México se apresta a dar pelea contra un fallo judicial estadounidense que reactivó una vieja guerra comercial, al restringir por razones ambientales las importaciones de atún mexicano.
El juez Thelton Henderson, de San Francisco, consideró el martes insuficientes los informes científicos sobre la protección del delfín en la pesca de atún mexicano que permitieron, hace un año, el levantamiento del embargo estadounidense a las importaciones del producto.
La sentencia restauró las restricciones a la comercialización de atún impuestas hace una década por el mismo juez Henderson. La demanda había sido presentada por un grupo de organizaciones no gubernamentales encabezadas por Isla de la Tierra.
Los activistas sostienen que aunque se redujo de 100.000 a 2.000 el número de delfines muertos en el proceso de pesca de atún, los que resultan atrapados en las redes sufren una "tensión nerviosa" que altera la reproducción de la especie.
Henderson determinó ahora que los estudios presentados por México con los que se fundamentó el año pasado el levantamiento de las restricciones comerciales son sólo preliminares.
La falta de información científica imposibilita concluir que la población de delfines no es afectadas por estrés, según el juez californiano, quien determinó improcedente que el atún mexicano se venda en Estados Unidos con la etiqueta Dolphin-Safe.
Aunque el embargo fue levantado, las exportaciones del producto al importante mercado nunca se concretaron. La flota atunera mexicana se aprestaba a reanudar la venta del producto con el membrete Dolphin-safe.
El bloqueo comercial promovido por ambientalistas ha causado enormes pérdidas económicas al sector pesquero mexicano, que sólo en 1992 dejó de percibir 44 millones de dólares, según datos oficiales.
La Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados "está alerta y pendiente de los acontecimientos, con el fin de apoyar al sector pesquero mexicano que busca resolver un asunto ya viejo", dijo a IPS su presidente, Francisco Vera.
La sentencia estadounidense "demuestra que existe la consigna de preservar el embargo debido a que hay intereses económicos muy fuertes", afirmó Vera, del conservador y opositor Partido Acción Nacional.
"La supuesta defensa de la ecología en el asunto es sólo un pretexto, pues México ha demostrado que cumple con las normas ambientales en vigor", aseguró Vera.
La secretaria (ministra) de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, Julia Carabias, emprendió este miércoles en Estados Unidos una campaña para revertir la decisión judicial estadounidense.
La funcionaria viajó a Estados Unidos con un amplio legajo bajo el brazo, con la intención de exponer los argumentos del gobierno mexicano para echar abajo la determinación del juez Henderson.
Carabias procurará el levantamiento del embargo atunero sobre la base de información científica que ha sido reconocida ya por la Subsecretaría para Asuntos Globales del Departamento de Estado (cancillería) estadounidense.
Esos documentos avalan las modificaciones de los métodos de captura aplicados por del sector pesquero mexicano en el océano Pacífico oriental, según la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnap).
La determinación del juez Henderson afectará además a Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Venzuela, entre otros países.
La mayoría de las naciones de la región que poseen costas sobre el océano Pacífico firmaron un acuerdo en el marco de la Comisión Interamericana del Atún Tropical para garantizar la pesca sustentable de esa especie, que tiene al delfín como acompañante natural.
La Semarnap calificó de "injusto" el fallo y expresó su confianza en que las autoridades de Estados Unidos adopten las medidas necesarias para revertir una decisión adoptada sobre la base de la "desinformación".
El representante de la Semarnap en Washington, Mario Aguilar, afirmó que "la determinación del juez ignoró la evidencia científica presentada por el Servicio Nacional de Pesquerías Martítimas (de Estados Unidos) y omite el mandato del Congreso" legislativo.
En 10 años de alegatos, la Cámara Nacional de la Industria Pesquera Mexicana ha sostenido que, a diferencia de lo que sucede con la flota pesquera estadunidense, el sector de este país latinoamericano no atenta contra la vida de los delfines.
Esa cámara denunció la pérdida de más de 30.000 empleos como consecuencia del embargo, detrás del cual operan, según los empresarios, intereses comerciales proteccionistas.
En el océano Pacífico oriental existen entre 10 y 12 millones de delfines y nacen de 1,6 a 1,8 millones cada año. México produce 150.000 toneladas de atún anuales, 130.000 de las cuales se destinan al consumo interno. (FIN/IPS/pf/mj/if en/00
