Agentes del gobierno de Cuba infiltrados en filas opositoras tenían libre acceso a instalaciones diplomáticas de Estados Unidos en La Habana, se supo este miércoles durante un extenso encuentro del canciller Felipe Pérez Roque con la prensa.
Para ingresar a esas oficinas hay que pedir un pase. El mío era especial y dice abierto para cualquier hora, contó Néstor Baguer Sánchez, periodista de profesión, conocido como Octavio por los servicios cubanos de seguridad.
Similar fue el relato de Odilia Collazo, quien se identificó como la agente Tania del Ministerio cubano del Interior, durante los juicios sumarios realizados entre el jueves de la semana pasada y el lunes, contra más de 70 opositores.
Ambos testimonios fueron exhibidos a la prensa este miércoles en grabaciones de vídeo.
Hasta la semana pasada, Baguer Sánchez presidía la Asociación de Periodistas Undependientes de Cuba, en tanto Collazo encabezaba el Partido de Derechos Humanos de Cuba, dos agrupaciones de la fragmentada disidencia cubana.
Al igual que opositores como Héctor Palacios, sentenciado a 25 años de cárcel, y Oscar Elías Biscet, cuya condena se conocerá el jueves próximo, podían usar fax, teléfonos celulares y computadoras de la Sección de Intereses de Estados Unidos en La Habana, cada vez que quisieran.
Esas instalaciones son fuertemente custodiadas por guardias del Regimiento de Protección a sedes diplomáticas, que refuerzan las medidas de seguridad adoptadas por Estados Unidos dentro del edificio.
Tienen ahí (los opositores) el estatus de un funcionario, comentó Pérez Roque luego de mostrar las grabaciones de los testimonios de Baguer y Collazo.
Las revelaciones del trabajo de inteligencia gubernamental en la disidencia interna no sorprendieron demasiado en medios diplomáticos que conocen el medio cubano.
Para nadie es un misterio que entre los opositores hay agentes al servicio de gobierno, dijo una fuente europea que prefirió no abundar en su comentario.
Durante los juicios contra más de 70 opositores acusados de delitos contra la seguridad del Estado, se identificaron como agentes gubernamentales más de media docena de activistas y periodistas independientes.
Pero Elizardo Sánchez, activista de la ilegal y hasta ahora tolerada Comisión Cubana de Derechos Humanos, los calificó de meros informantes y aseguró que aún quedan algunos agentes actuando, pero están prácticamente identificados.
En una comparescencia de más de tres horas ante periodistas, el canciller acusó nuevamente al jefe de la Sección de Intereses, James Cason, de fomentar, financiar y dirigir a grupos opositores cubanos, y reinvindicó el derecho de su país a defenderse.
En su opinión, Cason, en el cargo desde mediados del pasado año, marca un momento de profundización de la política de subversión abierta y desembozada contra Cuba del gobierno de George W. Bush.
El señor Cason debe saber que no está lidiando con un pueblo ingenuo, comentó el jefe de la diplomacia cubana, quien dio detalles de la asistencia en material y económica prestada desde Washington a los opositores enjuiciados.
Pérez Roque defendió la legalidad de los juicios sumarios, señaló que los encausados contaron con las debidas garantías y afirmó que la gran mayoría de los abogados defensores fueron contratados por las familias.
También rechazó de manera tajante que alguno de los enjuiciados haya sido maltratado o vejado y aseguró que se juzgaron juzgados hechos y conductas. En ningún caso ideas.
Según una lista entregada por Sánchez a la prensa extranjera, las sentencias confirmadas hasta el momento van de seis a 27 años de prisión, aunque los fiscales habían solicitado 11 condenas a reclusión perpetua.
Pérez Roque no se refirió al juicio sumario realizado en las últimas horas contra los asaltantes que retuvieron casi dos días una lancha con sus pasajeros, la semana pasada.
Según versiones sin confirmar, la fiscalía habría solicitado pena de muerte para tres de los secuestradores, sentencia contemplada para casos con agravantes de piratería y tráfico de personas.
En las últimas semanas también fueron secuestrados y desviados hacia Estados Unidos dos aviones que cumplían vuelos internos, pero los responsables no fueron devueltos a las autoridades cubanas.
Consideramos que estos planes continuos de secuestros para viajar al país del norte obedecen a un programa consciente para estimular las salidas ilegales y crear condiciones que permitan dar al traste con los acuerdos migratorios, afirmó el canciller.
Pérez Roque responsabilizó al gobierno de Bush del incumplimiento de esos convenios vigentes desde 1994 y 1995, y que entre otros aspectos estipulan la concesión de hasta 20.000 visas anuales para emigrantes cubanos hacia Estados Unidos.
Según estadísticas, desde el 19 de octubre de 2002 al 28 de febrero las autoridades migratorias estadounidenses concedieron apenas 505 visas.
De mantenerse ese ritmo, se constataría la existencia de un plan premeditado para provocar la emigración ilegal y los secuestros de aviones, a juicio de Pérez Roaque.
Hay gente que quiere crear un incidente entre Cuba y Estados Unidos, que reclaman la agresión, advirtió el canciller en alusión a sectores de los exilados cubanos en la ciudad estadounidense de Miami, contrarios al gobierno de Fidel Castro.
