La Organización Internacional del Trabajo (OIT) desechó una resolución crítica contra el gobierno de Colombia fundada en la violencia criminal del país contra dirigentes de los trabajadores y en los obstáculos a la libertad sindical.
La oposición firme de algunos gobiernos latinoamericanos, como Brasil, México y Costa Rica, sumada a la reticencia del sector de empleadores, impidió la condena de las políticas laborales y de seguridad del gobierno colombiano.
En cambio, todo el sector sindical y gran parte de los gobiernos europeos, en especial los de países nórdicos representados por Dinamarca, condenaron los asesinatos de sindicalistas y las violaciones de los derechos de asociación y de huelga.
La OIT, que mantiene en Ginebra hasta el 17 de junio su anual conferencia internacional del trabajo, es la única agencia de la Organización de las Naciones Unidas gobernada por un sistema de representación tripartito, con participación de empleadores, obreros y autoridades de sus Estados miembros.
La comisión de aplicación de normas, uno de los órganos de la conferencia, examinó el martes el caso de Colombia y las demandas del grupo sindical de incorporar a la declaración final del cuerpo un párrafo crítico a las acciones violentas contra trabajadores y al cercenamiento de las libertades sindicales.
La parte obrera también reclamó infructuosamente la creación por la OIT de una comisión de investigación y de mediación para el caso de Colombia.
Sin embargo, la resolución aprobada por la comisión de normas y divulgada este miércoles, contiene un llamamiento al gobierno de Colombia para que adopte medidas ante las violaciones denunciadas y le demanda que en lugar de presentar un informe oral, como hizo en la presente sesión, envíe una memoria detallada para hacer una mejor evaluación.
El dirigente sindical colombiano Julio Roberto Gómez Esguerra denunció que en su país existe un clima antisindical alimentado por el gobierno y por una parte de los empleadores para quienes el mejor sindicato es el que no existe.
La delegación de Dinamarca dijo que los países nórdicos siguen preocupados y profundamente disgustados porque a pesar de los compromisos que asumió, el gobierno de Colombia todavía no ha tomado las disposiciones necesarias para reformar la legislación que se opone al Convenio 87 de la OIT sobre la libertad sindical.
Urgimos a las autoridades de Colombia a encarar este problema sin demoras, insistió una delegada de Dinamarca.
Un representante de Irlanda, el país que ejerce este semestre la presidencia de la Unión Europea, declaró la inquietud de ese bloque porque el gobierno colombiano no toma disposiciones para aplicar el Convenio 87.
El sindicalista Luc Cortebeeck, presidente de la Confederación de Sindicatos Cristianos de Bélgica, sostuvo que el clima antisindical reinante en Colombia se extiende más allá de la situación de violencia física.
El gobierno de Colombia exhibe como un avance en la situación laboral el hecho de que el número de sindicalistas asesinados en 2003 alcanzara a 108, mientras que en otro año esa cifra se había elevado a 182.
Gómez Esguerra manifestó a la comisión de normas que sería perverso interpretar ese número como un signo de progreso.
Dinamarca estimó que la información ofrecida por el gobierno colombiano a la comisión de normas no presentó evidencias ciertas de un cambio sustancial en la situación. Por el contrario, sigue siendo muy crítica, afirmó.
Una representante del gobierno de Estados Unidos aceptó que la cantidad de víctimas ha disminuido pero igualmente es aterradora. Irlanda agregó que la Unión Europea condena de manera enérgica los asesinatos y secuestros en Colombia.
Los empleadores opinaron que la adopción de sanciones contra Colombia sería contraproducente pues pondría en peligro los programas de cooperación que la OIT desarrolla en el país para mejorar las condiciones en que se desenvuelve la vida sindical.
El gobierno colombiano necesita apoyo para poder enfrentar el problema. Debilitarlo favorecería que los perpetradores de crímenes y violaciones obtengan beneficios, sostuvo un delegado de los empleadores.
México defendió las políticas del gobierno colombiano y le atribuyó una actitud constructiva. Con relación a las discrepancias entre el Convenio 87 sobre libertad sindical y la legislación colombiana, el representante mexicano arguyó que la violencia (de la guerra civil) impide la adopción de medidas para el pleno goce de los derechos obreros.
No existen motivos para incorporar un párrafo especial sobre Colombia en la declaración final de la comisión de normas ni tampoco para crear una comisión de investigación, evaluó el delegado de México.
El representante mexicano expuso su respaldo a la iniciativa de Brasil para que el informe final de la comisión refleje el esfuerzo del gobierno colombiano por erradicar la violencia.
El gobierno de Colombia aceptó ante la comisión: estamos de acuerdo, ha habido impunidad. Entre las múltiples razones de ese fenómeno citó el problema del silencio a causa del temor de las familias de las víctimas de la violencia.
La delegación colombiana afirmó que la violencia en el país, que vive un conflicto de cuatro décadas en el que se cruzan guerrillas izquierdistas, paramilitares de derecha, fuerzas de seguridad estatales y narcotraficantes, no es selectiva, es indiscriminada.
También sostuvo que no es cierto que el ejército apoye a los paramilitares, como señalan denuncias de organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales.
Sin embargo, el dirigente sindical británico Simon Steyne relató a la comisión que en una visita realizada en febrero pasado a una cárcel de mujeres de Bogotá, encontró que la abrumadora mayoría de las detenidas eran miembros de sindicatos y de organizaciones comunitarias de base.
En un espacio previsto para 31 detenidas se hacinaban 84 mujeres, los alimentos y la atención médica eran deficientes. Las madres y sus hijos dormían en colchones directamente sobre el suelo y 50 de las 84 mujeres no habían sido enjuiciadas y en muchos casos ni siquiera acusadas, afirmó Steyne.
Cortebeeck, que pertenece a la Confederación Mundial del Trabajo (CMT), la central sindical con sede en Bruselas, anticipó que los sindicalistas volverán a demandar la constitución de una comisión investigadora sobre Colombia en la próxima sesión del consejo de administración de la OIT.
