La presentación de dos versiones del "Plan Colombia" en Estados Unidos y Europa ha creado dudas sobre las prioridades del gobierno de Miguel Pastrana en materia de paz y lucha contra el narcotráfico.
La diferencia de enfoques fue atribuido por algunos analistas a problemas de improvisación o a la necesidad de ceder a presiones internacionales para acceder a los recursos económicos que se requieren para la financiación del plan.
La primera versión del Plan Colombia que se conoció, escrita en inglés y presentada en septiembre por Pastrana a Washington para solicitar una ayuda cercana a 1.600 millones de dólares, es objeto de debate en el Congreso y sectores de la sociedad civil de Estados Unidos.
El documento entregado al gobierno estadounidense señala "en su introducción que la lucha contra el narcotráfico constituye el núcleo de la estrategia colombiana", aseguró la politóloga Arline Tickner, profesora de la estatal Universidad Nacional de Colombia y de la privada Universidad de Los Andes.
Así mismo, denota "la centralidad de la lucha antidrogas para la economía, la administración de justicia, la democratización, el desarrollo social y la paz en el país".
La segunda versión del Plan Colombia, que será presentada a los países europeos en la mesa de donantes que se instalará en España en junio, presenta un enfoque atenuado de la lucha antinarcóticos, y el capítulo que se refiere a la paz fue colocado en primer plano para resaltar su importancia.
En la versión del Plan Colombia presentada a Washington el capítulo sobre la estrategia antidrogas es "el más extenso y mejor desarrollado" en términos de identificación de objetivos y acciones específicas", mientras que el del proceso de paz "es de los más débiles y vagos", dijo Tickner.
El Congreso estadounidense estudia una ayuda militar para Colombia cercana a 1.036 millones de dólares para dos años, adicionales a los 289 millones que se aprobaron en 1999 y que colocaron el país sudamericano como el tercer receptor de asistencia norteamericana después de Israel y Egipto.
De este monto, 600 millones están destinados a la lucha antidrogas en el sudeste del país y cerca de 50 millones a programas de desarrollo cultivos alternativos a la coca.
En el Plan que se presentará en Europa se destaca el punto de la defensa a los derechos humanos, que para los países europeos ha sido especial objeto de preocupación, y no hace gran referencia al tema del fortalecimiento militar.
El Plan Colombia, definido por el gobierno como "una estrategia integral (…) para la paz, la prosperidad y el fortalecimiento del Estado", requiere una inversión de 7,5 millones de dólares.
El gobierno colombiano aportará cuatro millones de dólares, Estados Unidos estudia una ayuda cercana a los 1,3 millones y el resto se espera que provenga de la mesa de donantes europeos.
Ricardo Vargas, investigador de Acción Andina, que estudia el tema del narcotráfico en los países de la subregión, dijo a IPS que el debate de la propuesta colombiana será más complicada en Europa que en Estados Unidos, que ve respaldada en el Plan su estrategia militarista para su lucha contra el narcotráfico.
"No sé cuál va a ser la respuesta de Europa ante la propuesta de asumir un papel para ser la parte complementaria" en una estrategia que es de Estados Unidos y que «va a profundizar la guerra", afirmó el experto.
Países como "Suiza y Alemania están avanzando en un cuestionamiento de esa estrategia", que no es sólo "para garantizar la destrucción de laboratorios y narcocultivos, sino para romper los ejes de comunicación" que tiene la guerrilla en el sudeste de Colombia, aseguró.
Gran parte de los recursos se destinarán a la financiación de una brigada antinarcóticos en el sur del país, una región con alta presencia de la guerrilla, que según los organismos de seguridad colombianos y estadounidenses protege los cultivos.
El Batallón antinarcóticos contaría con 3.200 hombres, que al igual que otro que entró a operar en septiembre recibirán equipos y entrenamiento militar de Estados Unidos.
El centro de la guerra que se avecina, según Vargas, será el departamento de Putumayo, eje de comunicación de la guerrilla con el sur y una zona de colonización en el que se cultiva el 50 por ciento de la coca que se produce en Colombia, de las que viven cerca de 13.000 familias campesinas.
"La insurgencia conoce qué puede perder y se va defender a muerte" en una guerra "en la que el Estado no tiene capacidad de garantizar la defensa de la vida de la población civil", concluyó Vargas. (FIN/IPS/yf/ag/ip/00
