La lucha contra la corrupción en Honduras se torna cada vez más difícil, debido a que en muchas investigaciones aparecen involucrados policías, funcionarios, litigantes y hasta jueces.
La atención de los hondureños se centró en las últimas dos semanas en la investigación realizada por la fiscalía y la policía en la norteña ciudad de San Pedro Sula, donde se "legalizaban" automóviles robados falsificando la documentación para venderlos en Guatemala y El Salvador.
En esa ciudad las autoridades develaron la existencia de una "mafia legal", al parecer conformada por jueces, fiscales, abogados y el jefe regional de Interpol (Policía Internacional), Martín Pérez Suazo.
Los investigadores indicaron que Pérez Suazo, procesado con prisión, autorizaba la venta de vehículos robados y en custodia de Interpol, obteniendo a cambio comisiones que compartía con litigantes, al menos dos jueces y otros empleados de la justicia.
Comentando este caso, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Oscar Armando Avila, dijo que el combate contra la corrupción se hace "cuesta arriba", si la sociedad no colabora.
Avila agregó que, respecto del "Poder Judicial, resulta vergonzoso para mí aceptar que hay empleados dedicados a este ilícito".
"Aunque estamos comenzando a depurar la casa, quiero dejar claro que en este caso de blanqueo de autos robados, no sólo la justicia está implicada, sino también la policía, la Dirección Ejecutiva de Ingresos (aduanas) y más de un fiscal", afirmó Avila.
Estos escándalos dañan la "imagen del país en el exterior y los medios de comunicación deberían ser más responsables al momento de publicar sus informes, porque con estos casos se perjudica la nación y los trapos sucios deben lavarse en casa", afirmó.
Avila agregó que la Corte está impulsando una especie de "operación limpieza" en el Poder Judicial, pero si realmente se quiere luchar contra la corrupción, la "voluntad política debe ser pareja en todos los sectores".
Pero el escándalo del blanqueo de autos robados no es el único que acapara la atención de los hondureños.
Otro caso que ha conmocionado el país en los últimos días es la acusación de evasión fiscal y estafa contra el ex contralor de las cuentas públicas y actual embajador en Suiza, Teófilo Martell.
Martell y su ex esposa Miriam Gutiérrez, actualmente prófuga de la justicia, son sindicados como responsables de haber introducido de manera ilegal al país productos electrodomésticos y whisky, valorados en más de 500.000 dólares.
El cargamento procedía de Panamá y fue requisado por las autoridades en la sureña región de El Amatillo. En el caso también estarían implicados altos oficiales de la policía y funcionarios aduaneros.
La policía y funcionarios de la Procuraduría del Estado encontraron en la vivienda de Martell varios artefactos para el hogar ingresados de contrabando, además de compartimientos falsos donde se presume escondía más mercadería.
El procurador Héctor Tróchez mostró a los periodistas documentos que probarían que Martell se dedicaba al contrabando desde que estaba al frente de la contraloría, utilizando locales del organismo para esconder la mercadería ilegal.
Martell ocupó ese cargo de 1990 a 1996 y su gestión se caracterizó por ofrecer suntuosas fiestas a la prensa y, al parecer, respaldar las actividades de personas acusadas de participar en actos de corrupción.
"No me explico porqué las autoridades no detuvieron al ex contralor cuando hallaron en su casa evidencias de contrabando", afirmó Tróchez.
"Si hubiera sido otra persona no duden que lo apresan, pero como era un ex funcionario la justicia y las leyes parecen que operan de otra forma", aseguró.
Tróchez informó que esta semana acusará a Martell por los delitos de encubrimiento, contrabando y defraudación fiscal.
Mientras tanto, trascendió esta semana que la cancillería se apresta a cancelar el nombramiento de embajador a Martell, al no quedar muy clara su participación o inocencia en este escándalo de contrabando, uno de las formas más antiguas de corrupción en Honduras.
Sin embargo, Martell aseguró ser "víctima" de una trama urdida por su ex esposa y, tras rezar junto a varios periodistas, dijo que perdonaba a sus detractores, "porque soy inocente y no soy contrabandista".
Las dos investigaciones se realizan apenas un mes después de que un informe de Transparencia Internacional ubicara a Honduras como el segundo país más corrupto de América Latina, lo cual molestó al presidente Carlos Flores, que lo consideró "irresponsable y tendencioso".
Además, organismos multilaterales investigan el destino de los préstamos externos en Honduras, informaron asistentes a una reunión sobre transparencia en América Central realizada este mes en Tegucigalpa, patrocinada por el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Centroamericano de Integración Económica.
El analista política Víctor Meza señaló que la corrupción en este país es tan grave que "parece que estamos siendo gobernados por pequeñas mafias y grupos".
Agregó que "el Estado está perdiendo la partida y eso debe llamarnos la atención para demandar una mayor eficiencia y eficacia de las autoridades en la lucha contra la impunidad y la corrupción".
"Que un ex contralor esté vinculado al contrabando solo nos demuestra que tenemos en puestos claves a gente que al parecer ha delinquido toda su vida, producto de la impunidad del país", afirmó Meza.
"Creo que ha llegado el momento de poner las barbas en remojo y, lejos de criticar los informes de Transparencia Internacional", los que tenemos que hacer es "dar lecciones efectivas en la lucha contra la corrupción", concluyó. (FIN/IPS/tm/dm/ip/99)
