El gobierno de Eduardo Frei debe garantizar el juzgamiento del ex dictador Augusto Pinochet en Chile, si quiere evitar que siga en Londres el proceso de extradición a España, advirtieron un diputado y dos juristas.
El diputado Antonio Leal y los abogados René Farías y Alfonso Insunza, conocidos defensores de los derechos humanos, dijeron que el gobierno debe hacer "gestos", como impulsar la aprobación parlamentaria de dos proyectos de ley que reducen el ámbito de impunidad que favorece a Pinochet.
El canciller José Miguel Insulza anunció el martes el envío de una nota al ministro británico del Interior, Jack Straw, para plantearle que el ex dictador (1973-1990) "puede y debe" ser procesado en Chile por cargos de violaciones de derechos humanos.
Esta gestión tiene como propósito evitar que Straw acoja el día 15 nuevos cargos contra Pinochet, presentados en los últimos días por el juez español Baltasar Garzón, quien instruye una causa contra el ex gobernante militar por crímenes contra la humanidad.
Pinochet, actual senador vitalicio, está arrestado en Londres desde el 16 de octubre de 1998 y hace una semana el Comité de Apelaciones de la Cámara de los Lores determinó en un fallo que es extraditable por delitos de tortura cometidos desde el 29 de septiembre de 1988.
Esto redujo considerablemente los delitos imputables a Pinochet, ya que el auto de extradición original de Garzón contemplaba cargos de genocidio, secuestros y torturas desde el inicio de la dictadura, el 11 de septiembre de 1973.
Ante un requerimiento de la Alta Corte de Londres, Straw aclaró el lunes que no tiene facultades para anular la orden de proceder con el juicio de extradición a España, que él emitió el 9 de diciembre.
Por lo tanto, según aclaró este miércoles el canciller Insulza, no queda más que proceder a la revisión judicial de la orden de extradición, según un recurso presentado por la defensa de Pinochet, lo cual ocurrirá a partir del día 16.
La próxima fase del caso Pinochet se cumple el día 7, como plazo fijado por Straw para recibir presentaciones de la defensa y acusadores del ex dictador y otras partes involucradas, y en cuyo contexto Garzón ya presentó nuevos antecedentes.
El día 15 el ministro sólo debe resolver si amplía o no los cargos por los cuales se pide la extradición, en el marco del fallo de los lores que redujo los delitos imputables a torturas y conspiración para torturar.
En la compleja maraña judicial y procesal del caso, la revisión de la orden del 9 de diciembre, pedida por la defensa de Pinochet ante la Alta Corte, permitió a Straw abstenerse de revocar o ratificar esa decisión, indicó Insulza.
Straw indicó el lunes que "no tenía facultad legal para anular la orden de proceder, porque ella ya estaba ante un tribunal, el cual lleva la extradición y que, por lo tanto, (sólo) procedía la revisión (judicial)", explicó el canciller.
En otras palabras, y de acuerdo a Insulza, la defensa de Pinochet, actuando en contra de la opinión del gobierno chileno, sacó el tema de la extradicción del ámbito político que correspondería a Straw y la remitió por completo al judicial.
El canciller insistió en que ahora no hay un "día decisivo" para el general retirado de 83 años, desvirtuando así interpretaciones de prensa que caracterizaban al 15 de abril como fecha clave para la continuidad o fin del proceso de extradición.
Es por eso que ahora la batalla se traslada a las ampliaciones o complementos que Straw puede introducir hasta el 15 de abril, como preámbulo de la revisión en la Alta Corte de Londres del proceso, a partir del día siguiente.
Es en este terreno que el gobierno de Frei espera convencer, primero a Straw y luego a los jueces británicos, de que se debe repatriar a Pinochet para que responda en Chile por una veintena de querellas en su contra por crímenes represivos.
Insulza dijo el lunes y martes que Chile puede reclamar el "mejor derecho" a procesar al ex dictador, en la medida de que se active el trámite judicial de esas querellas y el Consejo de Defensa del Estado se haga parte en ellas.
El canciller sugirió igualmente que los tribunales reabran procesos por torturas cometidas desde fines de 1988, como una forma de argumentar ante Gran Bretaña, España y la comunidad internacional que Pinochet no goza de impunidad en su país.
El diputado Leal y los abogados Farías e Insunza refutaron al canciller al señalar que el gobierno tiene también la tarea de garantizar que en Chile se puede procesar al ex dictador.
"Sin señalas claras de que en Chile se puede hacer justicia por los crímenes atribuídos al régimen de Pinochet, nunca se podrá lograr su regreso", señaló el parlamentario del Partido Por la Democracia, miembro de la coalición de gobierno.
Frei debe dar prioridad a un proyecto de ley, estancado desde 1994 por la mayoría derechista en el Senado, para que Chile ratifique la convención internacional sobre imprescriptibilidad de los crímenes de guerra.
Un segundo proyecto a aprobar es el que interpreta la ley de amnistía de 1978, en el sentido de que no pueden estar cubiertos por ella "los delitos de secuestro, tortura y muerte a manos de funcionarios gubernamentales", indicó el abogado Farías.
El diputado y los abogados indicaron igualmente que la Corte Suprema de Justicia debe designar a uno de sus magistrados para que instruya las querellas contra Pinochet, único mecanismo para impedir que la justicia militar reclame competencia sobre ellas.
El general retirado Julio Canessa, senador designado en representación del Ejército, pidió, entre tanto, que el gobierno inicie gestiones directamente ante el primer ministro británico Tony Blair para pedir la liberación de Pinochet. (FIN/IPS/ggr/dm/hd ip/99
