El sacerdote Mario Orantes fue acusado formalmente por el asesinato del obispo de Guatemala Juan Gerardi, para indignación de la Iglesia Católica y organizaciones de derechos humanos que aseguran que el religioso es inocente.
El fiscal Otto Ardón presentó al juzgado una acusación formal contra Orantes por el crimen ocurrido el 26 de abril, mientras el episcopado guatemalteco acusa al magistrado de parcialidad por no investigar a militares sospechosos.
Gerardi condujo hasta su muerte la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHA), que había presentado, dos días antes del crimen, un profundo informe que atribuía al ejército la mayoría de las violaciones cometidas durante los 36 años de guerra civil que concluyeron en diciembre de 1996.
Ardón sostuvo "existen fundamentos serios para discutir ante un tribunal la inocencia o culpabilidad del sacerdote Orantes".
Mientras, el fiscal general, Adolfo González Rodas, dijo que, de acuerdo con las leyes, Orantes seguirá gozando de la presunción de inocencia hasta el momento en que exista una sentencia condenatoria firme.
Los abogados del sacerdote habían solicitado su libertad condicional por considerar que no existían suficientes pruebas en su contra.
"Nos sorprende que el fiscal Ardón presente acusación sin que ni siquiera hubiese sido notificado de la denegatoria de la libertad de Orantes. Parece que ya conocía el resultado. Ahora queda clara su escasa credibilidad", dijo el abogado defensor del religioso, José Toledo.
"Con esto nos frustran la intención que teníamos de solicitar de inmediato la reforma del auto de procesamiento de asesinato a encubrimiento, porque ahora habrá que esperar la audiencia, en la cual se definirá el futuro de nuestro defendido", agregó Toledo.
El abogado insistió en que contra su cliente solo existe la hipótesis de las mordeduras de perro.
El obispo Gerardi murió la noche del 26 de abril, cuando tenía 75 años, al ingresar a la casa parroquial de la Iglesia San Sebastián donde residía, supuestamente atacado por más de una persona. Al corpulento religioso le destrozaron la cara y cráneo con un objeto contundente, tal vez un trozo de cemento sólido.
Todas las denuncias que apuntaban contra militares del Estado Mayor Presidencial fueron desestimadas por el fiscal Ardón.
El Ministerio Público se empeña en sostener que se trató de un delito común. Primero, manejó la posibilidad de que el asesino fue Carlos Vielman, un indigente alcohólico que pernoctaba en un parque frente a la iglesia San Sebastián.
En julio fue detenido Orantes, que también residía en la casa parroquial, bajo la sospecha de que ante una orden suya su perro Balú, un viejo pastor alemán, había atacado al obispo.
Pese a que la autopsia no reveló rastros de mordeduras y que se demostró que Gerardi falleció a causa de los golpes que le destrozaron el cráneo, se ordenó la exhumación del cadáver.
El Ministerio Público solicitó asistencia a un experto de la Universidad Complutense de Madrid, José Reverte Coma, que analizó el cuerpo en Managua y afirmó luego que presentaba mordeduras de perro.
En cambio, otros dos médicos forenses que asisten a la ODHA, uno de ellos experto en mordeduras de animales, aseguraron que no existían tales huellas y que el obispo murió a consecuencia de los golpes. Sin embargo, el fiscal siguó fiel a su teoría con el apoyo del informe de Reverte Coma.
Mientras, los estudios realizados al perro Balú demostraron que el viejo pastor alemán estaba demasiado débil para atacar al obispo.
Miguel Angel Albizúres, de la organización Alianza contra la Impunidad, dijo que "el fiscal Ardón condujo la pesquisa de modo parcial y sesgado, por lo que ha violado permanentemente los principios de imparcialidad e independencia funcional que debe caracterizar a los funcionarios de justicia".
Nineth Montenegro, diputada por el izquierdista Frente Democrático Nueva Guatemala, senaló que existen "fuerzas" "quieren poner a la Iglesia como chivo expiatorio para desautorizarla delante de los guatemaltecos".
"¿Por qué no se ha investigado a los militares que han sido acusados?", se preguntó Montenegro.
El sindicalista José Pinzón, secretario general de la Central General de Trabajadores de Guatemala, manifestó su malestar y también calificó la investigación de parcializada.
El propio procurador de los Derechos Humanos, Julio Arango, afirmó que lo procedente habría sido sobreseer el caso y ordenar la libertad del sacerdote, pues "no cabe duda de que con la acusación de la fiscalía se persigue eludir responsabilidades, principalmente las del Estado".
Por su parte, el ministro de Defensa, general Héctor Barrios, dijo que si la Fiscalía descubre responsables militares, éstos "deberán pagar por ello". (FIN/IPS/cz/mj/hd/98
