nutre las cifras de Provea, que desde hace 16 años efectúa un inventario minucioso anual del estado de los derechos humanos en Venezuela.
El llamado plan de salud Barrio Adentro, presente en 77 por ciento del país con 20.000 personas atendiendo 6.491 consultorios populares, es una relevante experiencia de acceso de los sectores populares a la atención primaria, reza el informe de Provea.
Empero, este programa no cambia las reglas de funcionamiento del sistema de salud, que continúa fragmentado, segmentado, con escasez de suministros y ausencia de información epidemiológica, añade el documento.
En cambio se destaca que algunos indicadores de salud han mejorado, como la mortalidad materna, que se redujo el año medido (octubre de 2003 a septiembre de 2004) a 57 por cada 100.000 nacimientos vivos, cuando en 2002 fue de 68 por 100.000, y la mortalidad infantil permanece estable, en 18 por 1.000 nacidos vivos.
En cuanto a los indicadores de criminalidad, Venezuela presentó el año pasado un total de 11.342 homicidios, 18 por ciento más que en 2002, con una tasa de 49 cada 100.000 habitantes, y en el área metropolitana de Caracas ese dato llegó a 134 por 100.000 de sus residentes.
A eso se añaden 2.305 muertos en acciones que las estadísticas policiales presentan como de legítima defensa, por ser individuos abatidos en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Por cada policía abatido murieron 39 civiles en enfrentamientos en 2002 y 49 en 2003, informó a IPS Carlos Corea, coordinador de Provea.
El segmento de la población que sufre más muertos es el de hombres jóvenes, entre 15 y 24 años, de los sectores populares urbanos, acotó Vicmar Morillo, conductora de la investigación de Provea.
En Macarao, sector popular del sudoeste caraqueño, la tasa de homicidios es de 194 por 100.000 habitantes, en tanto en El Hatillo, zona de clases media y alta en el sudeste de la ciudad, la tasa fue de 13 por 100.000, destacó Morillo.
El derecho a la vida sigue vulnerado, con 231 denuncias registradas de ejecuciones extrajudiciales, que equivale a 40 por ciento más que en el período anual inmediatamente anterior, y con 52 por ciento de víctimas entre 18 y 30 años. Diecinueve de ellos eran adolescentes o niños.
La mitad de esas muertes se atribuye a la represión excesiva de las policías regionales y una cuarta parte de ellas a organismos nacionales, comenzando por la policía judicial.
A este tipo de violencia se le agrega ahora la desaparición forzada de personas, con 11 casos en el período considerado, aunque Morillo advirtió que no existe un patrón de política para ese delito, sino que se trata de arbitrariedades de distintos funcionarios.
Morillo destacó, en cambio, que, a pesar del clima de aguda confrontación política que ha vivido el país desde fines de 2001, en el período que va de octubre de 2003 a septiembre de este año se registraron 1.037 manifestaciones pacíficas y sólo fueron reprimidas 31, el tres por ciento, el porcentaje más bajo desde que Provea comenzó a elaborar sus informes en 1989.
El último miércoles se realizó una protesta de vendedores ambulantes en el centro de Caracas, que degeneró en desórdenes y fueron reprimidos por la policía municipal con un saldo de una persona muerta por bala y decenas de heridos.
El vicepresidente José Vicente Rangel deploró la represión de la protesta. Sin derechos humanos no puede haber democracia, sentenció el funcionario, y el gobierno ordenó investigar los hechos, por los que culpa a revoltosos de oposición.
Correa dijo que el Estado venezolano ha reivindicado su papel de garante de los derechos económicos, sociales y culturales, con medidas favorables en salud, acceso a la educación y distribución de tierras a los campesinos, pero no ocurre lo mismo con otros derechos sociales, como el de la vivienda, en el que la capacidad de ejecución del gobierno nacional es de las peores de la década.
En 2003 se construyeron sólo 11.000 viviendas con fondos públicos, frente a un déficit de 1,5 millones de unidades y una demanda anual de 135.000 en este país de 25 millones de habitantes, distribuidos en 6,5 millones de hogares.
Para Morillo, los organismos de seguridad del Estado de manera estructural vulneran los derechos civiles y políticos —hay 111 civiles procesados por la justicia militar— pues no tienen la formación adecuada, carecen de controles y el problema se agudiza por la impunidad generada en el sistema de administración de justicia.
Provea insiste en que el Estado debe confeccionar un plan nacional de derechos humanos, con acceso claro a la información para permitir una contraloría ciudadana sobre su cumplimiento.