Dos campesinos fueron torturados en México, son presos de conciencia y deben ser liberados de inmediato y sin condiciones, demandaron Amnistía Internacional y otros grupos humanitarios y ambientalistas al presidente Ernesto Zedillo.
Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, oriundos del empobrecido estado de Guerrero, en el sur del país, fueron encarcelados el 2 de mayo de 1999 acusados de "falsos delitos penales" por sus acciones en defensa del ambiente, afirmó Amnistía Internacional.
La organización con sede en Londres, la organización ambientalista estadounidense Sierra Club y el jesuita Centro Miguel Agustín Pro Juárez acusaron a efectivos del ejército de detener a los campesinos de forma "arbitraria".
Montiel y Cabrera fueron torturados para obligarlos a declararse culpables de "posesión ilegal de armas y drogas", explicó este martes a IPS Jorge Fernández, abogado del Agustín Pro Juárez, grupo responsable de la defensa jurídica de los campesinos.
La detención y tortura padecida por Montiel y Cabrera constituye "el primer caso en el país de campesinos ecologistas que sufren persecución por sus labores en defensa del ecosistema", señaló Fernández.
También es la primera ocasión en que Amnistía Internacional declara preso de conciencia a alguien por actividades relacionadas con el ambiente, pues esa categoría había sido atribuida en México sólo por causas de orden social o político, añadió el abogado.
Un preso de conciencia es aquella persona encarcelada por sus derechos humanos por sus ideas, su religión o su etnia.
En ese sentido, la incorporación de los campesinos en esa categoría "ampara la petición de libertad inmediata e incondicional de los labriegos y deja su encarcelamiento sin sustento legal", afirmó el abogado.
Montiel, de 44 años, es candidato al premio internacional anual de la Fundación Goldman, de San Francisco, Estados Unidos, que se entregará este miércoles. El Sierra Club respalda la postulación de Montiel al galardón, considerado el "premio Nobel ambientalista".
Las organizaciones de derechos humanos y ecologistas han registrado numerosos casos de acoso oficial a defensores del ambiente en una decena de países, entre ellos China, Ecuador, Nigeria y Rusia.
Estos activistas han sido abanderados por Amnistía Internacional y Sierra Club en la campaña mundial denominada "Defendiendo a quienes dan voz a la Tierra", informó Fernández.
La tala indiscriminada de pino, abeto, ocote y cedro, entre otras maderas de la región de la Costa Grande de Guerrero, es una práctica añeja, de acuerdo con denuncias de los lugareños.
Ese fenómeno se agudizó, sin embargo, a raíz de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, con Canadá y Estados Unidos, en enero de 1994, que permitió las actividades en la zona de la trasnacional Boise Cascade, cuya matriz está en Idaho.
El saqueo indiscriminado en varios miles de kilómetros cuadrados de bosques de la Costa Grande determinó la creación de la Organización de Campesinos Ecologistas de Petatlán y Coyuca de Catalán.
"La acción pacífica de unos 150 campesinos ecologistas organizados recibió como respuesta oficial una ola de amenazas, hostigamiento y represión que tuvo su punto culminante con el asesinato de tres personas y el encarcelamiento" de Montiel y Cabrera, declaró el abogado.
Entre mayo y julio de 1998, resultaron muertos Aniceto Martínez, Elena Barajas y Romualdo Gómez, mientras otras personas eran torturadas por el ejército.
A mediados de marzo, el campesino Maximino Marcial Jaimes desapareció, según testigos, tras ser secuestrado por paramilitares que operan en la zona.
Aunque Boise Cascade cerró sus puertas a causa de la resistencia de las comunidades a la explotación de sus recursos naturales milenarios, aserraderos locales, algunos incluso clandestinos, continúan la tala de bosques, relató Fernández.
Sin programas oficiales de reforestación que puedan acabar con el riesgo de desastres naturales, los campesinos denuncian que la acción de los aserraderos han ocasionado severos trastornos al ecosistema.
Los ríos que no se han secado se encuentran contaminados al grado que ha desaparecido la fauna que los habitaba.
Entre otros casos de explotación de los bosques, el grupo ecologista Calixaxan advierte sobre el fenómeno de la tala indiscriminada que ocurre hace décadas en la zona de Totonacapan, en el oriental estado de Veracruz.
Los habitantes de esa área padecen el saqueo anual de más de 10.000 metros cúbicos de cedro rojo y caoba, entre otras maderas preciosas. (FIN/IPS/pf/mj/hd en/00
