Amnistía Internacional (AI) exhortó al gobierno de Sierra Leona a conmutar la pena de muerte de 34 militares acusados de participar en el golpe de Estado que en mayo de 1997 derrocó al actual presidente Ahmad Tejan Kabbah.
La pena de muerte fue anunciada el lunes pasado por un tribunal militar en esta capital. Los condenados serán ejecutados por un pelotón de fusilamiento y aunque aún no se fijó la fecha, se considera inminente el cumplimiento de la sentencia.
La organización de derechos humanos con sede en Londres pidió la clemencia del gobierno para los procesados, para garantizar que las ejecuciones no se cumplan.
Los procesos de los tribunales militares en este país no permiten el derecho de apelación a la condena, lo que viola las normas internacionales, sostiene AI. Pero los condenados a muerte pueden solicitar la clemencia a un comité especial presidido por Kabbah.
Los 34 militares fueron procesados por delitos vinculados con el golpe de Estado del 25 de mayo de 1997 que derrocó a Kabbah y puso en su lugar a una dictadura militar. Tres soldados más fueron absueltos.
En febrero de este año, una fuerza de la Comunidad Económica de Estados de Africa Occidental (ECOWAS) liderada por Nigeria devolvió la presidencia a Kabbah.
El tribunal, presidido por el coronel Tom Carew, no aceptó el argumento de la defensa de que la pena de muerte era optativa y no obligatoria para estos delitos.
Entre los condenados a muerte se encuentran el ex jefe del estado mayor de Kabbah, el general de brigada Hassan Karim Conteh y su segundo, el coronel James Max Kanga, así como los comandantes de la armada, Samuel Kandu-Boy Gilbert, y de la fuerza aérea, Victor King.
La lista también incluye a una soldado, la comandante Kula Samba.
"En reiteradas ocasiones hemos exhortado al gobierno que cree un procedimiento de apelación judicial contra las sentencias aprobadas por los tribunales militares", declaró AI.
"Tememos que estas ejecuciones se lleven a cabo" antes de que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas analice el caso, agregó la organización y sostuvo que "la aplicación de la pena de muerte no contribuirá con el proceso de reconciliación de Sierra Leona".
Antes de que se supiera el veredicto el lunes, el ministro de justicia y fiscal de la nación Solomon Berewa dijo que los acusados "hicieron estragos" en este país.
"Utilizaron sus armas contra el pueblo, asesinando, mutilando y acosando a personas inocentes. Cuando sean hallados culpables, serán castigados de manera acorde", explicó.
"Estoy contenta que se haya aplicado la ley", dijo Isatu Dumbuya, ama de casa de Freetown, cuyo esposo y tres hijos fueron asesinados por la dictadura.
"Los juicios son un testimonio de la supremacía de la ley. Por tanto, los enemigos del Estado lo pensarán dos veces antes de someter al pueblo a tormentos brutales", expresó otra víctima del régimen militar, Morie Jah.
Además de los 37 militares sometidos a juicio, 58 civiles fueron procesados por traición y otros delitos relacionados con el golpe de Estado, en tres juicios celebrados por la Corte Suprema de Freetown.
El 25 de agosto, 16 acusados fueron condenados a muerte. Foday Sankoh, líder del opositor grupo armado Frente Revolucionario Unido (RUF), también está siendo procesado por la Corte Suprema.
La población tiene una opinión negativa de los acusados por el golpe militar y de la dictadura. Los asesinatos, las violaciones y las detenciones arbitrarias fueron sistemáticas durante este período.
"Desde que el régimen militar y el RUF fueron alejados del poder en febrero, desencadenaron una campaña de asesinatos y mutilación contra la población civil del este y norte del país", denunció AI.
"Miles de civiles fueron asesinados o sufrieron la amputación de sus manos, brazos, piernas, orejas o labios, y estas atrocidades continúan", afirmó la organización.
AI condenó en reiteradas ocasiones estas violaciones de los derechos humanos y exigió que se tomen medidas efectivas para detenerlas.
La organización también reconoce el deber que tiene el gobierno de llevar ante la justicia a los responsables de los delitos, según las normas internacionales, e insiste que no debe haber impunidad para las violaciones de derechos humanos. (FIN/IPS/tra-en/lf/mn/aq/ip-hd/98
