Estados Unidos se negó a comprometer más asistencia oficial al desarrollo, pese al pedido que el secretario general de la ONU, Kofi Annan, presentó al Norte industrial para que duplique su ayuda a los países del Sur.
El embajador de Estados Unidos en la ONU, John Negroponte, estimó que los recursos internos, y no la ayuda, son «la base del desarrollo de un país» y reclamó que éste sea un tema central de la Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo (FFD), que se realizará del 18 al 22 de marzo en la ciudad mexicana de Monterrey.
Negroponte, junto a delegados gubernamentales de todo el mundo, participó en la sede de la ONU en Nueva York de conversaciones preparatorias de la Conferencia, que concluyeron el viernes con la redacción de un borrador del plan de acción.
Annan exhortó la semana pasada a los países industriales a incrementar de 50.000 millones a 100.000 millones de dólares por año el monto total de su asistencia oficial al desarrollo.
Aunque pueda parecer una meta ambiciosa, aún está muy lejos del compromiso de llevar la ayuda a 0,7 por ciento del producto interno bruto (PIB) de todas las naciones donantes, resuelto por la ONU.
«¿Por qué no colocamos otros 50.000 millones de dólares como una meta inmediata y de corto plazo, para anunciarla en Monterrey y cumplirla en dos o tres años?», propuso Annan.
Una coalición de más de 50 organizaciones no gubernamentales (ONG) manifestó el martes su profunda preocupación por el rumbo que tomaron las deliberaciones del comité preparatorio.
Las ONG sostienen que el plan de acción, conocido como el Consenso de Monterrey, carece de compromisos y plazos claros en materias como cancelación de deuda y erradicación de la pobreza.
La coalición está conformada, entre otras, por la Organización de Mujeres para el Ambiente y el Desarrollo, la Red del Tercer Mundo, la Red de Política Económica de Mujeres Africanas y la Campaña para la Reforma del Banco Mundial.
«Está claro que los derechos de la población pobre y trabajadora son secundarios en la negociación gubernamental del Consenso de Monterrey», afirma un comunicado de las ONG.
Compromisos anteriores para reformar el sistema financiero y económico internacional son gradualmente reducidos mientras los gobiernos se adhieren a la desregulación, la privatización, la reducción de gasto en servicios sociales y la liberalización comercial y financiera, sostuvo la coalición.
Esas políticas fracasadas condujeron a masivas pérdidas de empleos, degradación ambiental y avance de la pobreza, «mientras muy pocos se hicieron más ricos que nunca», asegura el comunicado.
La crisis económica de Argentina es apenas el último ejemplo de una economía nacional destruida por esas políticas, estimaron las ONG.
«La comunidad de ONG llama a los gobiernos a modificar urgentemente el curso de esta reunión y presentar políticas justas y sustentables para erradicar la pobreza y crear un consenso basado en la justicia, cooperación internacional, respeto de los derechos humanos y desarrollo», afirma el comunicado.
Así mismo, los grupos de la sociedad civil reclamaron a los gobiernos donantes que establezcan plazos para cumplir con el compromiso de proporcionar 0,7 de su PIB en asistencia, retomado por la ONU y por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que nuclea a países industrializados.
«Deberían empezar por el desafío del secretario general (Annan) de duplicar las contribuciones a 100.000 millones de dólares en dos o tres años, con el fin de reducir a la mitad la cantidad de personas que viven en pobreza extrema para el año 2015», opinaron las ONG.
La coalición también reclama que los gobiernos aseguren una amplia participación de la sociedad civil, en especial de las mujeres, en la adopción de políticas económicas.
Por otra parte, las ONG estiman que la Conferencia de Monterrey debe otorgar protagonismo a la ONU para afrontar la falta de democracia de las instituciones como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio.
La coalición instó así mismo a las autoridades nacionales a asegurar reglas comerciales justas, centradas en la gente y con sensibilidad de género.
«También llamamos a la inmediata cancelación de la deuda de los países más pobres, y al establecimiento de un proceso arbitral justo para el futuro», sostuvieron las ONG.
El proceso hacia Monterrey debe conducir al alivio del endeudamiento y avanzar en su solución, estimó el activista Roberto Bissio, del Instituto del Tercer Mundo, con sede en Uruguay.
Bissio señaló los hechos ocurridos en Argentina, donde el caído gobierno de Fernando de la Rúa echó mano a los ahorros jubilatorios de los trabajadores para pagar a los acreedores multilaterales, en un último intento de evitar la cesación de pagos.
Bissio se refirió a la quiebra de la compañía estadounidense de energía Enron, en la que también se drenó el dinero de los empleados.
La Conferencia de Monterrey debería discutir las cuestiones relativas a los millones de pobres del mundo, los movimientos de capital y la concesión de derechos a las corporaciones sin exigirles obligaciones como contrapartida.
Los gobiernos no deben ir «con las manos vacías» a Monterrey, sino con «promesas y compromisos concretos para reducir la deuda bilateral, incrementar la asistencia y asegurar el gasto social y la erradicación de la pobreza», concluyó Bissio. (FIN/IPS/tra- eng/td/aa/dc/dv/02
