FINANZAS-MERCOSUR: Sigue temporada de fraudes bancarios

Las sucesivas quiebras de casas financieras en Argentina, Paraguay y Uruguay, cuyo último capítulo tiene como protagonista al grupo asunceño Multibanco, muestran la desidia de controles y la posible connivencia de gobernantes con banqueros hoy encarcelados o en fuga.

Los directores de Multibanco Pedro Miraglio y Oscar Pérez Samaniego, acusados de varios delitos económicos, siguen tras las rejas debido a que la Suprema Corte de Justicia paraguaya no tuvo contemplación y revocó la última semana de este mes la decisión del tribunal de apelaciones de pasarlos a arresto domiciliario.

En tanto, el día 27 venció el plazo que tenían los aproximadamente 32.000 clientes afectados para cobrar en ventanillas del Banco Central la garantía estatal para depósitos prevista en la ley 1.947, que establece un pago máximo de 50 salarios mínimos, que equivale a unos 7.600 dólares.

El proceso que se le sigue a Miraglio, Pérez y otros colaboradores suyos se inició luego de que el Banco Central de Paraguay dispusiera el 2 de este mes la intervención del grupo Multibanco, un hecho que remite a la caída el año pasado del Banco Alemán, del consorcio transnacional Velox.

El derrumbe en Paraguay de Velox, propiedad del clan familiar uruguayo Peirano, fue el punto de partida de la caída cual juego con fichas de dominó de bancos, financieras, comercios y otros negocios de ese grupo también en Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Perú y Uruguay.

El mismo final tuvo el grupo comandado por los hermanos Carlos y José Rohom, propietario en sociedad con las firmas transnacionales JP Morgan, Dresdner Bank y Crédit Suisse del Banco Comercial y de la Compañía General de Negocios, en Uruguay, y del Banco General de Negocios y otras entidades en Argentina.

El colapso económico de Argentina en 2001 y la fuga de capitales al exterior que le rodearon afectaron su sistema bancario, con secuelas en Uruguay y Paraguay, y puso al descubierto manejos irregulares de banqueros en los tres países, algunos cometidos para cubrir efectos de la crisis y otros de más larga data.

Expertos consultados por IPS coinciden en que los controles existentes en Argentina y Uruguay no reaccionaron a tiempo, pese a contar con mecanismos y legislaciones adecuadas para ello.

Por eso crecen las sospechas de permisividad o dolo que las investigaciones en curso en ambos países tratan de determinar, tanto en la justicia como en los respectivos parlamentos.

En esos ámbitos se repasan, por ejemplo, los contactos fluidos de los hermanos Rohm con las autoridades uruguayas de la última década y con el gobierno argentino de Carlos Menem (1989-1999), así como la larga relación de la familia Peirano con el poder político en Uruguay.

También en Paraguay se entiende que la quiebra de bancos y financieras se deben a factores como informalidad, el desprolijo manejo de la información y una legislación que fija su atención sólo en las operaciones bancarias dentro del marco legal, como señaló a IPS el analista financiero Félix Lugo.

La fiscalización de la Superintendencia de Bancos se realiza sólo en base a declaraciones juradas que entregan los dueños de las entidades de plaza, así como también de estudios realizados por las auditoras externas permanentes, explicó.

De ese modo, para Lugo siempre existe la posibilidad de que los datos sean fraguados o que los mismos oculten la verdadera situación de las instituciones privadas, o transacciones con empresas vinculadas, por ejemplo.

Sin embargo, "existen sanciones bastante duras para los responsables de cada una de las instancias de control oficial que infrinjan las normas, con penas que pueden incluir hasta la prisión", apuntó el especialista.

El mecanismo, aparentemente es efectivo, pero qué ocurre cuando una institución realiza operaciones al margen de los controles, se preguntó.

"Ahí se inicia el problema. Los ahorristas que hoy se consideran estafados (por Multibanco o Velox) fueron tentados a depositar en instituciones que funcionaban al margen de las leyes y, por ende, sin protección alguna de esas leyes", un hecho que esos clientes deberían saber, puntualizó.

