Entidades de la colectividad judía de Argentina y agrupaciones de familiares de víctimas del atentado contra la AMIA discrepan con dureza sobre la legitimidad del juicio contra los responsables de dar apoyo logístico al ataque perpetrado en 1994 y que dejó 86 muertos y unos 300 heridos.
Adriana Reisfeld, del grupo de familiares Memoria Activa, aplaudió la decisión del Tribunal Oral Federal de apartar a los fiscales de la causa por haber participado en un supuesto soborno, mientras la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentina (DAIA) es más drástica y estudia retirarse como querellante del juicio, según admitió su abogada Marta Nercellas.
Otras agrupaciones directamente se negaron a participar del proceso desde su inicio por descreer entonces de la independencia de la justicia, como es el caso de Agrupación para el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (Apemia).
También está el grupo de Familiares y Amigos de Víctimas de la AMIA que, según explicó a IPS el abogado Julio Federik, está evaluando seriamente el camino a seguir tras la decisión del tribunal, considerada como inesperada, de separar el martes del proceso a José Barbaccia y Eamón Mullen, los dos fiscales que estuvieron en la investigación desde su inicio en 1994.
Las distintas posiciones respecto de la resolución de los jueces responden a las diferentes posturas de las instituciones y de los familiares ante un proceso de investigación y juicio controvertido, en el que se sospecha de la complicidad de funcionarios, encubrimiento, pistas falsas y robo de pruebas.
La investigación tiene dos vertientes. Una es la llamada conexión internacional en la que existe un pedido de captura internacional de 14 ex funcionarios del gobierno de Irán de entonces por su posible implicancia en el atentado contra la mutual israelita ocurrido el 18 de julio de 1994.
La otra es la conexión local, cuyo proceso se encuentra en la etapa de juicio oral desde agosto de 2001 y tiene a cinco personas imputadas. El veredicto en este juicio se conocerá presumiblemente en junio, pues el proceso seguirá igual tramitándose aun cuando todos los participantes de la querella se retirasen debido a que no son considerados parte esencial del caso.
Entre los acusados de apoyar logísticamente a los autores del ataque está el mecánico Carlos Telleldín, quien habría preparado la camioneta modelo trafic en la que se cargaron los explosivos para detonarlos frente a la sede de la AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina) y destruirla por completo.
Junto a Telleldín comparecen cuatro hoy ex oficiales de la policía de la oriental provincia de Buenos Aires, señalados por haber recibido la camioneta para entregarla a quienes perpetraron el atentado. Se trata de Juan Ribelli, Raúl Ibarra, Anastasio Leal y Mario Barreriro. Los cinco están detenidos desde hace ocho años.
El año pasado, luego de que el gobierno de Néstor Kirchner liberara por primera vez del secreto a los agentes de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) para que declaren en el juicio sobre el atentado, se confirmó que Telleldín había recibido 400.000 dólares de ese organismo para que involucrara a los cuatro policías en el caso.
El pago se hizo con conocimiento del juez federal Juan José Galeano, quien fuera apartado de las dos ramas de la investigación, como ocurrió ahora con los fiscales Barbaccia y Mullen, decisión ésta que desató un nuevo conflicto que pone nuevamente en tela de juicio la legitimidad del proceso judicial.
El tribunal sostuvo el martes que los fiscales no podían ignorar el pago hecho a Telleldín, precisaron que la firma de Barbaccia constaba en la declaración del mecánico de 1996 en la que acusaba a los policías y que, además, el día que Telleldín declaró en presencia de ese fiscal el acusado recibió una llamada de su esposa confirmando el depósito.
Barbaccia consideró que es opinable que haya perdido la imparcialidad por estar al tanto del pago ilegal, en tanto Mullen insistió en que no sabía que se hubiera entregado dinero a Telleldín hasta que se supo en el juicio oral. No obstante, la prensa ya había revelado la existencia de ese soborno hace algunos años.
También la diputada Nilda Garré, del izquierdista Frente País Solidario, recordó que había denunciado en marzo a los fiscales ahora separados del caso.
Garré, quien presidió un año la Unidad Especial de Investigación de los Atentados contra la AMIA y contra la embajada de Israel en 1992, explicó que acusó a los fiscales por haber armado una historia oficial antes de investigar y porque, sin importarles la verdad, eligieron a quienes debían inculpar.
