PANAMA: Piratería de marcas y software en franco retroceso

La falsificación de marcas y programas de computación se encuentra en franco retroceso en Panamá, por presiones del gobierno de Estados Unidos y poderosas compañías transnacionales afectadas por ese negocio ilícito.

Los allanamientos, las incautaciones de equipos y la aplicación de multas y acciones penales contra usuarios de programas para computadora que carecen de licencias de fabricación se han intensificado desde mediados de 1998.

También han sido confiscados productos de marcas famosas falsificados y puestos a la venta por comerciantes locales, que operan en la zona libre internacional de la ciudad caribeña de Colón y en la capital panameña.

El directivo de la Cámara de Comercio de Panamá Luis Pimentel afirmó que, en el marco de esa lucha contra la piratería, "se están cometiendo algunas injusticias" con personas que instalaron software en sus computadoras cuando la actividad aún no había sido prohibida.

A comienzos de 1995 entro en vigor en Panamá una ley de protección al derecho de autor y propiedad intelectual, la cual estipula multas y hasta penas de cárcel de entre dos y cuatro años para quienes violen la norma.

Pimentel sostuvo que "ninguna ley puede tener efectos retroactivos", pese a lo cual en muchos casos los allanamientos y decomisos de equipos se realizan contra empresas y personas que instalaron los programas antes de 1995.

Hasta mediados del año pasado 64 por ciento de los software usados en Panamá no contaban con licencias, denunció la organización no gubernamental Busines Software Alliance (BSA), que agrupa a las 104 principales firmas productoras de programas para computadoras de Estados Unidos.

Una situación similar ocurría en otros países de América Central, destacándonse los casos de El Salvador, con 92 por ciento de uso no autorizado de software, seguido de Guatemala (89 por ciento) y Costa Rica (86 por ciento).

Sin embargo, en Estados Unidos es donde se registra la mayor cantidad de piratería de software, señaló el experto estadounidense Estevan Mitchell en un seminario realizado en mayo en Panamá.

Mitchel afirmó que las compañías afiliadas a la BSA pierden 11.000 millones de dólares al año en Estados Unidos a causa de esa actividad ilícita.

La piratería implica graves perjuicios para las empresas y pérdida de fuentes de trabajo. Si se lograra reducir sólo 15 por ciento esa práctica ilegal, se podrían crear 30.000 nuevos puestos laborales en Estados Unidos y la recaudación fiscal sumaría unos 300 millones de dólares, explicó el experto.

El abogado Harry Díaz, representante de la BSA en Panamá, afirmó el martes que desde que se incrementaron los allanamientos y la incautación de equipos con software pirateados las ventas de estos productos se incrementaron en alrededor de 20 por ciento en el mercado panameño.

Díaz indicó que la BSA estableció un período de gracia, que vence el día 11, para que los usuarios de software falsificados compren las licencias correspondientes, luego de lo cual se iniciarán acciones judiciales contra los que violen la norma.

El ex embajador de Estados Unidos en Panamá William Hugues había advertido en junio de 1997 que Washington podría aplicar "fuertes sanciones" a Panamá por permitir el uso ilegal de software y la copia de películas y programas para juegos de video.

Díaz se mostró confiado en llegar a acuerdos con los usuarios que han violado la ley "ya que la parte involucrada no quiere mantener un proceso criminal en su contra", subrayó.

Sin embargo, un proceso iniciado en septiembre de 1998 contra los propietarios de una firma que vendía computadoras con softwares instalados sin pagar los derechos de autor, fueron llamados a juicio en marzo por el fiscal José Ayu Prado.

Cuando el juez que le corresponda atender la causa ponga fecha para dicho juicio, el mismo se convertirá en el primer caso en su tipo desde que fue promulgada la ley de derecho de autor y propiedad intelectual en este país.

Otro juicio por falsificación de marca fue iniciado el 5 de mayo contra el comerciante Avner Moris Ben-Naim por la fabricación de 3.400 pares de lentes de la marca Ray Ban, con un valor de mercado aproximado a los 500.000 dólares.

Pero el juez cuarto de circuito Bethsabé Jaén absolvió a Ben- Naim, debido a que éste no había comercializado aún los lentes falsificados y sólo se le pudo comprobar la tenencia de los mismos.

Películas, ropa, zapatos, relojes y otros productos de marcas reconocidas mundialmente figuran en la lista de falsificaciones que se cometen en Panamá. Esta actividad reporta ganancias cercanas a los 20 millones de dólares anuales, señalan los representantes de las marcas objeto de la piratería. (FIN/IPS/sh/dm/if/99

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