El juicio iniciado esta semana en Guatemala contra tres ex jefes militares por el asesinato en 1990 de la antropóloga Myrna Mack abrirá las puertas al ejercicio pleno de la justicia, opinaron activistas de derechos humanos.
La jueza Morelia Ríos ordenó el martes la prisión preventiva del general retirado Edgar Godoy Gaitán, ex jefe del Estado Mayor Presidencial (EMP), y de los coroneles retirados Juan Valencia y Juan Guillermo Oliva, ex jefe y ex subjefe del Departamento de Seguridad, acusados de autoría intelectual del asesinato de Mack.
Este es el comienzo del fin de la impunidad en Guatemala, dijo a IPS Emilia García, subcoordinadora del independiente Grupo de Apoyo Mutuo, fundado en 1984, durante la prolongada guerra civil que padeció el país (1960-1996).
Este proceso penal abre el camino hacia el esclarecimiento de la suerte corrida por 45.000 personas detenidas y desaparecidas durante el conflicto armado, añadió García.
Mack, quien investigaba la situación de las poblaciones desarraigadas por la guerra civil, fue muerta el 11 de septiembre de 1990 por el sargento Noel de Jesús Beteta, quien le asestó 27 puñaladas.
Beteta, integrante de un grupo operativo del EMP, fue condenado en 1993 a 25 años de prisión. Pero desde entonces la familia de la víctima intenta llevar a la justicia a los responsables intelectuales del crimen.
Beteta no conocía a mi hermana. Por su iniciativa propia jamás la hubiera matado. Si lo hizo fue porque sus jefes se lo ordenaron, dijo el martes la querellante Helen Mack, hermana de la víctima.
Los tres tuvieron que haberse puesto de acuerdo para ordenar a Beteta matar a mi hermana, añadió Mack, quien basó su acusación en la existencia de una cadena de mando.
El asesinato ocurrió poco después que Myrna Mack presentara un informe sobre la situación de miles de guatemaltecos desplazados por la guerra y la represión militar.
El general Gaitán comandaba el EMP, una unidad de elite del ejército encargada de proteger a los gobernantes de turno y a sus familiares.
Por su parte, Valencia y Oliva dirigían el Departamento de Seguridad conocido como el archivo, una repartición desactivada en 1993 que, según testimonios militares, estaba encargada de espiar, seguir y ejecutar a los opositores del gobierno vinculados o no las fuerzas insurgentes.
Esta es la primera vez en la historia del país centroamericano que militares de alto rango son llevados a los tribunales por concebir un asesinato durante el conflicto armado.
Gaitán, Valencia y Oliva eluden a la justicia desde hace ocho años, mediante distintos recursos legales.
Si se sigue un proceso justo, no hay duda de que se llegará a la condena de los implicados en este crimen tan aberrante, opinó García.
El sistema de justicia de Guatemala tiene la gran oportunidad de probar su avance. Hay muchos casos más sobre los que se debe fijar responsabilidad, sostuvo la activista Zayda López, de la Comisión de Derechos Humanos de Guatemala.
Este es un primer paso hacia la justicia real, confiamos que será esperanzador para una sociedad que necesita pruebas de la voluntad de esclarecer muchos casos pendientes, añadió López.
El general Gaitán, el primero de los tres militares llamados a declarar, sostuvo que tiene las manos limpias.
Yo soy inocente y tengo fe en que el tribunal vea bien este asunto y declare lo procedente, añadió Gaitán, para quien los cargos en su contra son una mentira del tamaño de la catedral de Guatemala. (FIN/IPS/lv/dcl/ip/hd/02
