Desconocidos abrieron fuego este viernes en Argentina contra la casa de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, quien hace dos días acusó a la policía de prácticas de terror.
No me cabe duda que esto está relacionado con la presentación de la denuncia, sostuvo Carlotto, quien se encontraba sola en su casa de la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, cuando escuchó unas explosiones.
Los proyectiles rompieron la puerta y algunos cristales de las ventanas e hicieron impacto en el frente e interior de la vivienda, en el cuarto de baño y en la sala, donde poco antes Carlotto atendió una llamada telefónica que se cortó.
Según la organización Amnistía Internacional, los perdigones pertenecerían a un ciertas armas largas que usa la Policía Federal argentina para reprimir manifestaciones callejeras.
Organizaciones de derechos humanos repudiaron de inmediato el hecho, y el ministro de Seguridad de Buenos Aires, Juan Pablo Cafiero, afirmó que no fue un intento de robo sino un atentado bastante serio y no se descarta que haya ocurrido como consecuencia de las denuncias presentadas (por Carlotto) en días pasados.
Nunca me había pasado algo así, un ataque con balas de tan alto calibre, ni en la dictadura, dijo consternada quien preside desde 1977 la asociación dedicada a la búsqueda de niñas y niños secuestrados o nacidos durante el cautiverio ilegal de sus padres, en la pasada dictadura militar (1976-1983).
El miércoles, Carlotto presentó una denuncia sobre prácticas policiales ante la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires.
El documento contiene testimonios de funcionarios políticos y judiciales, legisladores y líderes humanitarios, muchos de ellos integrantes de la provincial Comisión por la Memoria.
La denuncia sostiene que la policía bonaerense utiliza prácticas de eliminación de personas similares a las empleadas durante la última dictadura militar, como ejecuciones y crímenes de gatillo fácil y se añade que la proliferación de la tortura y del hacinamiento carcelario constituyen prácticas de terror.
Carlotto afirmó que las violaciones de derechos humanos en que incurre la policía son de inusitada gravedad y relató el caso de un joven cuyo cuerpo es buscado en el arroyo Riachuelo —que separa la capital federal de la provincia de Buenos Aires— adonde fue obligado a arrojarse por efectivos de la Policía Federal.
Son verdaderos escuadrones de la muerte que actúan con total impunidad, dijo Carlotto poco antes del atentado.
El pasado sábado tres jóvenes de entre 14 y 19 años fueron forzados por policías a arrojarse al contaminado arroyo y cruzarlo a nado. Sólo dos lo lograron. El tercero, Ezequiel Demonty, de 19 años, permanece desaparecido.
Los sobrevivientes, de 14 y 17 años, relataron que fueron detenidos por policías en la madrugada, cuando intentaban conseguir un taxi para regresar a sus casas de un baile.
Pero los vehículos policiales no los condujeron a la seccional más cercana, sino a la orilla del Riachuelo, donde los efectivos policiales los golpearon y forzaron a sumergirse.
Autoridades de la Policía Federal dispusieron el arresto preventivo de 11 efectivos.
No es la primera vez que policías tiran menores al río, pero esta vez el problema se agravó porque uno de ellos no regresó y la familia se animó a denunciar la situación en la prensa, dijeron vecinos y maestros del vecindario capitalino de Bajo Flores, donde residen las tres víctimas.
El joven de 14 años, que no quiso dar su nombre, pidió a los periodistas que no soliciten más su testimonio, pues ha recibido muchas llamadas telefónicas amenazadoras para que deje de hablar sobre lo ocurrido.
El Banco de Datos sobre la Tortura, creado en marzo de 2000 por la Defensoría de Casación Penal bonaerense, recibió desde entonces casi 1.500 denuncias de torturas y malos tratos.
Sin embargo, las investigaciones casi siempre quedan estancadas, sin que se adopten medidas contra los responsables. Además, el Banco ha quedado casi sin presupuesto para funcionar.
Entre 1999 y 2000, 60 menores murieron en presuntos enfrentamientos con la policía, según un informe divulgado el año pasado por la Corte Suprema bonaerense.
Información reservada de la fiscalía indica que los muertos pudieron haber sido víctimas de un grupo de efectivos que trabajan en agencias de seguridad privadas, conocido como el escuadrón de la muerte.
Hay un ambiente ideológico en algunos sectores sociales acomodados, que justifica que se libere el gatillo policial y se aplauda la supresión física de los menores, admitió hace poco el procurador de la Corte provincial, Eduardo de la Cruz.
En Buenos Aires se crea inseguridad para generar negocios, añadió De la Cruz.
Residentes del acomodado vecindario bonaerense de San Isidro admitieron a IPS que pagan un monto semanal a una presunta agencia de seguridad, en los hechos una organización integrada por policías de la seccional local que deberían protegerlos sin que mediara ningún pago, pero temen dejar de hacerlo.
Las arbitrariedades policiales, los casos de gatillo fácil y las investigaciones que señalan la participación de policías en secuestros, violaciones o ataques a manifestantes llenan desde hace meses las páginas policiales de los diarios. (FIN/IPS/mv/dcl/ip/02)
