El ex presidente Eduardo Frei jurará este martes como el segundo senador vitalicio en la historia de Chile luego del ex dictador Augusto Pinochet, mientras se aleja la posibilidad de un acuerdo entre el gobierno y la derecha para culminar la transición a la democracia.
Frei, quien el día 11 entregó la banda presidencial a Ricardo Lagos, será investido como senador vitalicio en una ceremonia especial en la sede del Congreso Legislativo en Valparaíso, 120 kilómetros al oeste de Santiago, según mandato de la Constitución heredada de la dictadura de Pinochet (1973-1990).
La Concertación por la Democracia, que gobernó con Patricio Aylwin (1990-1994), Frei (1994-2000) y ahora con Lagos, no consiguió en esta década una mayoría suficiente en el parlamento para reformar la carta política y eliminar, como era su intención, los senadores designados y vitalicios.
El Senado chileno está formado por 38 miembros elegidos por el voto popular y nueve designados, entre ellos cinco civiles: dos ex magistrados de la Corte Suprema, un ex ministro de Estado, un ex rector universitario y un ex contralor de la República.
Otros cuatro senadores designados son militares retirados en representación del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la policía de Carabineros.
La constitución otorgó la jerarquía de senadores vitalicios a ex gobernantes que hayan estado en el cargo por lo menos seis años, lo cual permitió a Pinochet acceder al congreso el 11 de marzo de 1998, un día después de abandonar el mando del Ejército.
Con la incorporación de Frei aumentan a dos los senadores vitalicios y la coalición gobernante contará con 24 votos en la cámara alta, incluyendo a tres designados y al propio Frei.
La oposición derechista cuenta con 21 senadores, contando a dos designados y a Pinochet. Otros cuatro designados son independientes y votan con uno u otro bloque.
Pese a rechazar la existencia de los senadores elegidos al margen del sufragio ciudadano, Frei asumirá un escaño vitalicio bajo la premisa de "no ceder espacios a la derecha" y contribuir a reformar la constitución para eliminar sus normas autoritarias.
La ventaja de la coalición gobernante en el Senado es muy precaria y no permite la aprobación de enmiendas constitucionales ni de leyes relativas a las Fuerzas Armadas, para lo cual se requieren mayorías de dos tercios o tres quintos, según dejó establecido la dictadura.
Lagos, al igual que sus dos antecesores, está obligado a buscar acuerdos legislativos con la derecha para terminar con los llamados "enclaves autoritarios", ya que tampoco existe en Chile la posibilidad de plebiscitar reformas constitucionales.
El ministro del Interior, José Miguel Insulza, participó el sábado en un consejo ampliado de la Unión Demócrata Independiente (UDI), uno de los tres partidos de la oposición derechista, para analizar un posible acuerdo que permita "cerrar" la transición a la democracia.
Los directivos de la UDI pusieron como una condición básica para un acuerdo que el oficialismo posibilite "un retiro digno de la vida pública" del ex dictador Pinochet, quien afronta, tras regresar de su arresto de 503 días en Londres, un probable juicio en Chile por crímenes represivos.
La agrupación derechista pidió también acuerdos consensuados en materias constitucionales y que se "supere" el problema que representan unos 1.200 casos no aclarados de desapariciones forzadas durante la dictadura.
El senador Ricardo Núñez, presidente del Partido Socialista (PS), anticipó el rechazo de su colectividad a las condiciones de la UDI. El "retiro digno" de Pinochet significa no procesarlo y burlar con ello la justicia, señaló.
El PS, al que pertenece el presidente Lagos, es uno de los cuatro miembros de la coalición gobernante, integrada además por los partidos Demócrata Cristiano (PDC, al que pertenece Frei), Por la Democracia (PPD) y Radical Socialdemócrata (PRSD).
Tanto el PS como el PPD anunciaron que el próximo sábado votarán contra una reforma constitucional que crea un estatuto para los ex presidentes y otorgaría un pensión de retiro e inmunidad penal a Pinochet en caso de que éste renuncie, por su supuesto mal estado de salud, a la senaturía vitalicia.
"La mayoría de los chilenos no quiere culminar la transición de forma hipócrita, sino que espera cerrar todos los capítulos pendientes de manera clara y transparente", dijo el presidente del PS.
La posibilidad de un acuerdo sobre el problema de los detenidos- desaparecidos también se alejó el fin de semana, luego de que abogados de derechos humanos censuraran la participación en el consejo ampliado de la UDI de Edmundo Pérez, ex ministro de Defensa del gobierno de Frei.
Pérez, militante del PDC, dio a conocer en la reunión de la UDI un texto, hasta entonces secreto, con el borrador de un acuerdo sobre derechos humanos discutido en la Mesa de Diálogo cívico- militar instalada en agosto y que encabezó el propio ex ministro.
Los abogados Roberto Garretón y Héctor Salazar señalaron que Pérez violó un compromiso de silencio en torno del documento, que aún no ha sido firmado por todos los integrantes de la mesa, en la cual participan representantes de las Fuerzas Armadas y personalidades académicas, culturales y religiosas.
Garretón, también del PDC, reprobó especialmente que el ex ministro difundiera el texto del posible acuerdo en una reunión de la UDI en la cual participaron antiguos funcionarios de la dictadura involucrados en violaciones de derechos humanos, como el ex ministro del Interior y actual senador Sergio Fernández. (FIN/IPS/ggr/mj/hd ip/00
