Musulmanes de Gran Bretaña prevén agresiones en su contra un año después de los atentados de septiembre pasado en Estados Unidos, mientras nueve miembros de la comunidad continúan presos sin juicio en el marco de leyes antiterroristas.
Una portavoz del independiente Consejo Musulmán de Gran Bretaña dijo a IPS que las posibilidades de una nueva ola de violencia antiislámica, similar a la registrada tras los ataques contra Nueva York y Washington, aumentan un año después del 11 de septiembre de 2001.
El respaldo del gobierno de Tony Blair a un eventual ataque contra Iraq, como segunda gran fase de la guerra contra el terrorismo encabezada por Washington, aumenta el riesgo para el millón de musulmanes residentes en Gran Bretaña, según la dirigente.
Tenemos alguna idea del tipo de xenofobia que estos hechos originan. Aún estamos luchando contra el concepto de que todo musulmán es un terrorista, dijo.
Los atentados de septiembre pasado se convirtieron en un punto de inflexión para los musulmanes que viven en Gran Bretaña. Una ola de agresiones contra personas con apariencia árabe o de Asia meridional se registró en las semanas siguienes al ataque contra Estados Unidos.
Sikhs indios, cuyo único punto de contacto con los musulmanes de Afganistán y Pakistán es la costumbre de lucir turbante, también sufrieron la violencia.
Los ataques contra musulmanes acabaron. Sin embargo, persistió sobre territorio británico una estela de prejuicio.
Mientras, nueve musulmanes no británicos continúan recluidos en prisiones de alta seguridad de Gran Bretaña a pesar de que la justicia invalidó la ley que permitió detenerlos sin juicio y sobre la base de evidencia secreta.
La Ley sobre Crimen, Seguridad y Antiterrorismo entró en vigor el 14 de diciembre. Cinco días después se registraron las primeras ocho detenciones de supuestos allegados a la red islámica radical Al Qaeda, a la que Washington atribuye los atentados contra Nueva York y Washington.
La ley permite a la Secretaría (ministerio) del Interior ordenar la detención por tiempo indeterminado, sin acusación ni juicio, de no británicos sospechosos de ser terroristas internacionales o de constituir un riesgo para la seguridad nacional.
La orden debe ser confirmada por un cuerpo judicial al que se le permite sesionar en secreto y sin la presencia del sospechoso y de su representante legal. Las autoridades pueden basar su decisión sobre evidencia secreta.
Dos de los ocho primeros detenidos abandonaron luego Gran Bretaña voluntariamente. Hoy, nueve personas están detenidas en dos prisiones de alta seguridad en el marco de la ley. Al menos otras 25 personas fueron detenidas y luego liberadas.
Un tribunal sobre asuntos migratorios denominado Comisión Especial de Apelaciones determinó el 30 de julio que la ley es discriminatoria y desproporcionada en perjuicio de los no británicos y, por lo tanto, carente de validez.
El tribunal también falló que la detención es incompatible con la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, vigente en los 44 países del Consejo de Europa.
Pero los detenidos permanecerán en prisión mientras se procese la apelación presentada por el gobierno.
La organización de derechos humanos Amnistía Internacional, cuya sede mundial está en Londres, sostuvo que los detenidos pasan 22 horas diarias aislados en pequeños grupos, sin actividades, cuidado médico ni contacto con el mundo exterior.
Sus visitantes son sometidos a intensos registros antes y después del ingreso a la cárcel, agregó Amnistía. Los presos entrevistados por la organización calificaron la situación en que viven de tortura mental.
Amnistía se manifestó particularmente preocupada por la situación del palestino Mahmoud Abu Rideh, detenido en la prisión de Belmarsh. Rideh, de 31 años, obtuvo el estatuto de refugiado en 1997, luego de que expertos le diagnosticaron desórdenes postraumáticos atribuidos a la tortura.
Su salud mental y física se deterioró seriamente como consecuencia de la detención. Rideh tiene tendencias suicidas y sufrió frecuentes incidentes de autoflagelación, aseguró la organización.
Ninguno de los detenidos fue entrevistado por las autoridades británicas hasta el 17 de julio, indicó Amnistía en un informe.
El gobierno creó, efectivamente, un sistema de justicia en las sombras, desprovisto de los componentes y salvaguardias clave en los procesos penales, dijo el activista Livio Zilly, de Amnistía.
Siete británicos capturados en Afganistán durante la primera fase de la guerra contra el terrorismo están detenidos en el enclave estadounidense de Guantánamo, en Cuba. (FIN/IPS/tra- eng/ss/raj/mj/hd ip/02
