ALCA: Libre mercado, mala salud

Lo que está en juego es la diferencia entre la vida y la muerte, dijo a IPS Silvia Moriana, representante de Médicos sin Fronteras (MSF) en Bolivia, a propósito de las disposiciones sobre propiedad intelectual y patentes de medicamentos en la negociación del ALCA.

MSF alertó sobre el propósito de Estados Unidos de incluir en el tratado del Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA) normas que anularían los avances alcanzados a partir de la cuarta reunión ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en Doha, capital de Qatar, en noviembre de 2001.

Un acuerdo firmado por la OMC poco antes de su quinta reunión ministerial en Cancún, México, reconoce el derecho de los países pobres a importar medicamentos genéricos (más baratos que los patentados por los grandes laboratorios) en situaciones de emergencia sanitaria, como la epidemia de sida.

La protección de los derechos de propiedad intelectual es uno de los temas candentes del borrador del acuerdo del ALCA, que será revisado este jueves y el viernes en Miami, en la octava conferencia ministerial de los 34 países involucrados en las negociaciones, todos excepto Cuba.

El objetivo del ALCA es hacer del continente una gran zona de libre comercio ”desde Alaska hasta el cabo de Hornos” y según su cronograma la negociación del tratado debe culminar en enero de 2005, para iniciar de inmediato las ratificaciones en los parlamentos nacionales y hacer que cobre vigencia a fines de ese año o en 2006.

Si el tratado hemisférico incluye normas más estrictas de propiedad intelectual, se limitará la posibilidad de apelar a los genéricos para combatir enfermedades de gran incidencia y altos costos de tratamiento, afectando así la salud de 800 millones de americanos, sostiene MSF, entidad premiada con el Nobel de la Paz en 1999.

El 28 de agosto se lanzó la campaña ”Los medicamentos no pueden ser un lujo. La salud no es negociable”, y también se puso en marcha una petición internacional ”que ha sido firmada por decenas de miles de personas en el mundo y más de 70 organizaciones”, contó a IPS desde Madrid Isabel Leal, encargada de prensa de MSF.

Según los principios establecidos en Doha, el acuerdo de la OMC sobre Aspectos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) no debe anteponerse al derecho a la salud y al que tienen los países en desarrollo para emitir licencias obligatorias y apelar a medicinas genéricas para tratar enfermedades como el sida (síndrome de inmunodeficiencia adquirida).

Los genéricos son productos farmacéuticos que suelen fabricarse sin licencia de la empresa que patentó el medicamento innovador.

La emisión de licencia obligatoria permite importar un medicamento genérico sin permiso del titular de la patente, quien recibe en todo caso una indemnización razonable.

Brasil, uno de los impulsores del acuerdo de la OMC sobre medicamentos, evitó 90.000 muertes por sida entre 1996 y 2002, pudo prevenir 60.000 casos de la enfermedad y prevenir 358.000 hospitalizaciones en el mismo período, con un ahorro para el Estado de 2.000 millones de dólares. Esto sería imposible con las propuestas del ALCA, según MSF.

Gracias a los genéricos, el tratamiento anual con terapia antirretroviral para un enfermo de sida en Guatemala tenía en julio de este año un costo de 352 dólares, contra 686 dólares con medicinas patentadas. En julio de 2002 ese mismo tratamiento con medicamentos innovadores costaba 4.198 dólares.

En América Latina y el Caribe 1,9 millones de personas viven con VIH (virus de inmunodeficiencia humana), transmisor del sida, pero también en la región existen enfermedades endémicas que atacan a poblaciones de bajos ingresos, como el mal de Chagas (tripanosomiasis americana), la malaria, el dengue y la leishmaniasis.

Quienes se oponen al acuerdo de Doha, sostienen que la proliferación de genéricos desalentará la investigación científica de los grandes laboratorios, vital para hallar cura a muchas enfermedades.

Esta es la posición que sostienen algunos negociadores del ALCA que ”quieren reforzar la protección de la propiedad intelectual afirmando que así se crearán incentivos para desarrollar nuevos medicamentos”, explica MSF.

Pero es evidente que ”una protección más fuerte de la propiedad intelectual aumentará los precios sin fomentar la investigación necesaria para enfermedades como el mal de Chagas, que carecen de un mercado lucrativo”, añade.

La enfermedad de Chagas mata a 50.000 personas en la región cada año, 18 millones viven con el parásito que la provoca en la sangre y unos 100 millones corren riesgo de infección en 21 países.

Para tratar esta ”enfermedad de pobres” la industria farmacéutica, no puso en el mercado ninguna medicina en los últimos cinco años.

MSF, que desarrolla proyectos para enfermos de Chagas en Bolivia, Guatemala y Nicaragua, señaló que de acuerdo a un estudio de 2001 solo una de cada 11 empresas farmacéuticas investiga la enfermedad.

”Estados Unidos presiona en las negociaciones del ALCA y en las (tratativas) bilaterales para introducir un ADPIC-Plus (normas anexas), sobrepasando así lo alcanzado en Doha”, dijo a IPS el coordinador del programa de economía de la oficina para América Latina de Consumers International, Claudio Lara, con sede en Santiago de Chile.

En el tratado de libre comercio con Chile, que entrará en vigor el 1 de enero de 2004, Estados Unidos ya logró ese objetivo, y en el ALCA ”el ADPIC-Plus significaría que no se harán esfuerzos en la creación de nuevas disposiciones para el uso de licencias obligatorias” de medicamentos, agregó Lara.

La propuesta estadounidense restringe las licencias obligatorias solo a cuatro circunstancias, las limita a entidades públicas, y se teme que restrinja las importaciones paralelas de medicamentos, señaló el representante de Consumers International, la mayor federación mundial de organizaciones de consumidores, con sede central en Londres.

”Hay una fuerte ofensiva de las transnacionales farmacéuticas para revertir la Declaración de Doha. El lobby (cabildeo) y la presión se intensificaron sobre los gobiernos y el resultado fue la relativización del acuerdo antes de la reunión ministerial de la OMC en Cancún”, según Lara.

Las normas que se pretende negociar en el ALCA ”suponen una extensión de las patentes de medicamentos y, en concreto, una ampliación de la protección de las mismas, que se puede traducir en uso abusivo de las farmacéuticas que hacen aumentar los precios de los remedios”, indicó Silvia Moriana.

Esto hará que ”para la mayoría de la población sea imposible el acceso a medicamentos que muchas veces, como en el caso del sida, son la diferencia entre la vida y la muerte”, sentenció Moriana.

La representante de MSF en Bolivia destacó el llamamiento que la organización hizo a los países latinoamericanos participantes en la XIII Cumbre Iberoamericana los días 14 y 15 de este mes en Santa Cruz de la Sierra para que rechacen la modificación del acuerdo de Doha en el tratado del ALCA.

Funcionarios de prensa de la dirección de relaciones económicas internacionales de la cancillería chilena dijeron a IPS que no corresponde hacerse cargo a nivel oficial de la denuncia de MSF, ya que el texto del tratado del ALCA es aún un borrador.

El capítulo siete de ese texto, referente a patentes y propiedad intelectual, y los restantes están aún en borrador, no han sido confirmados. Chile no puede, por tanto, levantar una postura ante ellos, señaló una funcionaria de esa repartición.

Bajo el mismo predicamento, no se dio curso a una solicitud de entrevista de IPS con Osvaldo Rosales, jefe de la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales y principal responsable de las negociaciones comerciales chilenas.

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