Los medios de comunicación y las autoridades de Colombia discuten la posibilidad de prohibir la difusión televisiva de imágenes violentas y de entrevistas, declaraciones y comunicados de guerrilleros, paramilitares y narcotraficantes.
Numerosas figuras públicas, entre ellas la ministra de Comunicaciones, Angela Montoya, rechazaron el proyecto de la Comisión Nacional de Televisión (CNTV), un ente autónomo regulador constituido por cinco miembros en representación del gobierno, las emisoras regionales, los sindicatos y la sociedad civil.
El proyecto reabrió el debate sobre el papel de los medios de comunicación en la guerra civil colombiana.
La iniciativa difundida el 29 de octubre prohibe la difusión de imágenes violentas y de entrevistas, declaraciones y comunicados de «miembros, voceros o representantes» de los bandos de la guerra civil o de cualquier organización criminal.
La iniciativa tiene un precedente: el gobierno de César Gaviria (1990-1994), del hoy opositor Partido Liberal, prohibió en 1993 la emisión de entrevistas con traficantes de droga y guerrilleros, en medio de una ola de atentados terroristas realizados por narcotraficantes.
Directores de medios de comunicación y periodistas atribuyen el proyecto de la CNTV a la supuesta intención del gobierno de Andrés Pastrana de ejercer la censura. La comisión, que regula la televisión pública y privada, ha sido acusada de estar al servicio del Poder Ejeuctivo, y el Congreso debate su disolución.
Pero la ministra Montoya rechazó las acusaciones de un vínculo entre el proyecto y el gobierno al manifestar su propia oposición. «Ni como ministra ni como persona estoy de acuerdo con la propuesta», dijo a la radioemisora Caracol.
Montoya abogó por una autoregulación que parta del mismo periodista, que deberá decidir si lo que escribe o lo que emite es valioso para el público.
«Es absurdo que un grupo tan ilegítimo como la CNTV venga a decir qué deben saber y qué no deben saber los colombianos «, dijo Daniel Coronell, director del programa NTC Noticias, una producción privada que se transmite por el estatal Canal A.
«No lo vamos a aceptar y acudiremos a todas las instancias para impedirlo», agregó Coronell.
Los integrantes de la junta de la CANTV, por su parte, aseguraron que su propuesta no constituye censura, garantiza derechos como el de la intimidad y defiende la función social de la televisión.
El anuncio del proyecto se registró una semana después de que las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) calificaran de enemigos de la paz a los canales privados de televisión RCN y Caracol y al diario El Tiempo, único de circulación nacional.
Las FARC propusieron en las negociaciones para un cese del fuego la cancelación de las licencias de los medios que hagan apología de las organizaciones paramilitares de derecha.
Algunos analistas prevén que, de aprobarse la reglamentación propuesta por la CANTV, será difícil informar sobre los procesos de paz del gobierno con las FARC y con el también insurgente Ejército de Liberación Nacional (ELN).
El debate sobre el manejo de los hechos de violencia por parte de los medios no es nuevo. En varias oportunidades se cuestionó supuestos desbordes en la cobertura de la guerra civil, en particular desde la televisión.
Distintos analistas aseguran que el comandante de las FARC, Manuel Marulanda (Tirofijo), y el líder de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia, Carlos Castaño, tendrían una actitud diferente sin el protagonismo que tienen en la pantalla.
Los medios manifiestan autocríticas y coinciden en el ejercicio de la responsabilidad y el autocontrol, pero rechazan la posibilidad de que esta mesura se imponga desde afuera.
En el campo de la autoregulación se dieron varios pasos, pero han quedado en el papel, entre ellos un acuerdo entre los medios televisivos de emitir las imágenes de violencia en blanco y negro.
Treinta y siete directores de medios de comunicación firmaron en noviembre de 1999 un Pacto por la Discreción, en que se comprometieron a abordar los actos violentos de un modo «veraz, responsable y equilibrado», a no reproducir rumores y a fijar criterios claros sobre las transmisiones en directo.
El acuerdo jamás se cumplió, lo cual sirvió a Edgar Plazas, integrante de la junta de la CNTV, para justificar la anunciada reglamentación. «Es necesario fijar normas y poner en cintura a los medios» a través de sanciones a los medios que no las cumplan, dijo.
Pero el gobierno es «el primer patrocinador del show alrededor de los temas de la guerra», advirtió Ana Mercedes Gómez, directora de El Colombiano, de Medellín, considerado el diario regional más importante.
En ese sentido, recordó la transmisión televisiva en directo, con el patrocinio de la presidencia, de la liberación en Cali de un grupo de secuestrados por guerrilleros.
El periodista Arturo Guerrero, de la organización Medios para la Paz, cree que nada justifica una censura estatal o paraestatal. Las críticas deben realizarse dentro de los medios y entre ellos y no ante el público. «La ropa sucia se lava en casa», dijo a IPS.
Los debates, los pactos de autocontrol y el trabajo directo de capacitación en talleres están dando sus primeros resultados, aseguró Guerrero. «Puedo dar fe que hoy el periodista piensa diferente que hace dos o tres años. Hay una nueva conciencia», afirmó.
Esta «nueva conciencia», explicó Guerrero, consiste en evitar herir las fibras íntimas de la población cuando se informa sobre hechos violentos.
El factor principal de los abusos es el «apetito comercial de los propietarios y directores de esos medios, que presionan a sus periodistas aun por encima de esta nueva conciencia», sostuvo.
El Defensor del Pueblo Eduardo Cifuentes afirmó que «ninguna entidad puede aplicar restricciones a la información (…) y solamente un órgano como el Congreso podría regular la libertad de prensa y el derecho a informar y ser informado». (FIN/IPS/yf/mj/ic/01
