Un informe del Congreso de Paraguay presentado el lunes señaló al ex general Lino Oviedo, al ex presidente Raúl Cubas y al ex ministro del Interior Rubén Arias como responsables del asesinato del ex vicepresidente Luis María Argaña, el 23 de marzo.
La Comisión Bicameral de Investigaciones del Congreso (CBI), presidida por el senador Luis Alberto Mauro, trabajó durante seis meses y se disolvió este martes tras entregar el documento, de 1.502 páginas, a la Fiscalía General.
Sus investigaciones abarcaron, además del asesinato de Argaña, incidentes violentos que ocurrieron frente al Congreso a fines de marzo (tras aquel homicidio y antes de la renuncia de Cubas), a raíz de los cuales perdieron la vida siete jóvenes que defendían el parlamento, cuya mayoría impulsaba el juicio político a Cubas.
Quienes integraron la CBI esperan que el informe sirva de base para que diputados e intendentes que siguen a Oviedo, actualmente asilado en Argentina, pierdan sus fueros o renuncien.
Senadores y ministros de la Unión Nacional de Colorados Eticos (Unace), el sector oviedista del Partido Colorado, fueron detenidos luego de la renuncia de Cubas, actualmente asilado en Brasil, y la huida a Argentina de Oviedo, en avioneta.
Cubas fue sustituido por el entonces presidente del Congreso, Luis González Macchi, del sector argañista del Partido Colorado.
Los integrantes de la coalición gobernante, integrada por representantes de todos los partidos políticos tras la renuncia de Cubas, aspiran a reunir los votos necesarios para despojar de su inmunidad a once diputados y varios intendentes de la Unace.
"Con la documentación aportada por la CBI ya estamos en condiciones de aplicar suspensiones a varios legisladores" por 60 días sin goce de sueldo, dijo la senadora Elba Recalde.
Las suspensiones afectarían a once diputados, a los senadores José Francisco Appleyard, Enrique González Quintana y Octavio Gómez, quienes están detenidos, al prófugo Víctor Galeano Perrone y a Ana María Figueredo y Amado Yambay, quienes aún están en actividad.
Las acciones con ese objetivo comenzaron este martes en una sesión de la Cámara de Diputados, que debió realizarse con la custodia de 800 agentes de policía para que no hubiera incidentes como los del jueves, cuando sindicalistas antioviedistas atacaron a legisladores de la Unace para que no asistieran al Congreso.
La sesión de ese día, en la cual estaba previsto votar una moción para destituir a Juan Carlos Barreto, el intendente oviedista de la sudoriental Ciudad del Este, ubicada en la frontera con Brasil y Argentina, debió suspenderse "por falta de garantías".
El diputado oviedista Paul Sarubbi denunció que un accidente automovilístico ocurrido en el fin de semana, en el cual perdió la vida su colega Alipio Rojas, fue provocado.
Sarubbi aseguró que Rojas había sido asesinado a fin de asegurar la mayoría necesaria para destituir a Barreto. La Cámara de Diputados ordenó una investigación de la muerte del legislador, a quien rindió homenaje en la mañana de este martes.
El clan de los Barreto, encabezado por el ex gobernador del departamento sudoriental de Alto Paraná, Carlos Barreto Sarubbi, y por su hijo, el intendente de Ciudad del Este, cayó en desgracia tras la asunción de González Macchi, quien busca forzar el abandono de la intendencia por parte de Juan Carlos Barreto.
El ministro del Interior, Walter Bower, ofreció al intendente la opción de renunciar, para evitar que su propio partido vote una moción que le haría perder sus fueros para ser juzgado, bajo la acusación de haber organizado a quienes dispararon en marzo contra los jóvenes que defendían el Congreso.
En el informe de la CBI se sostuvo que los actos de violencia oviedista en los últimos días del gobierno de Cubas no fueron delitos políticos sino comunes, y que por lo tanto no correspondía el asilo político a sus autores.
Las relaciones de Paraguay con Argentina y Uruguay se tensaron desde fines de agosto, cuando Buenos Aires y Montevideo no aceptaron pedidos de extradición de Oviedo y de seguidores suyos, que también habían recibido asilo político.
De acuerdo con las normas del derecho internacional, una persona que ha recibido asilo político no puede ser extraditada.
La Fiscalía General recibió el lunes 18 el millar y medio de páginas del informe de la CBI, que puede leerse en la página del Senado paraguayo en Internet (http://www.senado.gov.py).
El fiscal del Crimen Carlos Arregui consideró que el documento era "útil" para aclarar quiénes fueron responsables de aquellos actos de violencia.
"Si hay un testigo que habló de ciertos detalles de lo acontecido, nosotros lo convocaremos ante el juzgado para que declare" señaló Arregui.
La justicia ya recogió declaraciones de 300 testigos y otras 100 declaraciones informativas, además de realizar 40 indagatorias sobre los hechos de marzo.
Mauro dijo este martes que "se está conversando con los presidentes de ambas Cámaras legislativas" para crear una oficina que encauce hacia el Poder Judicial los aportes de información sobre aquellos hechos que deseen hacer nuevos denunciantes.
Agregó que "el informe cuenta con testimonios y documentos que sirven para ampliar las investigaciones", y reiteró que del trabajo de la CBI surge que Oviedo, el ex ministro Arias y el ex presidente Cubas fueron autores intelectuales del asesinato de Argaña.
Sin embargo, el ex chofer de Argaña, quien fue gravemente herido en el atentado del 23 de marzo, prestó declaración ante la justicia por tercera vez en la mañana de este martes, y ratificó su identificación de dos sicarios como autores del ataque contra Argaña.
La versión del ex chofer contradice totalmente la versión de los hechos presentada en el informe de la CBI, en el cual debió incluirse a último momento la nueva hipótesis.
La comisión acusó a Oviedo de haber contratado a los asesinos, y lo señaló como responsable de "un proyecto político nazifascista que, con todo su potencial destructivo, se levantó contra las instituciones políticas". (FIN/IPS/cm/mp/ip/99
