Un decreto del gobierno de Brasil frustró este viernes la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos y las expectativas de activistas y familiares de desaparecidos políticos de acceder a los archivos secretos de la dictadura militar que imperó en el país de 1964 a 1985.
Es lamentable, una vergüenza, reaccionó la vicepresidente del Grupo Tortura Nunca Más (GTNM), Cecilia Coimbra, al conocer el decreto del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, firmado en la madrugada de este viernes, estableciendo nuevos plazos para la apertura de los documentos oficiales.
Desdiciendo las promesas de la víspera, el decreto permite guardar bajo llave hasta por 60 años los documentos considerados ultrasecretos por el gobierno.
Los períodos de guarda absoluta fueron fijados en cinco años para los documentos calificados de reservados, en 10 para los confidenciales, en 20 los secretos y en 30 años los ultrasecretos. Pero en todos los casos se puede prorrogar esa disposición por otro plazo idéntico y por una sola vez.
Activistas de derechos humanos, historiadores, familiares de desaparecidos políticos y sectores interesados presionan por la apertura de los archivos para que se pueda conocer especialmente que pasó con las personas desaparecidas, que suman un centenar y medio, así como con los muertos y hechos oscuros de la represión militar en los años 60 y 70.
El reclamo se destinaba principalmente a anular un decreto firmado en 2002 por el entonces presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2003), que elevó a 50 años, con posibilidad de prórrogas ilimitadas, esa liberación al público de los llamados documentos sensibles para la seguridad del Estado.
La anulación revalidaría un decreto de 1991, que establece los plazos de cinco a 30 años, pero sin prórrogas. Es lo que queríamos y fue prometido (el jueves) por el secretario Nacional de Derechos Humanos, Nilmario Miranda, dijo Coimbra a IPS.
Para defraudar más aún las esperanzas del movimiento, el presidente Lula firmó también una Medida Provisional (similar al decreto-ley) creando una comisión interministerial que clasificará los documentos según su necesidad de secreto para proteger el Estado, que podrá modificar los plazos, evaluar los pedidos de acceso y excluir partes de los archivos.
Es inaceptable que una comisión de notables decida sobre la cuestión, afirmó Coimbra, para anunciar a continuación que proseguirá el movimiento por la apertura incondicional, integral e irrestricta de los documentos militares.
Lamentable es también que esas medidas sean anunciadas durante la conmemoración del Día de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, acotó.
Las medidas firmadas por Lula marcarían esa fecha, porque se revoca el decreto que prohibía el acceso a los archivos cuya apertura es un derecho de la población, había indicado Miranda, cuyo cargo tiene rango de ministro, al anunciarlas el jueves.
Aceptamos los plazos, por reconocer la necesidad de secreto por algún tiempo, pero no la posibilidad de duplicarlos por decisión política de algunos miembros del gobierno, precisó Coimbra.
La lucha por el fin del secreto se intensificó desde octubre, cuando un reportaje del diario Correio Braziliense, de Brasilia, publicó fotos de un hombre desnudo y deprimido en una cárcel, atribuyéndolas al periodista Wladimir Herzog, muerto en 1975 en instalaciones del Ejército en Sao Paulo.
En respuesta al reportaje, el Ejército emitió un comunicado elogiando la dictadura y justificando la represión de la época. El incidente provocó la intervención del propio Lula, quien impuso una retractación del comandante del Ejército, Francisco de Albuquerque.
Los hechos provocaron también la renuncia, algunos días después, de José Viegas al cargo de ministro de Defensa, para ser sustituido por el vicepresidente José Alencar.
Las fotos del reportaje eran de otra persona que sufrió torturas en la misma época, se supo después, fortaleciendo así los reclamos de acceso a los archivos, con reglas transparentes y plazos razonables.
La muerte de Herzog fue atribuida a un suicidio prácticamente imposible que se pudiera concretar en las condiciones del encarcelamiento que sufría..
Una fuerte presión ejercen también los familiares de militantes del Partido Comunista de Brasil, que protagonizaron un intento de guerrilla en la cuenca del río Araguaia, en el norte del país, en fines de los años 60 y comienzo de los 70.
Cerca de 70 de esos guerrilleros y campesinos simpatizantes fueron exterminados entonces por el Ejército. El actual presidente del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), José Genoino, es uno de los pocos sobrevivientes de esa masacre.
Los cuerpos de las víctimas del ataque del Ejército nunca aparecieron, pese a los continuados esfuerzos por hallarlos. Los parientes y activistas de derechos humanos esperan que los documentos secretos aclaren la masacre y el paradero de los restos mortales de los aún considerados como desaparecidos.