GINEBRA – La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) reclamó que la cumbre de la ONU soobre el cambio climático adopte medidas urgentes para proteger a millones de personas refugiadas y desplazadas por la fuerza, cada vez más expuestas a los devastadores efectos del cambio climático.
“Las personas refugiadas sufren una doble injusticia. Se han visto obligadas a huir de conflictos que no han provocado y ahora están en primera línea de una crisis climática a la que apenas han contribuido”, expresó Antón Leis García, alto comisionado adjunto de Acnur para Operaciones.
Según el último informe de la agencia, cerca de 90 millones de personas desplazadas por la fuerza -tres de cada cuatro en todo el mundo- viven en países con una exposición extrema o elevada a fenómenos relacionados con el clima, como sequías graves, inundaciones mortales y episodios de calor extremo.
Muchas de ellas ya habían huido de conflictos, violencia y persecución y se enfrentan ahora a una nueva crisis en lugares donde los recursos y las posibilidades de adaptación son muy limitados.
Ante la 31 Conferencia de las Partes (COP31) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (Cmnucc), que se inicia el lunes 9 en la ciudad de Antalya, en Turquía, Acnur advierte de que la financiación climática no está llegando a muchas de las comunidades más expuestas a sus efectos.
Su informe da voz a ocho representantes de comunidades desplazadas que se encuentran en primera línea de la crisis climática, y ofrece una perspectiva humana sobre cómo el cambio climático agrava los desplazamientos.
Sus testimonios ponen de relieve la capacidad de resistencia de estas comunidades desplazadas, las soluciones que están impulsando y la importancia de incorporar sus voces a las decisiones climáticas que determinarán su futuro.
Leis García destacó que “para millones de personas, el cambio climático no es una amenaza lejana. Está destruyendo sus refugios, socavando sus medios de vida y poniendo en peligro sus esperanzas de reconstruir sus vidas”.
“No podemos permitir que quienes ya lo han perdido casi todo queden al margen de la acción climática mundial”, agregó.
La agenda de la COP31 prevé establecer compromisos, con metas medibles hacia 2035, en temas como cero residuos en tierra, mares y océanos; seguridad alimentaria; ciudades resilientes; industrialización verde; transición energética limpia y soluciones integrales en materia de biodiversidad, clima y desertificación.
Ante ese temario que debatirá la inmensa mayoría de los gobiernos del mundo, Acnur expuso que “el cambio climático amenaza también, cada vez más, las posibilidades de encontrar soluciones duraderas para las personas desplazadas”.
Señaló que más de dos de cada tres personas refugiadas que regresaron a sus hogares durante el primer semestre de 2026 lo hicieron a países muy vulnerables a los riesgos climáticos, lo que pone en cuestión la sostenibilidad de esos retornos.
Por ejemplo, en Siria, donde cerca de cuatro millones de personas desplazadas regresaron recientemente, el descenso de las reservas de agua subterránea y los graves fenómenos climáticos adversos amenazan la recuperación.
Las inundaciones registradas en mayo de 2026 a lo largo del río Éufrates dañaron viviendas y obligaron a miles de personas a desplazarse de nuevo.
El calor extremo constituye otra amenaza creciente. De aquí a 2050, uno de cada tres asentamientos de refugiados del África subsahariana podría registrar al menos 100 días al año de calor peligroso para la salud. Más de la mitad de los lugares analizados podrían experimentar al menos 50 días adicionales de temperaturas extremas al año.
En algunos asentamientos de Etiopía, entre ellos Helaweyn, el calor peligroso podría prolongarse durante más de 200 días al año, con riesgos cada vez mayores para la salud y los medios de vida de las personas desplazadas, y para su capacidad de permanecer en los lugares donde han encontrado protección.
Por otra parte, los desastres relacionados con fenómenos meteorológicos provocaron más de 255 millones de desplazamientos internos en todo el mundo durante la última década, el equivalente a unos 70 000 al día.
En África oriental, las previsiones apuntan a que las graves inundaciones asociadas a un episodio muy intenso de El Niño -vientos más cálidos sobre el océano Pacífico- podrían provocar el desplazamiento de hasta tres millones de personas en Somalia, Kenia, Sudán del Sur y Uganda antes de finales de 2026.
La región ya sufrió inundaciones devastadoras en 2023, que obligaron a desplazarse a más de dos millones de personas, incluidas familias que debieron huir en varias ocasiones.
El cambio climático aumenta también el riesgo de apatridia. Cerca de 90 % de los 4,7 millones de personas apátridas registradas en el mundo viven en países con una exposición alta o extrema a amenazas climáticas.
Al carecer de reconocimiento jurídico, muchas de ellas tienen dificultades para acceder a la ayuda en caso de desastre y a los recursos necesarios para adaptarse, lo que las sitúa en una posición de especial vulnerabilidad.
Pese a estos riesgos, la financiación climática sigue sin llegar de manera suficiente a quienes más la necesitan.
Los países frágiles y afectados por conflictos reciben apenas 10 % de la financiación climática mundial, pese a que muchos acogen a importantes poblaciones refugiadas y desplazadas y están gravemente expuestos a los efectos del cambio climático.
También resulta fundamental aumentar la inversión en adaptación, especialmente en las zonas de retorno, para facilitar la reintegración y crear las condiciones necesarias para que los regresos sean seguros, voluntarios y sostenibles.
Acnur destacó que las personas refugiadas y las comunidades de acogida impulsan respuestas innovadoras frente a los desafíos climáticos. Entre ellas figuran sistemas de abastecimiento de agua alimentados con energía solar en el Sahel, la gran franja semiárida que atraviesa África.
También proyectos de agricultura adaptada al cambio climático en Uganda, o tareas de restauración de tierras y manglares en Colombia.
Acnur reiteró que en la COP31 pedirá a los gobiernos y a las instituciones de financiación climática que incluyan a las personas refugiadas y desplazadas en los planes climáticos nacionales y en los mecanismos de financiación.
Asimismo, que aumenten la inversión a largo plazo en adaptación en contextos de fragilidad y en zonas afectadas por los desplazamientos, y que dejen atrás las respuestas basadas exclusivamente en la ayuda humanitaria a corto plazo para apostar por soluciones más sostenibles y lideradas desde el ámbito local.
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