El gobierno de Colombia aceptó hoy la propuesta de las insurgentes FARC de cese del fuego, aunque condicionó su decisión final a la verificación internacional del cumplimiento de la tregua y al fin de los secuestros y de todo acto hostil de los guerrilleros contra la población.
La tregua deberá estar acompañada de «un cese de hostilidades, que incluye la suspensión de secuestros, de la violación al derecho internacional humanitario, y de extorsiones y amenazas contra la población civil», advirtió el comisionado presidencial para la paz, Camilo Gómez.
Mientras, las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) proponen que la comisión de verificación sea integrada por delegados de las dos partes, sin participación de extranjeros, de acuerdo con el comunicado difundido el domingo por el dirigente guerrillero Raúl Reyes.
Según Gómez, la contrapropuesta gubernamental, que será discutida en los próximos días con las FARC, «parte del concepto de que la paz es un derecho de los colombianos y debe favorecer necesariamente a la población civil en materias como el secuestro y la extorsión».
El gobierno entiende el cese del fuego y de las hostilidades como un concepto indivisible, dijo el comisionado. Debe consistir en «el cese de acciones ofensivas contra las FARC en un área de reconciliación, con la contraprestación inmediata del cese de hostilidades por parte de los rebeldes».
Las FARC deberán abstenerse de todo ataque contra las fuerzas de seguridad y de los secuestros, la extorsión y todo acto hostil contra la población civil, afirmó Gómez.
Al hacer pública su propuesta de cese del fuego, los guerrilleros violaron un acuerdo de confidencialidad que habían alcanzado con el comisionado de paz.
Las FARC exigen que la tregua sea respetada no sólo por el ejército y la policía, sino también por los paramilitares de derecha, a los que consideran «una fuerza auxiliar del Estado».
Los rebeldes piden también revocar las medidas económicas neoliberales, acabar con la extradición de colombianos, «detener la represión de la protesta social», castigar a los responsables de la corrupción pública y concertar con las comunidades de campesinos la erradicación manual de cultivos ilícitos de drogas, suspendiendo el empleo de productos químicos.
Alejo Vargas, de la estatal Universidad Nacional, opinió que la propuesta de las FARC da un giro a las negociaciones que los guerrilleros mantienen con el gobierno desde enero de 1999.
Las FARC habían anunciado que sólo discutirían el cese del fuego cuando se hubiese negociado al menos 70 por ciento de la agenda de 12 puntos acordada con el gobierno. Pero las partes sólo han comenzado la discusión del primer bloque de asuntos económicos.
Marco Romero, de Paz Colombia, una asociación que promueve la salida negociada del conflicto, dijo a IPS que los términos de la discusión planteados tanto por el gobierno como por las FARC para el cese del fuego son los que cabía aguardar.
En opinión de Romero, pese a que hay posiciones antagónicas en algunos asuntos, lo importante es que por primera vez «hay coincidencia en la posibilidad de suspender las acciones militares bilateralmente».
Las FARC fueron duramente criticadas el 9 de este mes por Human Rigths Watch (HRW), una de las más importantes organizaciones internacionales de derechos humanos.
Los rebeldes replicaron es domingo que las criticas de HRW, una organización radicada en Estados Unidos, son «intervencionismo yanqui disfrazado de acción humanitaria».
Algunos analistas calificaron «desacertada» la respuesta de los guerrilleros, pues HRW tiene autoridad reconocida internacionalmente por la seriedad con que maneja sus investigaciones.
La prensa colombiana calcula que las FARC, la principal organización irregular de Colombia, surgida en 1964, tiene unos 15.000 integrantes. El conflicto armado costó 35.000 vidas en la última década. (FIN/IPS/yf/ff/ip/01
