Una organización delictiva instalada en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Nairobi exigía dinero a los solicitantes de asilo por concederles el estatuto de refugiados, reveló una investigación de la ONU.
La tragedia de los refugiados era convertida en negocio por los funcionarios que supuestamente debían protegerlos, informó el viernes la Oficina de Supervisión Interna de la ONU (Organización de las Naciones Unidas).
El alto comisionado para los refugiados, Ruud Lubbers, aceptó las conclusiones del equipo investigador y manifestó «vergüenza e indignación».
El foro mundial ya presentó cargos contra tres empleados de ACNUR, todos ellos keniatas. Las acusaciones incluyen amenazas de muerte al embajador de Estados Unidos en Kenia y a representantes de ACNUR en Nairobi.
La organización criminal incluía a otras seis personas, también keniatas, dos de ellas pertenecientes a una organización no gubernamental para refugiados con sede en Nairobi.
Las víctimas de las extorsiones procedían principalmente de la República Democrática de Congo (ex Zaire), Etiopía, Somalia y Sudán. Estas personas pagaban para poder emigrar de Kenia a Australia, Gran Bretaña, Canadá y Estados Unidos.
Las sumas cobradas variaban desde unos pocos dólares para poder llenar una solicitud de asilo hasta 5.000 dólares para la concesión del estatuto de refugiados.
Una comisión integrada por funcionarios de cuatro países occidentales condujo la investigación bajo la jurisdicción de la Oficina de Supervisión Interna, el organismo investigador de la ONU.
En un informe de 22 páginas publicado el viernes, los investigadores afirmaron que la organización criminal estaba bien estructurada.
El nivel más bajo estaba integrado por intermediarios de distintas nacionalidades dentro de la comunidad de refugiados, encargados de entablar «contactos».
Los intermediarios determinaban qué inmigrantes tenían o podían conseguir dinero para la documentación de refugiados y la reubicación, y pasaban la información al nivel superior de la organización criminal.
Las víctimas no sólo debían pagar para obtener el estatuto de refugiados, sino también para poder entrar a la oficina de ACNUR en Nairobi.
Los extorsionadores «también exigían dinero para adelantar a solicitantes de asilo en las filas o para pasar el expediente a un nivel burocrático superior, que consideraría la posibilidad de reubicación», dice el informe.
En una ocasión, los tres funcionarios acusados intentaron hacer escribir cinco cartas en árabe e inglés en nombre del extremista saudí Osama bin Laden para amenazar a tres altos funcionarios de ACNUR y a dos miembros de la embajada de Estados Unidos en Nairobi, incluido el embajador.
ACNUR tiene más de 5.000 funcionarios distribuidos en 277 oficinas en más de 120 países.
En todo el mundo hay más de 14 millones de exiliados y 30 millones de desplazados internos que piden asilo, refugio o ubicación en otro país, según las últimas cifras de la ONU.
Sólo en Kenia hay más de 250.000 solicitantes de asilo y refugiados de países vecinos, albergados en su mayoría en campamentos administrados por ACNUR.
El secretario general de la ONU, Kofi Annan, se manifestó complacido porque el fraude fue descubierto «con prontitud», y dijo que el foro mundial deberá adoptar medidas «para asegurar que esto no vuelva a ocurrir». (FIN/IPS/tra-en/td/aa/mlm/pr/02
