El combate contra el narcotráfico desplazó a la lucha contrainsurgente como pretexto de intervención de Estados Unidos en América del Sur, aunque a menudo las fronteras entre uno y otro escenario son permeables.
Así lo estimó el Observatorio Internacional sobre las Drogas, una organización no gubernamental radicada en Francia, al referirse a versiones de que Washington podría preparar una intervención militar directa en Colombia o al menos auspicia una iniciativa de ese tipo asumida por países sudamericanos.
De la misma opinión es la Oficina de Washington para América Latina, un grupo de defensa de los derechos humanos con sede en la capital estadounidense, e intelectuales de ese país como Noam Chomsky, además de organizaciones políticas de izquierda y sociales de América Latina.
Altos funcionarios del gobierno y jefes militares del Estados Unidos han desmentido oficialmente, en reiteradas oportunidades, que Washington esté preparando o propiciando una operación armada en Colombia o en alguna otra nación sudamericana.
"Habrá cero intervención y eso va para cualquiera de los 32 países del hemisferio americano", dijo, por ejemplo, el general Barry Mc Caffrey, director de la Oficina Nacional para el Control de las Drogas de la presidencia estadounidense.
Sin embargo, otras fuentes del gobierno estadounidense son más ambiguas al respecto, al tiempo que el propio presidente Bill Clinton comentó este miércoles que el conflicto colombiano es "un tema de seguridad nacional" para su país.
"Cuando algún dirigente estadounidense afirma algo de ese tenor es porque algún nivel de intervención contra la nación mencionada se está gestando, no necesariamente con Washington a la cabeza pero sí entre bambalinas", afirmó un alto dirigente del izquierdista Partido de los Trabajadores de Brasil.
De Brasil, precisamente, procedería, al igual que de Venezuela, la mayor resistencia en América del Sur a una acción armada extranjera en Colombia bajo el pretexto de combatir el narcotráfico y la expansión de la violencia en ese país.
Por el contrario, según una versión recogida el jueves por los diarios La Nación y Clarín, de Buenos Aires, Argentina estaría al frente de una "iniciativa multilateral para la paz" que consistiría en envíar a Colombia tropas de países sudamericanos, a las que se sumarían luego efectivos estadounidenses.
De acuerdo con ambos matutinos, el presidente Carlos Menem habría sido contactado para ese fin por Washington.
Este lunes, el mandatario argentino manifestó su disposición a despachar contigentes militares a Bogotá si su par colombiano Andrés Pastrana se lo solicitaba.
Esta misma semana, el diario La República, de Lima, reveló la existencia de un plan de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos para intervenir militarmente en Colombia a través de tropas peruanas y ecuatorianas. La noticia fue luego recogida por el diario español ABC.
El plan, que habría sido presentado hace un mes a Vladimiro Montesinos, asesor de seguridad del presidente peruano Alberto Fujimori y considerado en Lima el hombre fuerte del gobierno, apuntaría directamente a combatir a la guerrilla colombiana.
Washington también desmintió esa información.
Analistas políticos estadounidenses consideran que, en realidad, el gobierno de Clinton está dividido en dos tendencias, una proclive a descartar hipótesis de operaciones militares y otra, encarnada por McCaffrey y altos funcionarios del Pentágono (el ministerio de Defensa), que las defienden.
"Ahora tienen el timón los que están a favor de una mayor ayuda militar" al gobierno de Pastrana para el combate del narcotráfico y la guerrilla, señaló Michael Shifter, experto en Colombia del centro de investigación estadounidense Diálogo Interamericano.
En Colombia, el mayor receptor de asistencia militar de Washington después de Israel y Egipto, operan actualmente unos 200 militares estadounidenses.
Oficialmente, esos efectivos tienen como cometido el combate al narcotráfico, pero no son pocos quienes sostienen que también tienen como misión el combate a la guerrilla.
Un informe publicado este martes por el diario El Espectador, de Bogotá, cita a una fuente estadounidense según la cual un avión de ese origen que se estrelló la semana pasada en Colombia era ocupado por agentes de contrainsurgencia, aunque oficialmente estaba destinado a operaciones contra narcotraficantes.
También es con el cometido oficial de combatir el comercio de dorgas que Washington pretende establecer en Ecuador una base militar.
La instalación apunta a remplazar el fracasado proyecto de convertir en centro regional contra el narcotráfico a las bases militares estadounidenses en el canal de Panamá, que deben ser evacuadas el 31 de diciembre de este año.
En caso de acuerdo con el gobierno de Jamil Mahuad, la base estaría situada en el puerto de Manta, donde Estados Unidos dispone ya de un Puesto de Observación Avanzada para Operaciones Regionales Antidrogas.
En una visita a Quito, el general McCaffrey declaró este jueves que Estados Unidos colaborará con el ejército ecuatoriano "en la protección de la frontera con Colombia, donde hay una fuerte relación entre narcotraficantes y guerrilleros".
El llamado "zar antidrogas" estadounidense, que al llegar a Ecuador dijo que en Manta sólo operarían cinco naves tripuladas por 12 soldados, luego señaló que se debería duplicar ese dispositivo.
Agregó además que Washington trasladaría a Ecuador a unas 200 personas, entre militares y funcionarios de aduanas, guardacostas y de la agencia antidrogas.
Ecuador y Estados Unidos ya han establecido una estrecha cooperación militar, que se traduce por ejemplo en la construcción (en marcha) de un cuartel antidrogas y de otras diez instalaciones similares (éstas proyectadas).
De concretarse la base de Manta, que tendría una "vida" mínima de diez años, "sería una ofensa muy grande a nuestra libertad, nuestra autonomía y sobre todo a nuestra soberanía", declaró a IPS el obispo de la ciudad ecuatoriana de Cuenca, Luis Luna Tobar.
En el mismo sentido se pronunció la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos de Ecuador, para la cual ese país podría verse involucrado en "las estrategias continentales que redefinen el papel de los ejércitos nacionales de la región" en función de la lucha contra las guerrillas y el narcotráfico.
También se pronunciaron contra la iniciativa voceros de movimientos sociales, en particular de organizaciones indígenas, que anunciaron su voluntad de resistir la creación de la base. (FIN/IPS/dg/mj/ip/99
