El presidente de Perú, Alberto Fujimori, adoptó de inmediato recomendaciones formuladas esta semana por Estados Unidos para garantizar la equidad y transparencia en los comicios del mes próximo.
Fujimori admitió este jueves la existencia de presiones de Washington en relación con la conducta electoral de su partido, aseguró que las recomendaciones habían sido tomadas en cuenta y anunció sanciones para los funcionarios de su gobierno que las incumplan.
La candidatura de Fujimori a la reelección es resistida por todos los partidos opositores, que consideran inconstitucional esa postulación a un tercer periodo consecutivo.
Atendiendo a las recomendaciones de Estados Unidos, el mandatario interrumpió la inauguración de obras públicas "hasta después de las elecciones" del 9 de abril, y anunció que investigará denuncias sobre violaciones a las leyes electorales por parte de un partido que respalda su candidatura.
El presidente peruano aseguró que ya "no se utilizan recursos del Estado en la propaganda, se está borrando la propaganda electoral en cerros y locales públicos, y la televisión oficial ha abierto espacios gratuitos para todos los candidatos".
La organización no gubernamental Transparencia Internacional, que recibe financiación de organismos internacionales y del gobierno de Estados Unidos, había denunciado desde enero "el uso abusivo de las ventajas del poder en favor de la candidatura de Fujimori y en detrimento de sus adversarios".
La organización reveló el empleo de recursos públicos en la propaganda reeleccionista, así como presiones a mujeres de los barrios marginales que reciben ayuda alimentaria distribuida por el gobierno.
Fujimori aseguró que fueron "destituidos los funcionarios del sistema de distribución gratuita de alimentos en las barriadas que fueron descubiertos entregándolos junto con afiches de proganda electoral".
Transparencia Internacional confirmó, como denuncian los rivales de Fujimori, la negativa de los canales de televisión abierta de aceptar la difusión de publicidad electoral opositora pagando el importe corresponiente.
"Sólo puedo exhortar pero no obligar" a las televisoras a transmitir la propaganda opositora, replicó Fujimori.
Mientras, el último caso de violación de normas electorales comienza a adquirir ribetes de escándalo. Se trata de la falsificación masiva de firmas en la inscripción de uno de los partidos de la alianza electoral que respalda la reelección de Fujimori.
El Departamento de Estado (cancillería) de Estados Unidos transmitió el miércoles a Fujimori su respaldo al defensor del Pueblo, Jorge Santistevan, y a Transparencia Internacional, que fueron atacados por dirigentes oficialistas tras revelar violaciones a las leyes electorales.
Fujimori negó que la mayoría oficialista en el parlamento planee destituir al Santistevan, "cuya labor independiente será respetada y respaldada".
Santistevan, el primer defensor del Pueblo, cargo creado por el gobierno de Fujimori en base al modelo del "ombudsman" que existe en algunos países europeos para defender al sector civil de los abusos del poder, se ha convertido en los últimos días en una importante figura de la oposición.
La semana pasada, el funcionario divulgó la confesión de Carlos Rodrígue de haber participado en la falsificación masiva de firmas para la inscripción del movimiento Perú 2000, integrante de alianza que respalda la candidatura de Fujimori.
Rodríguez se encuentra en Costa Rica, a donde viajó con pasajes pagados por El Comercio, diario opositor que tuvo la primicia de su confesión.
La falsificación habría tenido la finalidad de aumentar la cuota de candidatos parlamentarios de Perú 2000, en perjuicio de los restantes tres partidos de la alianza oficialista.
Perú 2000 replicó que "se trata de una patraña montada por la oposición para deslegitimar el proceso electoral y crear condiciones para un golpe militar".
Esta denuncia no basta para anular la postulación de Fujimori, cuya inscripción superó con amplitud el mínimo de adhesiones equivalente a cinco por ciento de votos en las últimas elecciones de 1995, pero sacudió la opinión pública.
Las últimas encuestas indican que Fujimori perdió tres puntos porcentuales en intención de voto entre enero y los primeros días de marzo. Su actual potencial de votos asciende a 42 por ciento, y se supone que seguirá perdiendo sufragios si las investigaciones confirman la falsificación masiva de firmas.
Las denuncias fueron admitidas como ciertas por representantes del Centro Carter, organización independiente estadounidense dirigida por el ex presidente Jimmy Carter.
A raíz de los anuncios del Centro Carter, el Departamento de Estado instó al gobierno de Fujimori a revertir las supuestas practicas que afectan la legalidad y limpieza del proceso electoral.
Fujimori sostuvo el miércoles y reiteró este jueves que su gobierno adoptó las medidas recomendadas por Washington en beneficio de la transparencia del proceso electoral, y advirtió que sancionaría a los funcionarios que las incumplan.
"Hemos puesto en práctica las recomendaciones del Departamento de Estado norteamericano y las fomuladas por el Centro Carter, y cualquiera puede comprobarlo", aseguró Fujimori. (FIN/IPS/al/mj/ip hd/00
