Dos nuevos escándalos de corrupción sacuden a Filipinas y uno de los acusados es el esposo de la presidenta Gloria Macapagal-Arroyo, que sucedió hace seis meses a Joseph Estrada, expulsado del poder bajo acusación de desfalco.
El abogado José Miguel Arroyo fue acusado por un ex empleado del palacio presidencial de haber aceptado un soborno superior a 900.000 dólares de una compañía de telecomunicaciones a cambio del levantamiento del veto presidencial sobre un acuerdo de franquicia.
La presidenta autorizó una investigación formal del caso, aunque destacó que su esposo negó las acusaciones y pidió él mismo que se le investigara.
«El hecho es que veté el acuerdo de franquicia, no levanté el veto y éste seguirá en pie. Sin embargo, debo ser como la esposa del César y estar por encima de toda sospecha», declaró.
El Senado todavía no decidió si investigará el caso, mientras dos de sus miembros, los senadores opositores Pánfilo Lacson y Luisa Ejército, esposa de Estrada, enfrentan acusaciones de enriquecimiento ilícito.
El jefe de inteligencia militar, coronel Víctor Corpus, afirmó el último fin de semana que Estrada y Lacson, quien era jefe de la Policía Nacional bajo el gobierno de aquél, tienen 18 cuentas bancarias en Estados Unidos, Canadá y Hong Kong, por un monto superior a 738 millones de dólares.
El dinero procede del tráfico de drogas, secuestros y otras actividades criminales, aseguró Corpus el domingo.
Mientras, la esposa de Estrada es acusada de poseer una cuenta bancaria con 180 millones de dólares no incluidos en su declaración patrimonial, como lo exige la ley a los altos funcionarios públicos.
A diferencia de los cargos contra José Miguel Arroyo, que no se basan en otra prueba que la palabra de una ex secretaria y amiga de la familia, las acusaciones contra Lacson y Estrada están respaldadas por numerosas pruebas documentales.
Un equipo conjunto de inteligencia militar y policial descubrió, con la ayuda de la aduana de Estados Unidos, que Lacson y su esposa poseen casas multimillonarias en el estado de California, tampoco contenidas en ninguna declaración patrimonial.
Los acusados calificaron las afirmaciones de Corpus de «engaño» y «un completo invento». Ejército anunció que lo demandará a él y a los diarios que publicaron sus acusaciones.
Sin embargo, «será muy difícil que la ciudadanía no crea en los cargos formulados por Corpus, dado que hay nombres de bancos y números de cuentas», opinó la columnista Belinda Cunanan-Olivares, del periódico Philippine Daily Inquirer.
La presidenta Arroyo fue acusada de estimular a Corpus para que revelara las acusaciones contra Lacson como forma de distraer la atención pública de los cargos contra su esposo.
Lo evidente es que los filipinos cada vez tienen menos tolerancia hacia la corrupción, destacaron activistas.
Al menos dos organizaciones no gubernamentales (ONG) fueron creadas como resultado de la indignación pública contra los escándalos que condujeron al juicio político contra Estrada y su posterior caída en un levantamiento popular, en enero de este año.
Maki-isa, una de esas ONG, organiza «células» para recabar información sobre hechos delictivos de funcionarios públicos.
«Si hay pruebas suficientes, presentamos las acusaciones ante las autoridades», explicó el ex jefe de inteligencia militar Benjamín Libarnes.
Pero los esfuerzos contra la corrupción llegaron tarde para un país donde 40 por ciento de los 75 millones de habitantes vive en la pobreza, y gran parte de los recursos se pierden en sobornos y otros actos de corrupción, señalaron críticos.
La fortuna supuestamente amasada por Estrada y Lacson «representa más de 53.000 millones de pesos (1.000 millones de dólares), equivalentes a siete por ciento del presupuesto nacional para 2002», observó Cunanan. (FIN/IPS/tra-en/ms/js/mlm/ip/01
