La décima ronda de negociaciones para un acuerdo bilateral de libre comercio entre Chile y Estados Unidos finalizó este viernes sin definición en asuntos «sensibles», frustrando así las expectativas de Santiago de contar con ese tratado en el primer semestre del año.
Los contactos, llevados a cabo desde el lunes en la capital chilena entre los equipos técnicos de ambos países, no lograron superar discrepancias respecto del tratamiento de las cuestiones agrícolas, ambientales y laborales, consideradas clave para el acuerdo.
Los equipos negociadores, en un comunicado conjunto, anunciaron que habrá al menos dos nuevas rondas de contactos, en marzo y abril, con lo cual se cancelaron definitivamente las posibilidades de contar con el texto definitivo en estos primeros seis meses.
El retraso en las conversaciones es un virtual triunfo para la Alianza Chilena por un Comercio Justo y Responsable (ACJR), una red de organizaciones ambientalistas, sociales y sindicales que encabeza en este país el rechazo al acuerdo comercial con Estados Unidos.
La ACJR entregó el lunes una carta pública al presidente Ricardo Lagos, en la cual planteó que un tratado comercial con Estados Unidos profundizará la condición de Chile «como país exportador de materias primas y productor de mano de obra barata».
La Alianza expresó igualmente su protesta por el carácter reservado de las negociaciones iniciadas hace un año, luego de que en noviembre de 2000 el entonces presidente estadounidense Bill Clinton anunciara, junto a Lagos, la disposición a concretar el tratado bilateral.
En una reunión preparatoria del segundo Foro Social Mundial, que comenzará el día 31 en la meridional ciudad brasileña de Porto Alegre, la ACJR y otros grupos no gubernamentales reivindicaron el derecho a la información y a la transparencia.
También reclamaron una «participación plena y vinculante de la ciudadanía en el proceso (de negociación del tratado entre Chile y Estados Unidos)».
Las esperanzas de concluir prontamente las negociaciones con Washington cobraron renovado vigor en diciembre, cuando la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó conceder al presidente George W. Bush la facultad de la «vía rápida».
La llamada «vía rápida» es la autoridad de promoción de comercio (TPA, por su sigla en inglés), mediante la cual el Congreso estadounidense renuncia a su facultad de revisar cada cláusula de los tratados comerciales y se limita a votarlos en bloque.
Bush necesita de la TPA para tratados bilaterales con Chile y Singapur y sobre todo para finalizar las negociaciones para crear el Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA) en enero de 2005, como fuera acordado en la cumbre continental que se celebró el año pasado en la ciudad canadiense de Québec.
Falta aún que la TPA sea votada en el Senado de Estados Unidos, donde podría surgir una oposición basada precisamente en exigir la incorporación de disposiciones laborales y ambientales en los tratados de libre comercio.
Las exigencias latinoamericanas de que Estados Unidos desmonte su copiosa legislación «antidumping» puede ser otro factor de intenso debate en el Senado para la votación de ese instrumento.
Las leyes «antidumping», que penan supuestas prácticas de competencia desleal de precios, son uno de los principales instrumentos, junto con los subsidios, del proteccionismo agrícola en Estados Unidos.
La negociación de un tratado de libre comercio con Chile ha sido considerada un «globo de ensayo» para el ALCA, y en tal virtud las cuestiones «sensibles» que hoy traban estas conversaciones reflejan las complejidades de las tratativas en escala continental.
Osvaldo Rosales, director de Relaciones Económicas Internacionales de la cancillería chilena y jefe del equipo negociador, dijo que aún no hay respuesta de Estados Unidos sobre asuntos de comercio agrícolas.
Rosales mencionó específicamente el caso de los envíos de frutas frescas chilenas al mercado estadounidense, que han sido objeto con alguna frecuencia de medidas «antidumping».
Los negociadores estadounidenses no harán propuestas sobre materias de ese tipo mientras Bush no cuente con la TPA, se estima en círculos chilenos.
La posición oficial del gobierno de Lagos es no aceptar compromisos en asuntos ambientales y laborales vinculados a sanciones comerciales en caso de incumplimiento, como parte del texto del futuro acuerdo comercial con Estados Unidos.
Las autoridades chilenas se declaran dispuestas a asumir obligaciones en torno a la protección del ambiente y de los derechos de los trabajadores a través de protocolos complementarios, como se hizo en el tratado comercial negociado con Canadá en 1996. (FIN/IPS/ggr/dm/if/02
