El nacionalismo vasco moderado deberá optar en los próximos días en España entre una alianza independentista con los sectores que apoyan a la organización ilegal ETA o acatar la Constitución, en virtud de la cual gobierna la región autónoma del País Vasco.
La publicación esta semana en un diario afín a ETA de las actas levantadas por ese grupo cuando a mediados de 1999 sus dirigentes se reunieron con representantes del gobierno español, es interpretada en medios oficiales como el anticipo de una ola de atentados.
"Los terroristas (ETA) tienen menos medios y capacidad para matar que hace uno, dos o tres años, pero todavía pueden colocar bombas en la vía pública o enviarlas por correo, y hacer daño", dijo una fuente del Ministerio del Interior.
Una de las claves de lo que podrá suceder en los próximos meses es la estabilidad del gobierno autónomo vasco presidido por el nacionalista moderado Juan José Ibarretxe. Este miembro del Partido Nacionalista Vasco (PNV) gobierna en coalición con Eusko Alkartasuna (EA), escisión del PNV, pero está en minoría parlamentaria.
La coalición que gobierna el País Vasco quedó en minoría en el parlamento autónomo hace dos meses, cuando se distanció de Euskal Herritarrok (EH), próxima a ETA y de clara definición independentista.
Hasta ese momento, EH contribuía con el voto de sus parlamentarios a la estabilidad del gobierno de Ibarretxe, pero a partir de entonces, sólo lo hace en temas que le interesan en particular.
Ahora, según comunicó este jueves Arnaldo Otegui, portavoz de EH, se podría restablecer aquel acuerdo y garantizarse la estabilidad del gobierno regional, si el PNV y EA pactasen con ese grupo "el diseño de una transición política que sustituya al actual marco autonómico".
Se trataría de "una transición política hacia la democracia y la soberanía", explicó Otegui. Además, "ETA sería totalmente sensible, pues… podría declarar una nueva tregua e incluso dejar la lucha armada", sugirió.
Ante el actual marco constitucional, a cuyo amparo la ciudadanía vasca aprobó hace dos décadas en referéndum el estatuto de autonomía por el que se rige esa región, Otegui puntualizó que observa sólo dos posibilidades de futuro.
Para él, ese marco autonómico se puede convertir "en el último eslabón del españolismo para frenar el proceso hacia la soberanía".
La alternativa sería un acuerdo de todas las fuerzas nacionalistas para potenciarlo hacia "la transición a un nuevo marco político" que conduzca a la independencia y la unificación del País Vasco.
Esa unificación, según los nacionalistas, debería comprender a las tres provincias que componen la región autónoma (Vizcaya, Guipúzcoa y Alava), las tres que están bajo soberanía francesa y en las que el nacionalismo es muy minoritario, y a la española Navarra, que decidió en referendum organizar su propio gobierno autónomo.
La coalición Izquierda Unida (IU, basada en el Partido Comunista), que en 1999 firmó un pacto con el PNV, EA y EH, este viernes aumentó la distancia de esas fuerzas que había tomado a principios del año, al descartar el diálogo con ETA.
Las soluciones para aquella región, sostuvo Javier Madrazo, coordinador de IU en el País Vasco, se deben buscar mediante el diálogo entre los partidos políticos.
ETA propone excluir de las elecciones en el País Vasco a los "extranjeros", considerando como tales a los españoles que no sean de origen vasco. Pero también ataca y envía bombas por correo a quienes, como el periodista Jesús María Zuloaga, son descendientes directos de vascos, aunque no comulgan con las posiciones independentistas.
La mención a los "extranjeros" o "inmigrantes" también es realizada por el máximo dirigente del PNV, Xavier Arzallus, quien sostiene que la llegada aquellos al País Vasco durante la dictadura de Francisco Franco (1939-1975) contribuyó a diluir la fuerza del nacionalismo.
Ibarretxe, el PNV y EA deberán responder la próxima semana a Otegui. Si aceptan sus condiciones -algo que en medios nacionalistas moderados se considera poco probable—, lograrían estabilidad y mayoría parlamentaria para su gobierno.
También encontrarían en ese caso una oposición decidida de los partidos con presencia en toda España: el Popular (PP), del presidente del gobierno, José María Aznar, el Socialista Obrero Español (PSOE), e IU, que juntos suman poco menos de 50 por ciento de los diputados en el parlamento autónomo.
En cambio, si rechazan el acuerdo propuesto por Otegui y respaldado por ETA, quedarían en minoría parlamentaria y deberían enfrentarse a la demanda del PP y el PSOE: disolver el parlamento y convocar nuevas elecciones generales en esa región.
En esas probables elecciones, la atención de los electores estaría determinada por estas negociaciones previas y por lo tanto, los vascos votarían en buena medida por consolidar la actual estructura institucional, dentro de España, o por avanzar en la línea que propugna la independencia y unificación. (FIN/IPS/td/ff/ip/00
