Las tendencias autoritarias que ganaron terreno en América Latina tras los atentados del año pasado en Estados Unidos se pueden consolidar si ese país se embarca en una guerra contra Iraq, advirtieron expertos.
Los ataques contra Nueva York y Washington llevaron al gobierno estadounidense de George W.Bush a poner en el centro de su atención la seguridad y la guerra contra el terrorismo, y dejar en un segundo plano el acercamiento a América Latina que insinuara tras asumir en enero de 2001.
A esa estrategia de seguridad adhirieron, con matices, varios gobiernos de la región, que, por otra parte, soporta una severa crisis económico-social y aún afronta secuelas de las dictaduras instauradas en los años 70 y de sus prácticas sistemáticas de violaciones de los derechos humanos.
El retorno de la democracia y algunos resultados económicos alentadores en los años 90 no alcanzaron para borrar los tiempos de la represión ilegal que empujó a decenas de miles de personas al exilio o fueron muertos o desaparecidos de manera forzosa.
La desatención de Bush de los problemas de América Latina y su énfasis en la seguridad fueron motivos de advertencia de parte de la brasileña Mónica Hirst, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, del politólogo Roberto Rusell, de la Universidad Torcuato Di Tella, y de Juan Tokatlián, experto en relaciones internacionales de la Universidad de San Andrés.
Tokatlián explicó a IPS que una avanzada militar estadounidense sobre Iraq instalaría de manera definitiva en América Latina una tendencia a la derechización en la lucha contra la violencia política, que ya se venía observando desde los atentados del 11 de septiembre de 2001.
El experto apuntó que antes de los atentados había distintas estrategias en el mundo sobre las formas de afrontar la violencia y resolver los conflictos, pero en general predominaba una visión liberal y aperturista, que llevaba a agotar los caminos de negociación antes de apelar a la fuerza.
Sin embargo, a partir del 11 de septiembre de 2001 muchas democracias cambiaron los códigos y comenzaron a impulsar una política más hacia la derecha, de mano dura a la hora de hacer demostraciones de fuerza contra el terrorismo, señaló Tokatlián.
Un ejemplo de ello es Colombia, donde la llegada al gobierno el 7 de agosto del derechista Alvaro Uribe llevó a acentuar los mecanismos represivos, en el marco de la profundización de una guerra civil de más de cuatro décadas.
Pero ese conflicto armado interno ya había recrudecido tras la ruptura en febrero del diálogo de paz con las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que había llevado adelante el presidente Andrés Pastrana durante casi todo su mandato.
En el fracaso de las negociaciones también incidió la asistencia militar de Estados Unidos, a través del Plan Colombia, originalmente prevista para la lucha antidrogas y luego extendida a la guerra contrainsurgente.
Tokatlián entiende que un ataque militar de Estados Unidos contra Iraq repercutirá en varias partes del mundo y también en América Latina, pese a que ese frente de tensión no estaría relacionada con la lucha antiterrorista de Bush sino con su política de expansión.
En España, en Rusia, en Filipinas o en Colombia se reforzará la idea de que la lucha contra el terrorismo y contra todas las manifestaciones de violencia política, sean más o menos legítimas, más o menos virulentas, deben ser confrontadas con la fuerza militar, y de manera más categórica, sostuvo.
El especialista en relaciones internacionales cree que Estados Unidos está decidido a avanzar sobre Iraq con o sin la anuencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) o de países aliados.
También entiende que la idea de Washington es que sus fuerzas permanezcan en Iraq luego de derrocar el régimen de Saddam Hussein, una actitud contraria a los acuerdos de la ONU.
La estrategia estadounidense de avanzar militarmente sobre otros países está asociada con el pedido de Bush a naciones latinoamericanas de firmar acuerdos bilaterales para dejar a sus soldados y funcionarios fuera del alcance de la Corte Penal Internacional (CPI).
La CPI, que entró en vigor el 1 de julio, fue creada para juzgar a autores de crímenes contra la humanidad impunes en su nación de origen o que hayan escapado de ella.
Un escenario en América Latina, donde se profundiza la crisis económica y social y se incrementa la represión y los casos de violaciones de los derechos humanos, inquieta también a activistas humanitarios, sobre todo ante la nueva política de Washington de resolver los conflictos por medios armados.
Organizaciones humanitarias de Argentina alertan desde hace un año al menos sobre el aumento de la represión policial contra las protestas sociales, que crecen día a día de la mano de la recesión y el desempleo.
El premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el incremento en Argentina de la violencia policial, las amenazas y ataques contra dirigentes y abogados de organizaciones no gubernamentales y el asesinato de activistas sociales. (FIN/IPS/mv/dm/ip hd/02