Mientras, Nercellas admitió a IPS que la decisión del tribunal convierte al juicio en una parodia en la que se está simulando que hacemos justicia. No sabemos si vamos a seguir legitimando o no el proceso con nuestra presencia, es algo que estamos analizando porque queremos considerar los perjuicios de irnos y dar nuestras razones, agregó..
A su vez, Federik, quien representa a una veintena de víctimas, dijo que sus representados deben llegar a un consenso respecto de si permanecer o no en el juicio. Es algo que debemos evaluar seriamente, apuntó, para luego explicar que mucho más que la legitimidad se le restaría al juicio con su retiro.
Finalmente Reisfeld, hermana de Noemí una de las víctimas de la AMIA y miembro de Memoria Activa, señaló a IPS su satisfacción con la decisión del tribunal. Peleamos todos estos años para que se aparte al juez y a los fiscales porque consideramos que actuaron en connivencia, aseguró la mujer.
Ahora será tiempo de investigar quién los amparaba más arriba, adelantó refiriéndose al presunto encubrimiento del atentado de parte del gobierno de Carlos Menem (1989-1999). La llegada al gobierno de Kirchner el año pasado marcó un cambio radical al respecto, que ha sido valorado por los querellantes.
Entre las irregularidades en torno a la investigación en estos 10 años se cuenta la desaparición de pruebas recogidas en 65 casetes con grabaciones telefónicas de los acusados, la presencia de testigos falsos preparados por los detenidos para desorientar las pesquisas y falta de colaboración al más alto nivel político, denunciada una y otra vez por los familiares de las víctimas.
Memoria Activa eligió participar del proceso con sus propios abogados para desenmascarar la causa, narró Reisfeld, tras indicar que tuvieron que hacer de fiscales e investigar nosotros porque los fiscales nos decían que ellos 'respetaban los tiempos del juez cuando su papel era el de apurarlo para que acelere las investigaciones, recordó.
Reisfeld también aseguró a IPS que su agrupación era sistemáticamente dejada de lado por los fiscales cuando se reunían con otros representantes de la querella, y que por eso el tribunal consideró este martes que los fiscales actuaron sin imparcialidad.
Los familiares de las víctimas del atentado se manifestaron muchas veces convencidos de que el enlentecimiento de la investigación obedecía a causas ajenas a la tradicional pereza judicial. Durante la administración de Menem muchos de ellos comenzaron a sospechar de connivencia para encubrir el crimen entre el gobierno, el juez, los fiscales y los líderes de las instituciones judías de ese momento, en particular la DAIA.
Para 1997, en el aniversario del atentado los familiares abuchearon a los ministros de Menem que fueron al acto y hubo criticas y acusaciones directas por la falta de avances en la investigación. Los líderes de la AMIA y de la DAIA fueron poco después a la presidencia a dar explicaciones sobre el enojo de las víctimas en lugar de respaldar sus exigencias.
Las diferencias se profundizaron en 2001, cuando comenzó el juicio oral. Laura Ginsberg, de Apemia, precisó esa vez que el proceso era un circo para satisfacer a la opinión pública local e internacional, pero Memoria Activa prefirió participar aunque siempre distinguiéndose de las posiciones de las otras representaciones.
Ginsberg, cuyo esposo murió en el atentado, comentó este miércoles a una radio local que el grupo que integra nunca creyó en el juicio, pero que otros familiares le decían dejáme tener una esperanza.
Durante los alegatos de la querella en febrero, la AMIA y la DAIA pidieron que se condene a Telleldín y a los cuatro ex policías como partícipes necesarios del atentado y pidieron reclusión perpetua para todos menos para Barreiro, al que señalaron haber tenido participación secundaria.
Familiares y Amigos coincidieron en el pedido y añadieron una solicitud de juicio político contra el juez Galeano por el pago del soborno a Telleldín.
Pero Memoria Activa pidió reclusión perpetua sólo para Telleldín y no para los ex policías, y basó esa diferencia justamente en el peso que para esta agrupación tuvo el pago del soborno a la hora de restarle seriedad a la acusación de los fiscales.
Lamentamos que no haya pruebas contundentes de la participación de los policías que consideramos que son delincuentes por el solo hecho de operar con Telleldín y protegerlo del comercio de automóviles robados, pero no deberían estar presos por el atentado a la AMIA, explicó Reisfeld.
Nuestros familiares no van a volver, y de la verdad sobre el atentado estamos muy lejos, pero queremos que al menos se empiece a construir una justicia en serio y que los primeros encarcelados por la AMIA sean el juez y los fiscales, porque no actuaron con negligencia sino con complicidad, remarcó.
