Seis de los ocho candidatos a la Presidencia de Perú se unieron para exigir a la misión de observadores de la OEA, a la que califican de "blanda y contemporizadora", mayor firmeza contra supuestas maniobras oficialistas hacia las elecciones del 9 de abril.
"Hemos hecho llegar a la Secretaria General de la OEA (Organización de Estados Americanos) nuestra extrañeza por la conducta del jefe de la misión, Eduardo Stein", comentó este miércoles el candidato presidencial Víctor Andrés García Belaunde, del partido Acción Popular.
García Belaunde es el portavoz de seis candidatos que competirán contra el presidente Alberto Fujimori, quien aspira a la reelección. El grupo acordó esta semana pedir a la OEA mayor dureza en su evaluación sobre el proceso electoral.
"Lejos de pronunciarse y asumir su responsabilidad, Stein muestra un conducta indefinida, errática. Parece que quiere congraciarse al mismo tiempo con el gobierno y con la oposición", añadió.
"Stein ha recibido informes de las múltiples violaciones a la legalidad y la transparencia electoral que se están cometiendo para imponer la reelección anticonstitucional de Fujimori, pero parece no tomarlas en cuenta", expresó, por su parte, el líder de Acción Popular, Valentín Paniagua.
Fujimori fue elegido en 1990 y reelegido en 1995. Ahora se postula a una segunda reelección.
La Constitución vigente, promulgada por el propio Fujimori, admite una sola reelección consecutiva. Pero el Congreso legislativo aprobó en 1998 una ley interpretativa, según la cual el primer periodo de gobierno no se toma en cuenta porque la elección se celebraron con la anterior Carta Magna.
La misión de observadores de la OEA presidida por Stein, ex canciller de Guatemala, llegó la semana pasada a Lima. Fujimori prometió al diplomático poner en practica las recomendaciones de los observadores internacionales para garantizar la pureza electoral.
"Le hicimos notar al presidente Alberto Fujimori que algunos hechos cuestionados podrían comprometer la legitimidad de las elecciones, y los miembros de la misión salimos satisfechos por las extensas respuestas que obtuvimos", dijo Stein.
Estas declaraciones fueron consideradas por los partidos opositores un retroceso respecto de otros informes.
La misión del Centro Carter, que dirige el ex presidente estadounidense Jimmy Carter, la organización no gubernamental Transparencia y el Departamento de Estado (cancillería) de Estados Unidos habían emitido enérgicos cuestionamientos al proceso electoral peruano.
Estos tres informes reclaman a Fujimori que su gobierno ponga fin al hostigamiento tributario que sufren los candidatos opositores, cese la manipulación periodística en beneficio del oficialismo y logre abrir los canales privados de televisión abierta para la propaganda electoral de sus adversarios.
También demandaron al mandatario que impida el empleo de recursos públicos en su campaña electoral y que se abstenga de inaugurar obras publicas y de hacer proselitismo en uso de su investidura.
Fujimori respondió que había ordenado poner en práctica todas esas recomendaciones y solicitado a los propietarios de los canales privados de televisión que la apertura de espacios informativos para todos los candidatos.
"En la televisión estatal hemos abierto espacios gratuitos para todos los partidos y candidatos, pero a la televisión privada no podemos darle órdenes, solo recomendaciones", dijo.
Mientras, un nuevo escándalo estalló en el proceso electoral peruano, cuando el principal diario de este país, El Comercio, reveló que la candidatura de Fujimori se había inscripto utilizando firmas falsificadas.
El Comercio y el canal N de televisión, que emite por cable y es propiedad de ese diario, informaron que el joven desempleado Carlos Rodríguez y su hermana Marita Rodríguez confesaron haber sido contratados junto con otras 50 personas para falsificar firmas de adherentes a la candidatura de Fujimori.
Los hermanos Rodríguez viajaron a Costa Rica, donde se encuentran, con pasajes adquiridos por El Comercio.
Fuentes gubernamentales negaron la falsificación masiva denunciada y recordaron que la inscripción de la candidatura de Fujimori no necesitaba firmas de adherentes porque su movimiento político había obtenido en las últimas elecciones, en 1995, más de 52 por ciento de los votos emitidos.
Sin embargo, la Fiscalía inició una investigación y el legislador oficialista Oscar Medelius, señalado por Rodríguez como organizador de la falsificación masiva, renunció a su inmunidad parlamentaria para someterse a investigación judicial.
Según García Belaunde, la denunciada falsificación de firmas de adherentes debió ser tomada en cuenta por Stein "porque aporta nuevos elementos sobre la ilegitimidad del proceso electoral".
Los candidatos opositores también acordaron solicitar a las autoridades electorales que se les permita conocer el programa electrónico que controlará el sufragio y demandaron que a sus técnicos participen en algunos actos de simulación.
"Tenemos que estar atentos ante un posible fraude electrónico el día de la votación", explicó el congresista Jorge del Castillo, líder del socialdemócrata Partido Aprista Peruano. (FIN/IPS/al/mj/ip/00
