Campesinos que regresaron a sus hogares después de haber afrontado el desplazamiento forzoso en Colombia pidieron a todos los sectores involucrados en el conflicto armado que respeten su neutralidad.
Lideradas por la Iglesia Católica, las denominadas Comunidades de Paz del Medio y Bajo Atrato, Riosucio, Apartadó y Urabá, que reúnen a cerca de 10.000 campesinos en el noroeste del país, denunciaron amenazas tanto de organizaciones guerrilleras como de grupos paramilitares de derecha.
Una fuente de la diócesis de Apartadó y Quibdó, que pidió anonimato por razones de seguridad, dijo a IPS que en agosto pasado fueron asesinadas 18 personas en la comunidad de Riosucio por presuntos paramilitares que los acusaban de colaborar con la guerrilla.
Así mismo, las comunidades del Medio Atrato fueron amenazadas también en agosto por un paramilitar apodado "Ever", que hizo circular una carta en la región en la que afirmaba: "yo mato y mando a matar y Dios me perdona", indicó.
Esta carta revela que personas "carentes de toda sensibilidad" han convertido la guerra en un medio de subsistencia, añadió.
La diócesis de Apartadó y Quibdó denunció que las Comunidades de Paz se encuentran gravemente amenazadas por ex guerrilleros que han decidido colaborar con los grupos paramilitares.
Estos ex guerrilleros "no tienen el menor reparo en señalar para que sean asesinados" aquellos campesinos que "por temor a las armas o intimidados por amenazas les dieron un vaso de agua, llevaron una carta o les hicieron de comer".
Así mismo, Patricia Teherán, quien desertó de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la mayor organización guerrillera del país, denunció ante los organismos de seguridad que miembros de la comunidad de Apartadó pernitían la presencia de miembros de ese grupo armado.
Teherán manifestó que los guerrilleros encargados de recoger los víveres se movían libremente en la localidad "sin uniforme pero con la radio en las botas".
"Aún si esto fuese verdad", los responsables serían los grupos guerrilleros, que estarían "manipulando a los civiles y violando el compromiso de respeto a la declaratoria de neutralidad que han hecho los campesinos", señaló la Diócesis.
Las Comunidades de Paz de la Diócesis de Apartadó y Urabá retornaron a su región el 23 de octubre de 1997, tras siete meses de ausencia ocasionada por el bombardeo del ejército que combatía a guerrilleros y la presión de los paramilitares.
Después de haber escapado de los bombardeos en marzo de 1997, los campesinos consiguieron construir un campamento en Pavarandó, en el noroccidental departamento de Antioquia.
El desplazamiento forzoso es una de las secuelas más graves del conflicto armado interno y ha dejado sin hogar en los últimos 15 años a 1,5 millones de personas, que representan cerca del cuatro por ciento del total de la población, según organismos de defensa de los derechos humanos.
La Iglesia Católica y organizaciones no gubernamentales nacionales y extranjeras comenzaron a trabajar, con apoyo del gobierno, en un proyecto para que los campesinos retornaran a sus tierras y se constituyeron en Comunidades de Paz, en un acto público que se realizó el 19 de octubre de 1997.
En diciembre de 1998 obtuvieron el Premio Internacional a los Derechos Humanos, otorgado por el gobierno de Francia, en reconocimiento por sus esfuerzos en buscar la paz en medio del conflicto.
El sacerdote Leonidas Moreno, director de la ONG Justicia y Paz, las dificultades enfrentadas en estos dos años "no han disminuido el deseo de continuar firmes en su defensa por la no violencia".
En un acto que se llevó a cabo el 23 de octubre pasado en el municipio de Riosucio, las comunidades ratificaron su compromiso de permanecer ajenos al conflicto armado que vive Colombia y reclamaron a los actores que respeten su neutralidad y al gobierno apoyo para defenderla. (FIN/IPS/yf/ag/hd/99
