El gobierno de Venezuela determinó la suspensión unilateral del libre transito del transporte de carga pesada desde Colombia, tras 13 días de parálisis en la frontera por una huelga de camioneros en reclamo de esa medida.
El ministro de Infraestructura, Luis Reyes, dijo que el decreto gubernamental que formaliza la decisión fue redactado y los cuatro titulares implicados iniciaron el tramite de su rubrica al comenzar la tarde del miércoles.
En el fronterizo estado de Táchira, la situación comenzó a normalizarse después que los huelguistas empezaron a desbloquear las vías y permitir el suministro de combustible a las estaciones de servicio, tras el compromiso del gobierno.
El ministro del Interior, Luis Miquelena, explicó que la suspensión de la decisión (ley) 399 de la Comunidad Andina "es provisional" y se apoya en "la situación de emergencia" creada por la huelga, que redujo en 75 por ciento el comercio entre Colombia y Venezuela.
La decisión 399 regula el transporte internacional de mercancias por carretera y elimina cualquier restricción a las operaciones de los transportistas del bloque dentro de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.
Miquelena aseguró que el gobierno de Caracas intentó prmover una solución binacional, en conjunto con el de Bogotá, pero esa posibilidad no resultó viable en la práctica.
El gobierno de Colombia demandó este mismo miércoles a Venezuela que se mantenga dentro de la legalidad andina y su ministra de Comercio, Marta Lucía Ramírez, recordó que la libre circulación del transporte de carga opera desde hace seis años, sin que hasta ahora se hubiesen presentado objeciones.
Los 2.000 camioneros que integran el Sindicato de Transporte de Carga Pesada del estado de Táchira iniciaron el paro el 28 de abril, que se endureció después con el bloqueo de los pasos fronterizos y del abastecimiento de combustible y alimentos.
La huelga pasó a afectar desde el fin de semana pasado a otros cinco estados vecinos y extendió sus efectos hasta la capital, con problemas en el suministro de bienes de consumo y el corte parcial del transporte de personas hacia el occidente del país.
La razón aducida por los camioneros de Táchira para demandar el bloque a la competencia colombiana es que padecen una discriminación porque el gobierno del vecino país no les garantiza la seguridad en su territorio, como sí hace el venezolano para todos.
Pero los empresarios venezolanos que exportan unos 1.500 millones de dólares anuales a Colombia, de un intercambio total de 2.500 millones, subrayan que se trata de un falso argumento, que esconde el hecho de que la flota colombiana es más moderna, eficiente y con fletes más baratos.
En abril los camiones de carga colombianos que atravesaron la frontera con Venezuela promediaron 110 cada día y durante este mes no superaron los 24 como efecto de la huelga. El estado de Táchira está en la mitad de los 2.219 kilómetros de límites, y a 800 kilómetros al sudoeste de Caracas.
Reyes precisó que en principio la restricción al acceso a los vehículos de carga de Colombia regirá por un año, pero siempre que la medida sea respaldada por la Secretaría General de la Comunidad Andina, en el plazo de 30 días.
El artículo 108 del Acuerdo de Cartagena que regula el bloque, fija que un país puede imponer medidas correctivas transitorias cuando la apertura ante situaciones de emergencia, pero las mismas deberán ser autorizadas, modificadas o suspendidas por la Secretaría General en el plazo máximo de un mes.
Algunos analistas subrayan que el gobierno venezolano apuesta en la práctica a que sus medidas de salvaguardía sean revisadas por las autoridades andinas en 30 días, mientras espera que fructifique una salida menos dañina para el comercio.
Reyes y el ministro de Industria y Comercio, Gustavo Márquez, han insistido que el país se acogerá a lo que dicte la secretaría andina, que dirige en Lima el venezolano Sebastián Alegrett, y demoraron el someterse a las presiones de los transportistas, hasta que la crisis en la frontera se hizo inmanejable.
El presidente de la Confederación de Industriales, Henrique Ball, dijo en el palacio presidencial de Miraflores, que el bloqueo a los transportistas colombianos sólo puede tener carácter muy transitorio, "porque es altamente perjudicial para el prospero intercambio".
Ball planteó que la huelga ha dejado 10 millones de dólares diarios de perdidas y que la prohibición de que los transportistas colombianos circulen por Venezuela va a encarecer los fletes y retrasar las entregas, afectando la competitividad de los dos países.
Reyes confirmó que la solución a la crisis es el establecimiento de un "puerto seco" en la frontera, donde las mercancias serán descargadas y recargadas para que sean transportadas por vehículos de cada país en sus territorios.
"Eso va a ser un caos, que nos perjudicará a todos", dijo Ball, para quien la solución real es que el gobierno adopte medidas para mejorar la flota de transporte de carga de Venezuela, como hizo el de Colombia desde hace 20 años.
El ministro de Infraestructura explicó que las nuevas medidas que protegen el mercado venezolano para los transportistas de carga terrestre del país, comenzarán a aplicarse en unos 12 días, para dar tiempo a que los cientos de camiones bloqueados a un lado y otro de la frontera puedan entregar sus fletes. (Fin/IPS/eg/if la/99
