Costa Rica revocó hoy el permiso de permanencia en el país del cónsul cubano Juan Carlos Hernández, como respuesta a las críticas del funcionario al voto costarricense por la condena de Cuba en la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.
«No podemos permitir que un diplomático venga a emitir juicios de valor y haga declaraciones inadmisibles en nuestro país», aseguró el canciller, Roberto Rojas. Costa Rica y Cuba sólo mantienen relaciones consulares.
El canciller anunció también el retiro definitivo del cónsul costarricense en La Habana, Melvin Sáenz, quien será embajador en Colombia. Un vicecónsul se hará cargo en Cuba de los asuntos del consulado, mientras los vínculos bilaterales caen a nivel mínimo.
Hernández dijo a la prensa costarricense, tras la votación en la Comisión de Derechos Humanos el día 18 en Ginebra que el pueblo de este país no comparte la decisión del gobierno respecto de Cuba.
«Sus declaraciones son inadmisibles, jamás un cónsul nuestro en La Habana podría decir una cosa semejante», expresó el jefe de la diplomacia costarricense.
Rojas puntualizó que el retiro del permiso para trabajar en el país no significa la expulsión de Hernández, sino la imposibilidad de ejercer el cargo de cónsul. Agregó que lo lógico es que en algún momento abandone el país.
Así mismo, refutó declaraciones del canciller cubano, Felipe Pérez Roque, quien afirmó que el voto del gobierno costarricense en Ginebra respondió a presiones de Estados Unidos.
«Las únicas presiones que tuvimos antes de la votación fueron las de Cuba, que nos amenazó con hacer una campaña contra nuestro país si votábamos en su contra», aseguró Rojas.
Agregó que las declaraciones de Pérez Roque fueron «irrespetuosas y mentirosas», pues Costa Rica nunca insinuó la posibilidad de abstenerse en la Comisión de Derechos Humanos, como lo dijo el canciller cubano.
«Nuestra posición de condena a las violaciones de los derechos humanos siempre ha sido muy clara y por ello nunca consideramos una resolución de abstención, como fantasiosamente lo asegura el ministro Pérez», señaló Rojas.
También lamentó que fueran eliminados de la resolución aprobada los párrafos en que se mencionaban los perjuicios que causa a Cuba el embargo de cuatro décadas que mantiene Estados Unidos contra el gobierno de Fidel Castro.
«Nunca hemos estado de acuerdo con ese embargo», comentó.
Según el canciller, la campaña cubana contra Costa Rica se empezó a concretar el miércoles en Granma, el diario del gobernante Partido Comunista.
«En el caso de Costa Rica (…) se envidencia un gobierno atado de pies y manos a los intereses estadounidenses y vinculado a la mafia cubano-americana de Miami», dice uno de los párrafos de la nota de Granma, distribuida por la cancillería costarricense como prueba de la supuesta campaña de desprestigio.
Granma también afirmó que Costa Rica es el país de América Central en que se lava la mayor cantidad de dinero ilícito y un lugar al que acuden turistas de todo el mundo por ser un centro de prostitución infantil.
El gobierno asegura que la prostitución infantil no es un problema grave en Costa Rica, aunque reportajes de la televisión estadounidense y española sugirieron que es de grandes dimensiones.
Rojas aseguró que el gobierno no se propone cerrar el consulado en La Habana, abierto en febrero de 1999 para resolver problemas de los aproximadamente 14.000 cubanos que viven en Costa Rica y regular la emigración de cubanos a este país. Actualmente, según el ex cónsul Melvin Sáenz, se tramitan cerca de 50 visas mensuales.
«No sabemos cuál será la reacción del gobierno cubano. Quizá quieran nombrar otro cónsul, quizá no, quizá quieran que ya no tengamos el consulado en la isla, será su decisión», concluyó el canciller.
La moción presentada por la República Checa en la Comisión de Derechos Humanos recibió 22 votos a favor y 20 en contra y hubo 10 abstenciones, entre los 52 miembros presentes.
El texto aprobado exhorta al gobierno cubano a asegurar el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y a establecer un marco apropiado para garantizar el estado de derecho sobre la base de las instituciones democráticas y la independencia del poder judicial. (FIN/IPS/mso/ff/ip/01
