Una repartición policial de Argentina persiguió y registró la actividad de personas y de una amplia gama de organizaciones sociales por 40 años, logrando sobrevivir a gobiernos democráticos que se intercalaron a las dictaduras.
La Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (Dippba), el oriental distrito más habitado del país, llevaba un seguimiento meticuloso de asuntos, personas y organizaciones en unas 300.000 fichas que salieron parcialmente a la luz este jueves en un acto especial.
La presentación fue hecha por la Comisión Provincial por la Memoria, creada precisamente para custodiar y clasificar ese archivo en 1998, luego que una intervención gubernamental de la policía provincial disolvió esa repartición de inteligencia fundada en 1957.
La Comisión es dirigida por Adolfo Pérez Esquivel, galardonado con el premio Nobel de la Paz por denunciar las violaciones de los derechos humanos cometidas por la última dictadura militar (1976-1983), y por Estela Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, el grupo fundado para buscar a los niños desaparecidos por ese régimen.
La cantidad de material confidencial recogido por la hoy desaparecida oficina suman más de 3,5 millones de folios y, si bien la tarea de digitalización y clasificación no está completa como para la apertura total, alcanzó para divulgar un anticipo de los contenidos.
Este "es el más importante archivo que se encontró hasta ahora" sobre la última dictadura, aunque advirtió que no hay que generar falsas expectativas porque durante ese régimen los más activos organismos de inteligencia eran de las Fuerzas Armadas, dijo a IPS la historiadora Patricia Funes, del equipo de la Comisión.
Por su parte, la abogada de la Coordinadora contra la Represión Policial (Correpi), María del Carmen Verdú, señaló a IPS que este hallazgo es una nueva y más contundente prueba de "la continuidad de mecanismos del aparato represivo que vienen de los años 30 y siguen vigentes con mayor o menor visibilidad a nivel nacional o en determinadas provincias".
Verdú reveló que en allanamientos judiciales, en causas donde se investiga la vinculación de policías con la prostitución o el juego clandestino, se encontraron "carpetas con información de inteligencia" de HIJOS, la agrupación que reúne a hijos de desaparecidos, creada en 1995, y de Correpi, de 1991.
Las persecuciones de la Dippba comenzaron en 1957, dos años después del golpe de Estado que terminó con el segundo gobierno de Juan Domingo Perón, y se extendió luego en los sucesivos gobiernos y regímenes militares.
Entre los datos clasificados se cuentan informes sobre "el comunismo en Argentina", escritos de protestas, reconocimiento de infiltración en asambleas o actos políticos, seguimiento de personas vinculadas a organizaciones sociales y hasta un curioso informe denominado "Infiltración marxista en la administración pública provincial", datado en 1974.
En el último periodo las pesquisas y documentos fueron reemplazados por recortes periodísticos, incluyendo episodios como el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (1994), en el que murieron 85 personas y por el cual están procesados policías de la provincia de Buenos Aires.
El registro también contiene un área específica de información del periodo dictatorial, pero ese segmento aún está bajo custodia de la Cámara Federal de La Plata, la capital de la provincia de Buenos Aires, que investiga la verdad sobre el destino final de las personas desaparecidas durante la dictadura en ese distrito.
Uno de los peritos que trabaja en esa sección, Graciela Ojeda, reveló que, de la lectura de los expedientes, se pone de manifiesto que "todos los sectores de la comunidad fueron espiados y perseguidos durante casi medio siglo por el Estado".
Para Funes, quien también trabaja en la clasificación del material de inteligencia, el antecedente más próximo a este tipo de registro policial argentino es el que se encontró en Brasil en poder del departamento de Orden Político y Social (DOPS), sobre seguimientos realizados durante la dictadura en ese país (1964-1985).
La Delegacía (Comisaría) del Orden Político y Social es una sección especializada de la policía civil de los estados, encargada de la seguridad ciudadana.
Las DOPS, a veces con otro nombre, siguen existiendo de forma irregular en casi todo Brasil, siendo las más activas en Sao Paulo y Rio de Janeiro. Su origen se remonta a la dictadura de Getulio Vargas (1930-1945).
Esos registros de la dictadura encontrados en oficinas de las DOPS permiten hoy conocer los procesos, acusaciones, testimonios e informaciones que constan en fichas personales. Sedes de esa repartición policial brasileña, además, son mantenidas como símbolo de la dictadura y algunas, como la de Sao Paulo, fueron convertidos en centros culturales.
En cambio, la sede de la repartición secreta de la policía de la provincia de Buenos Aires sirve ahora de lugar de trabajo de la Comisión Provincial por la Memoria, donde investigan el material unos 20 especialistas desde hace más de dos años.
Esos archivos secretos fueron encontrados en esa misma sede luego de que fuera disuelta la oficina de inteligencia en 1998.
El equipo de la Comisión también está compuesto por expertos en informática de la estatal Universidad Nacional de La Plata, encargados de la conservación y digitalización del archivo, que aún está en plena tarea para que se pueda acceder a los documentos mediante palabras clave.
Otro grupo está conformado por antropólogos, historiadores y comunicadores sociales designados por la Comisión para realizar el relevamiento de todos los documentos, el mapeo y la desclasificación.
La historiadora Funes, miembro del segundo grupo, aclaró que "no hay registros de delito común" en los archivos sino lo que la policía consideraba "delito social, político o subversivo", que incluye la normal actividad de estudiantes, artistas, trabajadores, sindicalistas o líderes religiosos.
"La persecución sobre la sociedad civil es un rasgo constante" entre los documentos encontrados, y en este sentido mencionó como un ejemplo la censura en áreas de cultura. "Es muy impresionante ver las listas de obras de teatro que debían censurarse", reveló Funes.
La experta comentó, además, que en los años de la guerra fría, la Dippba registraba el movimiento de entrada y salida de escolares a las oficinas de las embajadas de países de Europa oriental que formaban parte del bloque liderado por la hoy desaparecida Unión Soviética.
Los mismos espías dejaban constancia de que los menores iban a las sedes diplomáticas a buscar folletos con información por solicitud de los maestros, que les pedían alguna investigación sobre esos países.
Funes remarcó que el archivo tiene "valor ético, político, jurídico e histórico". "Desde el punto de vista histórico se encontró la colección de propaganda política más grande que haya existido en el país, secuestrada a los perseguidos".
Hay volantes, afiches y documentos más complejos de sindicatos, federaciones estudiantiles o partidos políticos, que los propios actores no conservaron.
Los archivos podrán ser consultados sólo en 2004, cuando se finalice la tarea de organización de la información, con una prioridad para las personas que sean damnificadas por la última dictadura militar
