Los opositores al acuerdo celebrado esta semana entre Beijing y Washington sobre las condiciones para el ingreso de China a la OMC planean obstaculizar en el Congreso de Estados Unidos un elemento clave del pacto el próximo año.
No será tarea fácil, porque grandes empresas multinacionales respaldadas por la administración de Bill Clinton, la mayoría de los líderes republicanos del Congreso y los principales precandidatos presidenciales de ambos partidos ya organizaron una multimillonaria campaña de presión.
"Si esta propuesta llega al Congreso el año próximo, habrá una durísima pelea", advirtió Lori Wallach, directora de Global Trade Watch of Public Citizen, una campaña contra la globalización.
Global Trade Watch está en el centro de una inusual y muy influyente coalición de grupos políticos de derecha, empresas textiles, sindicatos, organizaciones religiosas, ambientalistas y activistas tibetanos.
Los integrantes de la coalición, en general del ala derecha del Partido Republicano o del ala izquierda del Partido Demócrata, lograron frustrar los esfuerzos del presidente Clinton en los últimos cuatro años por obtener del Congreso autoridad para negociar nuevos acuerdos comerciales por la "vía rápida".
Como en el pasado, estos grupos argumentarán que el nuevo pacto con China subordina los derechos humanos y el bienestar de los trabajadores estadounidenses a los intereses de la elite empresarial.
La batalla que se cierne sobre el Congreso no será sobre los contenidos específicos del acuerdo celebrado el lunes en Beijing entre negociadores comerciales chinos y estadounidenses.
El acuerdo, el primero de una serie que China debe alcanzar junto con otros importantes miembros de la OMC (Organización Mundial del Comercio) en los próximos meses para poder unirse a la organización mundial, reducirá los aranceles chinos de importación para productos de todo tipo, desde agrícolas hasta automotores.
También permitirá a empresas estadounidenses y de otros países una libertad sin precedentes para distribuir sus bienes y servicios e invertir en firmas chinas.
Al Congreso no le compete opinar sobre esas disposiciones específicas, pero debe aprobar un artículo que la representante comercial Charlene Barshefsky definió como una condición "sine qua non" de Beijing.
Se trata de la concesión a China de "relaciones comerciales normales" (RCN, antes conocidas como el estatuto de nación más favorecida) de manera permanente.
Actualmente China goza de ese estatuto, que le otorga las mismas preferencias que a la mayoría de los restantes socios comerciales de Estados Unidos, pero por ser un país comunista, el Congreso debe aprobarlo una vez al año.
Para otorgar a Beijing el estatuto permanente de RCN, ambas cámaras del Congreso deben enmendar la ley que dispone la aprobación anual, y aunque eso será relativamente fácil en el Senado, donde las fuerzas procomerciales son más fuertes, será muy difícil en la Cámara de Representantes.
Desde que Beijing reprimió de manera sangrienta el movimiento chino por la democracia en 1989, la renovación del estatuto de RCN ha sido una permanente fuente de debate en la cámara baja.
Si China obtiene RCN permanente, los congresistas perderán la única oportunidad regular que tienen de influir en la política de Washington hacia China.
Los legisladores "no quieren renunciar a la influencia que eso implica", declaró el secretario político de un influyente congresista demócrata.
Por otra parte, Beijing y grandes empresas estadounidenses con intereses en China favorecen el ingreso de ésta a la OMC y la concesión de RCN permanente porque eliminarían la posibilidad de que Washington imponga repentinamente sanciones económicas a Beijing que amenacen sus planes de inversión y desarrollo.
Muchas multinacionales estadounidenses, que invirtieron decenas de miles de millones de dólares en China durante esta década, se preparan entonces para una dura batalla.
Business Roundtable, un grupo integrado por altos ejecutivos de las 200 mayores empresas de Estados Unidos, ya comprometió 10 millones de dólares para una campaña de presión.
Otras asociaciones empresariales como la Cámara de Comercio y la Asociación Nacional de Fabricantes también se preparan para movilizar sus respectivas bases electorales.
"El gobierno nos preguntó si podíamos reunir los votos, y nosotros respondimos que podemos y lo haremos", declaró Craig Johnstone, un alto funcionario de la Cámara de Comercio, al periódico The New York Times.
Pero los opositores al acuerdo, muchos de ellos también opositores de la OMC, están igualmente determinados. Se prevé que la campaña estará encabezada por los sindicatos, que son los grupos más preocupados por la exportación de empleos y tecnología estadounidenses a China.
John Sweeney, presidente de la AFL-CIO, la principal federación sindical de este país, consideró que el acuerdo es "un grave error", en una inesperada declaración.
"Al perseguir disidentes, encarcelar a líderes y activistas sindicales y exportar productos elaborados por esclavos, China demuestra que no tiene interés en respetar siquiera las normas más básicas de la comunidad mundial", dijo Sweeney.
Este es sólo uno de los argumentos que se utilizarán tanto contra el ingreso de China a la OMC como contra la concesión del estatuto permanente de RCN.
En cuanto al creciente déficit de Estados Unidos en su comercio con China, George Becker, presidente del sindicato del acero, advirtió que el pacto "agravará el déficit, hará cerrar más fábricas y privará a más obreros de su medio de vida".
Del otro lado del espectro político, los grupos de derecha también se movilizan.
El acuerdo es una prueba de la "volatilidad moral" de Washington, acusó Darren Logan, del Consejo de Investigación de la Familia, un grupo religioso de derecha, en una conferencia de la que participaron varios representantes de la coalición contra el estatuto permanente de RCN.
"No debemos permitir que los intereses comerciales dicten la política exterior de Estados Unidos", agregó.
Argumentos similares esgrimieron Brent Blackwelder, presidente de Amigos de la Tierra, y directores de otras organizaciones ambientalistas.
La admisión de China en la OMC arruinaría los esfuerzos por aumentar la responsabilidad ambiental de la organización, además de perjudicar los intereses de los trabajadores, advirtió Blackwelder.
El acuerdo "demuestra que la verdadera prioridad de la administración consiste en aumentar las ganancias de las grandes empresas, y no en promover la democracia, proteger el ambiente y los derechos humanos", concluyó. (FIN/IPS/tra-en/jl/mk/mlm/if-ip/99
