Representantes de más de 130 países comenzaron hoy negociaciones en Montreal, Canadá, para acordar un protocolo internacional que contemple la seguridad en la transferencia, la manipulación y el uso de los organismos genéticamente modificados (OGM).
Aún no se sabe si se logrará acuerdo alguno ya que la Unión Europea insiste que se tomen en cuenta la seguridad de los alimentos mientras otros, como Estados Unidos, prefieren favorecer los intereses comerciales.
En la actualidad, no existen acuerdos internacionales obligatorios sobre el movimiento internacional de los OGM. Algunos países africanos, asiáticos, europeos y latinoamericanos quieren tener el derecho de prohibir los OGM si consideran que estos amenazan el ambiente o la salud pública.
"En materia ambiental, el protocolo ofrecerá las herramientas para atender la importación de OGM que podrían tener consecuencias adversas para la biodiversidad", dijo la Comisaria de Ambiente de la UE, Margot Wallstrom, en Bruselas.
"Esto es de suma importancia para los países en desarrollo que aún no tienen los mecanismos adecuados para manejar este tipo de organismos", señaló.
Es de "absoluta prioridad" concluir las negociaciones y que el protocolo se base en el llamado principio de precaución, por el cual la UE puede excluir productos de su mercado si tiene la evidencia, aunque no necesariamente las pruebas científicas, de que representan una amenaza para la salud de los consumidores, dijo.
"Los consumidores europeos destacaron en reiteradas ocasiones el vínculo existente entre, por una parte, la aceptación del público de la biotecnología, y por otra, el control riguroso y transparente de los OGM", dijo David Byrne, Comisario Europeo de Salud y Protección del Consumidor.
"Creo que un sistema adecuado de etiquetas que adviertan sobre los alimentos genéticamente modificados es uno de los puntales para resolver la controversia actual con respecto a la aplicación de la biotecnología a los alimentos", agregó.
La UE incorporó expresamente en su marco legal el derecho a la información de los consumidores, en especial sobre las OMG.
Una investigación de 1998 reveló que 86 por ciento de los consumidores europeos, cada vez más preocupados por las crisis derivadas del consumo de alimentos, como la provocada por la enfermedad de las "vacas locas", exigen etiquetas que adviertan sobre los OGM.
Pero Estados Unidos, el principal exportador de cultivos genéticamente alterados del mundo, no está dispuesto a negociar el punto de la seguridad alimenticia.
Isi Siddique, asesor del secretario de Agricultura de Estados Unidos, Dan Glickman, dijo en la conferencia de Montreal que su país es contrario a "toda iniciativa para ampliar la agenda" de las negociaciones.
Este mes, Washington advirtió a la UE que el protocolo de bioseguridad "no se debe convertir en un acuerdo que contemple otros puntos, por ejemplo la seguridad alimenticia".
Representantes del gobierno estadounidense quieren que el protocolo sea "coherente" con las normas de la Organización Mundial de Comercio (OMC).
Pero "no sería aceptable subordinar el protocolo a la OMC", advirtió Wallstrom la semana pasada en Bruselas, antes de partir para Montreal.
Las discusiones sobre el protocolo de bioseguridad incluyen el argumento por el cual un país puede negar el ingreso a su territorio de OMG y además debe tomar en cuenta las reglas de libre comercio aplicadas por la OMC.
En noviembre, Canadá y Estados Unidos propusieron que las normas de la OMC abarquen la biotecnología.
"Su evidente propósito es… que los alimentos genéticamente modificados se regulen por las normas del comercio internacional y no por la protección al ambiente", advirtió en enero la organización ambientalista Greenpeace.
"Como las normas de la OMC se inclinan por fomentar el comercio en lugar de proteger el ambiente, eso significaría que los países tendrían grandes dificultades para rechazar las importaciones de los alimentos genéticamente modificados", agregó.
En Europa, los alimentos modificados sólo ingresan al mercado después de que hayan sido verificados científicamente y se los considere aptos para la salud y el ambiente.
La legislación europea estipula que, en los casos en que la evidencia científica sea insuficiente, inconducente o incierta, y en que sean posibles los riesgos para la salud o el ambiente, las medidas a tomar se deben basar en el principio de la precaución.
El órgano ejecutivo de la UE, la Comisión Europea, aún está en el proceso de definir el principio y de aclarar cómo se puede aplicar para proteger al público y evitar su uso con fines proteccionistas.
Las compañías europeas están obligadas a adherir etiquetas de advertencia en los alimentos que contengan más de uno por ciento de OGM.
Greenpeace indicó que Estados Unidos amenazó a la UE con tomar medidas ante la OMC por el régimen de etiquetas del bloque ya que Washington considera que este viola las normas internacionales de libre comercio.
Las negociaciones sobre el protocolo de seguridad colapsaron en febrero, en la ciudad colombiana de Cartagena, cuando Estados Unidos, al frente del llamado Grupo de Miami de países exportadores de cereales (que incluye a Argentina, Australia, Canadá, Chile y Uruguay), se negó a aceptar las etiquetas de los OMG porque, argumentó, limitarían el libre comercio.
"Al final de las negociaciones (de Cartagena), la UE presentó una medida conciliatoria que fue aceptada por 140 países, pero rechazada por… el Grupo de Miami", dijo Wallstrom.
"Canadá y Estados Unidos aplastaron todo intento de concretar un Protocolo de Bioseguridad sólido", según Michael Khoo, de Greenpeace.
"Los representantes de gobierno reunidos en Montreal tienen la última oportunidad para hallar una solución y les pedimos que no fallen. Los países industrializados como los estados miembro de la UE tienen la responsabilidad de hacerlo posible", dijo Khoo, en una declaración desde Montreal. (FIN/IPS/tra-en/ns/mn/aq/if-en/00
