Human Rights Watch (HRW) exhortó a los líderes africanos que buscan una solución al conflicto de Burundi a rechazar cualquier propuesta de amnistía para los autores de atrocidades cometidas en el pequeño país centroafricano.
HRW, una organización defensora de los derechos humanos con sede en Nueva York, anunció que procurará una ampliación de la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional para Ruanda para que incluya también crímenes contra la humanidad cometidos en el vecino Burundi.
"Una amnistía en Burundi es exactamente la medida que no se debe tomar", declaró Peter Takirambudde, director de HRW/Africa.
Durante la última ronda de conversaciones de paz sobre Burundi, realizada en la ciudad tanzania de Arusha en febrero con la mediación del ex presidente sudafricano Nelson Mandela, los negociadores mencionaron la posibilidad de una amnistía para poder destrabar el proceso de paz.
Pero HRW arguyó que la perspectiva de una amnistía no solo impide la posibilidad de hacer justicia para los crímenes contra la humanidad, sino que también alienta a grupos extremistas a cometer horrores similares en el futuro.
"¿Cómo puede haber esperanza de justicia y orden en Burundi si crímenes de esta magnitud quedan impunes?", preguntó Tukirambudde.
"Si se llega a la paz sin justicia para Burundi, esto se sentirá en toda la región. Dado el encarnizamiento de las tensiones étnicas en Africa central, la renuncia a la justicia para los crímenes estimulará a los líderes inescrupulosos a elegir la matanza étnica como forma de derrotar a sus enemigos", advirtió.
La guerra civil de Burundi estalló en 1993, poco después de la llegada al poder del primer presidente elegido democráticamente, Melchior Ndandaye, de la etnia hutu.
El asesinato de Ndandaye y otros altos funcionarios, presuntamente por soldados tutsis, derivó en una situación caótica en que hutus y tutsis se masacraron entre sí.
Las masacres continuaron hasta que el actual presidente, Pierre Buyoya, un tutsi, tomó el poder en un golpe militar en 1996.
El conflicto de Burundi fue descripto como una guerra en la que tanto el gobierno como los rebeldes utilizaron civiles como instrumentos, con un profundo odio étnico arraigado en el pasado colonial.
Muchas de las matanzas ocurridas en el país centroafricano, ya fueran perpetradas por tutsis o hutus, fueron descriptas por la Organización de las Naciones Unidas como crímenes contra la humanidad y, en algunos casos, genocidio.
Los dos principales grupos insurgentes de Burundi, ambos predominantemente hutus, son las Fuerzas de Liberación Nacional y el Consejo Nacional para la Defensa de la Democracia-Fuerzas para la Defensa de la Democracia.
Ambos grupos continúan luchando contra el gobierno de Buyoya y cometen ataques rutinarios contra civiles y agencias humanitarias, a las que acusan de tener demasiados miembros tutsis.
Los intentos por restaurar la paz en el pequeño país centroafricano fracasaron bajo la conducción de Julius Nyerere, presidente de Tanzania, quien falleció en octubre del año pasado.
Las negociaciones continúan con la mediación de Mandela, pero se demoran y aparentemente tienen pocas posibilidades de poner fin al conflicto de siete años.
En cambio, tanto los rebeldes como el ejército incrementaron su acción militar en los alrededores de Bujumbura, la capital, y en el sureste del país.
En respuesta a la escalada de los ataques rebeldes, que expulsaron de sus hogares a miles de personas, el gobierno debió agrupar a unas 300.000 personas en campamentos, donde padecen escasez de agua, alimentos y asistencia médica.
Al menos 100.000 personas han muerto en la guerra de Burundi, que tiene notables similitudes con su vecina Ruanda, donde en 1994 hasta un millón de tutsis fueron masacrados por extremistas hutus en apenas 100 días.
El Tribunal Penal Internacional para Ruanda, con sede en Arusha, fue establecido en 1994 para castigar a los autores del genocidio.
En un nuevo informe, HRW detalló por primera vez pruebas de la participación de combatientes hutus ruandeses en el conflicto de Burundi.
El informe sugiere que hasta la mitad de los rebeldes que operan alrededor de Bujumbura son soldados exiliados que pertenecían al ejército responsable del genocidio de Ruanda.
Además de ser vecinos, ambos países francoparlantes son ex colonias belgas y comparten una historia política común en la que la minoría tutsi monopolizó el poder.
Los hutus forman más de 80 por ciento de la población de Burundi, y una elección democrática seguramente resultaría a favor de un gobierno hutu, aunque los tutsis gobernaron el país durante la mayor parte de su vida independiente, iniciada en 1962.
"Lo que ocurre dentro de Burundi también ocurre en la región… Dadas las amenazas aun contra el gobierno aparentemente estable de Ruanda, la comunidad internacional debe demostrar que los crímenes contra la humanidad se castigan, sin importar dónde o por quién son cometidos", urgió HRW.
Esos crímenes "deben ser juzgados pronta y efectivamente por un tribunal internacional y por cortes burundianas", exhorta el Informe Mundial sobre Burundi 2000 de HRW.
"Una paz sin justicia por los crímenes cometidos ofrece escasa esperanza de estabilidad, dentro de Burundi o de la región", advirtió la organización. (FIN/IPS/tra- en/ja/sm/mlm/hd/00
