La globalización y el papel del Estado son en Venezuela el eje del debate sobre una nueva ley de cultura, y hasta los partidarios del gobierno están divididos, por lo que no se vislumbra aún cómo será el texto definitivo.
El mes de marzo fue dedicado a consultas «con parlamentarios, el (Poder) Ejecutivo y la sociedad civil» por parte de la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación de la Asamblea Nacional (parlamento), después de la lluvia de críticas sobre el proyecto presentado por la subcomisión de Cultura.
El texto, cuya autora es la diputada Milagros Santana, fustiga la globalización y crea la figura de supervisores de derechos culturales, dependientes del Estado.
El proyecto alude a una «cultura globalizadora, impuesta, de masas y hegemónica», señala la «desnaturalización de componentes tradicionales propios de la cultura venezolana» y advierte que se están «pervirtiendo las conductas, modos de vida y valores específicos de los venezolanos».
Del mismo modo, se propone la designación de un «procurador de los derechos culturales», con el cometido de «la promoción, defensa y vigilancia de los derechos y garantías inherentes a la cultura».
Santana es diputada del Movimiento V República (MVR), partido al que pertenece el presidente Hugo Chávez y que cuenta con amplia mayoría en el parlamento venezolano.
Sin embargo, las abundantes críticas que recibió el texto de Santana obligó al presidente de la comisión, José Armando Salazar, también del MVR, a abrir un espacio de consultas, lo cual fue refrendado por el viceministro de Cultura, Manuel Espinoza.
Asesores de Espinoza, por su lado, trabajan en otro proyecto de ley que procura reglamentar al sector y que tampoco ha sido bien recibido.
A juicio del sociólogo Tulio Hernández, experto en la gestión de proyectos culturales, el proyecto de Santana «será recordado en el futuro como la más disparatada pieza escrita en los últimos 44 años en torno a las responsabilidades culturales del Estado venezolano».
Por su parte, el académico Fernando Rodríguez, ex director de la Cinemateca Nacional, aseguró que la figura del procurador podría dar paso a «un agente policiaco de la identidad nacional».
También sostuvo que «todo concepto cerrado de identidad es reaccionario, anula la libertad y la creatividad y remite a nacionalismos estrechos».
Según Santana, una ley como la que está en debate «debe resumir el tipo de venezolano a formar». La legisladora argumentó que sus «aportes están referidos fundamentalmente al fondo, a la fundamentación ideológica».
La diputada se define como «leal al proyecto revolucionario del presidente Chávez». El jefe de Estado impulsa desde 1999 un amplio proceso de cambios políticos entre los cuales figura una Asamblea Constituyente que dio origen a la Constitución Bolivariana vigente desde diciembre de 1999.
Mientras, el crítico Edgar Moreno-Uribe criticó el proyecto que maneja el viceministro Espinoza, que encomienda al Estado «el fomento, desarrollo y protección de las culturas populares constitutivas de la venezolanidad».
El texto de Espinoza asegura que «los medios de comunicación tendrán la obligación de coadyuvar en la difusión de los valores de la tradición popular».
El debate de los dos proyectos de ley, ambos surgidos de sectores oficiales y cercanos al presidente Chávez, no parecían tener puntos de coincidencia hasta que a inicios de marzo la Asamblea Nacional decidió abrir un debate y una serie de consultas.
El diputado Luis Farías, quien forma parte de la comisión parlamentaria del sector cultural, dijo que después de todo el debate desencadenado «es necesario producir un instrumento legal ágil, amplio desde el punto de vista conceptual, respetuoso de la creación libre y sin imposiciones al ciudadano».
La posición de Farías, aunque aplaudida en diversos sectores porque apunta a una posición de consenso, desencadenó el malestar de Santana y del sector que le apoya en el parlamento venezolano.
«Nosotros no satanizamos la globalización, pero se está tratando de desconocer sus efectos perversos, y lo que establecemos es que Venezuela no puede perder su soberanía e identidad», recalcó Santana.
La diputada también criticó con dureza la propuesta del viceministro Espinoza al que acusó de carecer de «direccionalidad política e ideológica, que deja al país expuesto a los efectos devastadores de la globalización».
Con las diferencias en el seno de la fuerza oficialista, según analistas, se hace difícil prever hacia donde apuntará definitivamente la ley, ésta sin embargo deberá ser aprobada porque es parte de las prioridades en la legislación venezolana, tras la entrada en vigor de la nueva constitución. (FIN/IPS/ac/mj/ip cr/00
