El presidente de Honduras, Carlos Flores, logró conjurar hoy un golpe de Estado, al remover los principales cuadros de las Fuerzas Armadas y destituir al viceministro de Defensa, general Roberto Lazarus.
En medio de una cadena de radio con marchas militares, Flores removió a oficiales clave y mantuvo una reunión de más de cinco horas en la sede de la presidencia con el ministro de Defensa, Edgardo Dumas, y con la Junta de Comandantes del Ejército.
Las remociones, en proceso cuando finalizaba la jornada de este viernes, implican el descabezamiento de la cúpula de las Fuerzas Armadas, y responden a la violación de normas sobre la subordinación militar al poder civil.
El gobierno de Flores también manifestó en sus decisiones su disconformidad con lo que considera un abandono de la ética y el profesionalismo y la apelación al chantaje y la corrupción por parte de ciertos militares.
En cadena de radio, el asesor de comunicación del gobierno, Nahum Valladares, dijo que Flores había decidido algunas destituciones amparado en sus facultades constitucionales de comandante general de las Fuerzas Armadas y hacer prevalecer el poder civil sobre el militar.
Mientras, la sede del gobierno permanece acordonada por soldados, y el helicóptero presidencial tiene los motores encendidos y las puertas abiertas, con el piloto en su puesto.
Los cambios eran previsibles, pero al parecer los militares se insubordinaron y prácticamente "encerraron" a Flores en la casa de gobierno, donde, según allegados al mandatario, éste logró abortar un virtual golpe de Estado.
Las calles de la capital lucen desoladas. La población está pendiente de los comunicados emitidos por la presidencia, donde se espera que Flores, junto al ministro Dumas consoliden su liderazgo y aborten por completo cualquier intento de ruptura de la institucionalidad democrática iniciada hace 17 años.
La insubordinación se produjo el mismo día en que la Contraloría General anunció la intervención, a iniciativa del ministro Dumas, de todas las cuentas de las Fuerzas Armadas para investigar denuncias sobre planillas fantasma y establecer un mecanismo de auditoría.
Dumas, el primer civil que encabeza el Ministerio de Defensa en la historia de Honduras, propuso, incluso, que el organismo se encargue de pagar los salarios militares, en procura de mayor transparencia.
La decisión respondía a los nombramientos efectuados en las últimas dos semanas por la junta de comandantes sin consentimiento del ministro, quien se encontraba en México.
Oficiales subordinados al poder civil interpretaron esos cambios a la intención de gestar un golpe. El ministro Dumas dejó sin efecto la decisión de la cúpula militar cuando retornó el lunes al país. "No me fue consultada", argumentó.
"Aquí quien lleva el barco soy yo. El poder civil es quien manda. La decisión de la junta de comandantes en mi ausencia fue inoportuna. Por eso, desconozco esos cambios. Si se dan nuevos nombramientos, los voy hacer yo, en consulta con la Presidencia de la República", dijo Dumas.
Analistas locales interpretaron la jugada de los comandantes a la intención de debilitar al ministro de Defensa, que había anunciado investigaciones exhaustivas sobre el manejo del presupuesto militar, las planillas fantasma y el desorden administrativo.
Los militares temen que, como propone el Ministerio de Defensa, se les controle el presupuesto, se investiguen sus cuentas particulares y se les quite el control de la venta y tenencia de armas, una actividad que les reporta tres millones de dólares anuales, según observadores.
"La chabacanada en la institución se acabó", dijo el ministro este martes.
Mientras, la Dirección de Probidad Administrativa anunció que investigan al prófugo ex gerente de la Armería, coronel Anael Castillo, a quien se atribuye un presunto fraude en la compra de armas por un monto de 20 millones de dólares y en cuyas cuentas personales se hallaron 1,5 millones de dólares.
La Armería es la empresa que extiende los permisos de porte de armas y controla su venta, y que funciona en la órbita del Instituto de Provisión Militar, a cargo de los retiros de las Fuerzas Armadas.
El IPM no es objeto de auditorías ni tiene representantes estatales en su junta directiva, a pesar de que recibe fondos del Estado. (FIN/IPS/tm/mj/ip/99
