Los sindicatos de Francia realizaron este martes una masiva huelga con protestas callejeras, en especial contra planes de reforma del sistema estatal de pensiones, que expresaron la voluntad de defender el Estado de bienestar.
En encuestas publicadas el lunes, casi dos tercios de los consultados expresaron apoyo a la posición sindical.
La jornada de acción sindical paralizó la mayoría de los servicios públicos, incluyendo los de transporte, la enseñanza y en parte los policiales.
Las mayores movilizaciones de protesta fueron las realizadas en París, donde unas 250.000 personas marcharon y corearon consignas. En la sudoriental ciudad de Marsella, la segunda del país, hubo unos 200.000 manifestantes, y el total nacional fue un millón según dirigentes sindicales.
Los convocantes de las protestas afirmaron que habrá otras, si el gobierno insiste en sus propuestas de reforma.
La forma en que las autoridades buscan desmantelar el Estado de bienestar muestra un inaceptable autoritarismo, y no nos deja ninguna alternativa, alegó este martes el secretario general de la Confederación General de Trabajadores (CGT), Bernard Thibault, en una conferencia de prensa.
La CGT es la mayor central sindical del país, y en la actualidad constituye la principal fuerza opositora al gobierno.
Continuaremos nuestras movilizaciones hasta que el gobierno reconozca la fuerza de nuestras acciones, y acepte una verdadera negociación con los sindicatos para cambiar sus planes, anunció Thibault.
El primer ministro Jean-Pierre Raffarin intentó restar importancia a las protestas, al afirmar en una entrevista divulgada por televisión que la calle no gobierna Francia, y aseguró que el plan de reforma del sistema de pensiones seguirá adelante, pese a la oposición sindical.
Raffarin arguyó que el actual sistema tiene un costo insustentable, y que va camino al derrumbe, debido al aumento de la edad promedio de la población.
El primer ministro tomó distancia de su predecesor conservador Alain Juppé, quien desistió en diciembre de 1995 de planes de reforma similares, bajo presión de una oleada de huelgas que paralizó al país por más de tres semanas.
Ese retroceso no salvó la imagen de Juppé ni a su gobierno, y en las siguientes elecciones, realizadas en 1997, triunfó una coalición izquierdista que gobernó hasta 2002.
Las actuales iniciativas gubernamentales incluyen un aumento de 60 a 67 años de la edad mínima promedio para jubilarse, que se aplicaría en 2020, y también reducciones de la cantidad de empleados públicos y de sus remuneraciones, en nombre de ina política de austeridad.
El gobierno anunció el lunes su propósito de reemplazar sólo a la mitad de los empleados públicos que se retirarán el año próximo, y no aumentar en 2003 el gasto público aprobado para este año.
Las autoridades alegan que esas medidas son necesarias para cumplir los compromisos asumidos por Francia en el tratado de Maastricht, que impone a los países de la Unión Europea máximos de tres por ciento para el déficit presupuestario, y de 60 por ciento para la relación entre deuda nacional e ingreso nacional bruto.
El déficit francés estuvo muy por encima de ese límite el año pasado, y se mantendrá así este año. La relación entre deuda e ingreso también ha superado el máximo previsto en Maastricht.
Los críticos destacan que la política de austeridad se acompaña de rebajas de impuestos para las empresas privadas, y de disminución de los beneficios sociales que deben brindar a sus empleados.
El año pasado, el gobierno también redujo más de cinco por ciento los impuestos a los ingresos más altos, y arguyó que eso era necesario para sostener el crecimiento económico y evitar que la elite francesa emigre.
La oposición también destaca que Raffarin se propone congelar los salarios públicos el año próximo, pero decidió aumentar 70 por ciento los sueldos de los ministros.
Si el gobierno quiere ser coherente, no debería pedir nuevos sacrificios a sus empleados, en nombre de una presunta política de austeridad, mientras hace concesiones a las clases más ricas de la sociedad francesa, dijo a IPS el economista Thomas Piketty.
Piketty es experto en distribución del ingreso y desigualdad económico, y sus trabajos sobre esas cuestiones han recibido numerosos elogios internacionales de sus colegas.
Otros economistas opinan que la planeada reforma del sistema estatal de pensiones es económicamente innecessaria y socialmente irresponsable.
El Estado de bienestar no representa un costo adicional para las empresas, y cuando el gobierno y las empresas sostienen otra cosa, lo hacen contra la evidencia empírica, guiados únicamente por un enfoque ideológico, dijo a IPS el profesor de economía Jean-Paul Piriou, de la Universidad de la Sorbona. (