Una corte federal de apelaciones de Estados Unidos decidió que la transnacional petrolera Unocal puede ser demandada por abusos cometidos en Birmania por soldados que custodiaban las obras de un gasoducto de esa compañía.
Ese fallo de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, integrada por tres magistrados, rectificó otro emitido hace dos años por el juez federal Stanley Lew, quien rechazó una demanda contra Unocal pese a admitir que la firma conoció o debió conocer la conducta de los soldados, de la cual obtuvo beneficios directos.
Los abusos denunciados, cometidos durante la construcción de un gasoducto finalizado en 1999, fueron trabajos forzados, violaciones y asesinatos.
Lew había alegado que Unocal sólo podía ser demandada a partir de pruebas de que participó directamente en los delitos, incitó a cometerlos o conspiró para su ejecución. Pero el fallo del miércoles indica que la firma puede ser demandada por asistencia y complicidad, ya que supo que los actos de violencia eran probables.
Eso implica que el caso vuelva al tribunal de distrito ante el cual fue presentado, con instrucciones expresas para que se inicie un juicio, salvo que el fallo del Noveno Circuito sea apelado ante la Corte Suprema federal.
Activistas por los derechos humanos destacaron que el veredicto del miércoles es un hito para quienes tratan de que las gramdes corporaciones sean responsables de abusos vinculados con sus actividades en el extranjero.
Ha quedado claro que las compañías estadounidenses no pueden violar en forma impune las normas humanitarias internacionales, aseveró el abogado Richard Herz, de la organización no gubernamental (ONG) EarthRights International, uno de los que presentaron la demanda.
Dos de los jueces del tribunal de apelaciones citaron fallos recientes de las cortes internacionales para crímenes de guerra en Ruanda y en la antigua Federación Yugoslava, sobre la responsabilidad de individuos que no participaron en forma directa en la ejecución de abusos.
Unocal puede ser condenada si se prueba que brindó a sabiendas asistencia práctica o estímulos que tuvieron ustancial efecto para que el crimen se perpetrara, afirmaron ambos jueces.
Es muy probable que el fallo del Noveno Circuito, con sede en la sudoccidental ciudad de San Francisco y jurisdicción sobre gran parte de la Costa Oeste del país, influya sobre otros tribunales a cargo de demandas similares contra grandes firmas petroleras.
Entre esas demandas están las presentadas contra Royal Dutch Shell por abusos cometidos contra la etnia ogoni de Nigeria, contra Texaco por daños ambientales que perjudicaron a indígenas en Ecuador, y contra ExxonMobil por atropellos en la noroccidental provincia indonesia de Aceh.
La demanda contra Unocal fue presentada en 1996 por EarthRights y la ONG Centro por los Derechos Constitucionales, en nombre de 15 aldeanos birmanos, en su mayoría integrantes de las minoritarias etnias karen y mon, que vivían en el área en la cual se llevó a cabo el proyecto del gasoducto Yadana.
Ese gasoducto, que costó 1.200 millones de dólares, parte de yacimientos en el Mar de Andaman, atraviesa Birmania y llega a Tailandia.
El proyecto fue concebido a fines de los años 80 y las obras comenzaron en 1992, a cargo de un consorcio formado por Unocal, con sede en el sudoccidental estado estadounidense de California, la firma francesa Total y la compañía estatal petrolera birmana.
La Junta Militar que gobierna Birmania implementó ese proyecto meduiante reasentamiento forzado de aldeanos, trabajos forzados y otras graves violaciones de los derechos humanos, incluyendo violaciones, torturas y asesinatos, según ONG humanitarias, entre ellas Amnistía Internacional y Human Rights Watch.
Los abogados de los demandantes alegaron que esos abusos fueron cometidos por militares que actuaban a sueldo de los responsables del proyecto para garantizar su seguridad, y que Unocal debe pagar indemnizaciones porque estaba al tanto de lo que ocurría, en términos generales, y nunca actuó para frenar las violaciones de los derechos humanos.
EarthRights obtuvo y divulgó un informe del Departamento de Estado (Ministerio de Relacines Exteriores) estadounidense de 1995, que describe una entrevista de un diplomático de Estados Unidos con Joel Robinson, empleado de Unocal en Birmania, acerca de la relación entre las firmas responsables del gasoducto y los militares birmanos.
Según ese documento, Robinson reconoció que las compañías pagaban a los militares por tareas de seguridad, y que era habitual que tres camiones con soldados acompañaran a los responsables del proyecto cuando supervisaban los trabajos en curso.
Pero Unocal niega que haya conocido o aprobado la existencia de violaciones de los derechos humanos por parte de militares durante la realización del proyecto, salvo en algunas ocasiones en las cuales asegura que tomó medidas para impedir abusos.
No podíamos saber todo lo que hacían los militares cada día. Cuando averiguamos que obligaban a trabajar a personas que no recibían remuneración, comenzamos a pagar a esos trabajadores en forma directa, afirmó Barry Lane, portavoz de Unocal.
La demanda se basa en la Ley de Reclamos por Agravios a Extranjeros, aprobada hace 213 años, que permite a extranjeros no residentes en Estados Unidos demandar en el país a personas o grupos de cualquier nacionalidad, por abusos cometidos fuera de territorio estadounidense.
La condición para que se presenten los reclamos es que los demandados sean notificados de la querella cuando se encuentren en Estados Unidos.
Esa ley fue aprobada con la intención de combatir la piratería en alta mar, pero fue aprovechada en los años 80 por víctimas de gobiernos militares e individuos en el extranjero, contra responsables de sus padecimientos que vivían en Estados Unidos o visitaban el país.
El mes pasado, dos altos oficiales retirados del ejército salvadoreño, residentes en Estados Unidos desde comienzos de los años 90, fueron condenados a pagar más de 50 millones de dólares a víctimas de abusos en El Salvador.
Nunca fuimos asistentes ni cómplices de violaciones de los derechos humanos. Si somos juzgados, defenderemos con vigor nuestra reputación, y esperamos ser absueltos por completo, dijo Lane el jueves a IPS.
El fallo de la corte de apelaciones, de 82 páginas, sólo se refiere a la existencia de evidencia suficiente para que el juicio se lleve a cabo, y no establece que la firma sea culpable, enfatizó.
Ese tribunal descartó en forma expresa un eventual bloqueo del juicio para que no afecte las relaciones entre Estados Unidos y Birmania.
El mes pasado, el Departamento de Estado pidió a un juez federal que rechazara la demanda contra ExxonMobil para no afectar la cooperación del gobierno indonesio con la campaña antiterrorista lanzada por Estados Unidos tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington. (FIN/IPS/tra- eng/jl/ml/mp/hd/02
