El recrudecimiento del conflicto armado en Colombia obligó al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) a modificar su previsión de gastos para atender las necesidades humanitarias de la población afectada.
Con la creciente radicalización de las partes en conflicto, las necesidades humanitarias se han incrementado en Colombia, explicó Yves Giovannoni, jefe de operación del CICR para América Latina, con sede en Ginebra.
El CICR, que tiene la misión de proteger la vida y la dignidad de las víctimas de la guerra y de la violencia interna, y de prestarles asistencia, es la única organización humanitaria que mantiene contactos con todos los bandos, lo que le permite el acceso a casi cualquier lugar en Colombia.
El presupuesto original del CICR para sus actividades en Colombia se diseñó con base en un cálculo de 115.000 nuevos desplazados internos, una cantidad similar a la registrada en 2001.
Los desplazados fueron 124.000 en 2001. Pero la intensificación del conflicto, en especial después de las ruptura en febrero de las negociaciones de paz, aumentó el número de desplazados internos, que en los primeros seis meses de 2002 ya fueron 97.531 personas.
El cálculo revisado eleva a 195.000 la cantidad de colombianos que este año tendrán que abandonar sus lugares de asentamiento, expulsados por la actividad bélica, precisó Giovannoni.
En consecuencia, los recursos destinados por el CIRC a Colombia aumentarán algo más de tres millones de dólares y pasarán de unos 17,6 millones previstos inicialmente a alrededor de 21 millones.
Con esos fondos, y a menudo en colaboración con la Cruz Roja Colombiana, el CICR atiende un 90 por ciento de las necesidades de los desplazados internos de las áreas rurales del país.
Los conflictos armados internos, como el que se libra en Colombia desde hace más de 40 años, se caracterizan por sus consecuencias humanitarias desproporcionadas en relación a la baja intensidad bélica que presentan, comentó Georgios Comninos, jefe de la representación del CICR en Colombia, con sede en Bogotá.
Ese rasgo está acentuado en el conflicto colombiano porque las partes enfrentadas no hacen una clara distinción entre los civiles protegidos en tiempo de guerra y los reales combatientes, subrayó Comninos, que dirige 17 oficinas diseminadas en el país, con 59 delegados y 220 empleados colombianos.
El CICR trata de llevar protección y asistencia a las comunidades rurales, las más afectadas por la intensificación del conflicto, donde las consecuencias humanitarias se presentan con mayor crudeza.
La institución realiza su trabajo en contacto estrecho con las comunidades golpeadas y también en diálogo constante con los actores del conflicto, dijo Comninos. Ese diálogo, insistió, permite el acceso permanente a las áreas afectadas y la respuesta humanitaria.
Las ejecuciones extrajudiciales, las amenazas o las operaciones militares impulsan a la población a trasladarse a zonas más seguras, dijo el funcionario del CICR.
Entre un millón y dos millones de desplazados internos están refugiados en las áreas urbanas de Colombia. Esa población, sin posibilidades de retornar a sus lugares de origen, representa el mayor problema humanitario del país, observó Giovannoni.
El problema de los desplazados internos debe ser encarado lo antes posible, porque de lo contrario, se convertirá en una bomba de tiempo humanitaria, previno el funcionario del CICR.
Comninos distinguió los desplazamientos masivos de los individuales. Los desplazamientos masivos representan más de 60 por ciento de la población que abandona las áreas rurales para refugiarse en pequeñas o grandes ciudades.
El desplazamiento individual se efectúa en grupos familiares, movido por personas que han sido amenazadas o directamente atacadas, y tiene un carácter más discreto y silencioso, precisó.
En más de 50 por ciento de los casos de desplazamientos masivos, las personas tienen la posibilidad de regresar a sus lugares de origen dos o tres meses después. En cambio, el retorno es muy difícil si se trata de desplazamiento individual.
El CICR declaró su preocupación por las dificultades que presenta la protección de las personas, pues los actores del conflicto armado parecen haber adoptado las violaciones del derecho internacional humanitario como una estrategia de guerra, señaló Comninos.
El derecho internacional humanitario, condensado en los Convenios de Ginebra, es un conjunto de normas para reducir los efectos de los conflictos bélicos y proteger a las personas que no participan o que han dejado de intervenir en los combates, a la vez que limita los medios y métodos de hacer la guerra.
Otro motivo de inquietud para el CICR es la atención médica y el acceso de los profesionales de la salud a la población colombiana. El jefe de la oficina en Bogotá lamentó la ausencia de protección para el personal médico y también para la infraestructura sanitaria.
En esas condiciones, advirtió, se corre el riesgo de brotes epidémicos. En el nororiental departamento de Norte de Santander, lindante con Venezuela, se registró una epidemia de sarampión, una enfermedad que había desaparecido de Colombia, dijo Comninos. (FIN/IPS/pc/02