Cientos de ahorristas de Multibanco prefirieron asumir un mayor riesgo a costa de una mayor ganancia, "y así les fue, pues una vez intervenida la institución no pueden recuperar su capital y mucho menos los intereses prometidos", precisó.

Así, los fiscales que investigan las cuentas de Multibanco ya detectaron graves irregularidades, como la concesión de créditos a más de 50 empresas vinculadas y la captación de depósitos al margen de las normas.

Una de esas firmas vinculadas con Multibanco es Asunción Investment and Financial Co. (Asifi), una entidad financiera colateral off shore (que capta depósitos para una casa matriz fuera del país) que funcionaba dentro de la misma sede del banco.

Asifi no estaba habilitada por el Banco Central ni figuraba en los organismos de tributación paraguayos y su sede, según la documentación incautada por los investigadores, está en una dirección del distrito financiero de Montevideo, donde en realidad existe un edificio de estacionamiento de vehículos.

Esa entidad recibía grandes depósitos a cambio de un interés mayor a la media del mercado de Paraguay, con lo cual podía realizar préstamos riesgosos y cobrar por ellos mayores intereses, explicó una fuente judicial consultada por IPS.

Multibanco remitía fondos a Islas Caimán y a Montevideo a través de préstamos incobrables y evadía impuestos.

La intervención del Banco Central a Multibanco derivó, además, en la liquidación de la financiera Parapití, que había sido comprada al grupo Velox luego de la debacle a que lo arrastró su Banco Alemán, la mayor entidad financiera privada hasta entonces de Paraguay, e Inversiones Guaraní.

Precisamente, la conexión de Multibanco entre Asunción y Montevideo también recuerda al grupo Velox, cuyos negocios llegaban a Argentina, con el hoy también liquidado Banco Velox y otras inversiones de envergadura, y recorrían otros países de América del Sur.

Sin embargo, su centro de acción estaba en Uruguay, a través de los bancos Montevideo y Caja Obrera y la ilegal oficina off shore Trade and Commerce Bank (TCB) con sede en Islas Caimán.

El juez uruguayo Pablo Eguren determinó que el grupo Velox era encabezado por Jorge Peirano Facio, muerto a los 82 años en abril pasado, cuando cumplía prisión preventiva acusado de "insolvencia societaria fraudulenta".

Peirano Facio ocupó a fines de los años 60 los ministerios de Industria y luego de Relaciones Exteriores y en 1973 estuvo tres meses presos por el vaciamiento, en complicidad con su hermano Juan, del hoy desaparecido Banco Mercantil.

Hasta ahora permanecen encarcelados a la espera del fallo de un tribunal de segunda instancia, acusados de los mismos delitos y otros conexos, sus hijos y también propietarios de Velox, Jorge, José y Dante Peirano Basso.

Juan Peirano Basso, el cuarto hijo varón de Jorge Peirano Facio y considerado el verdadero jefe ejecutivo del grupo, se encuentra prófugo y requerido desde hace un año por la justicia de Uruguay y de Paraguay, que pidieron su captura internacional a Interpol. Detrás del clan también hay tribunales argentinos.

Los delitos imputados en Paraguay a Juan y José Peirano Basso y otros directivos del Banco Alemán son lesión de confianza, conducta indebida en situación de crisis y estafa, informó a IPS el fiscal de la causa Adolfo Marín.

También jueces uruguayos y argentinos están tras los pasos de José Rohm, quien fue más rápido que su hermano Carlos, detenido el año pasado por estafa en momentos de abordar un avión en Buenos Aires.

José Rohm fue ubicado en mayo por periodistas argentinos en una lujosa residencia de Miami, pero las autoridades de Estados Unidos no han cumplido con el pedido de detención de ambos países porque "es inocente hasta que se pruebe lo contrario y no hay riesgo de fuga del país", según declaró el embajador de Washington en Montevideo, Martin Silverstein.

Las maniobras de los hermanos Rohm, que incluyen otorgar créditos a firmas fantasmas y fraudes amparados en movimientos complejos, entre otras irregularidades, se extienden por casi una década, seguún peritos judiciales uruguayos.