El asesinato del vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), Jorge Ortega, demuestra la crítica situación de los derechos humanos en este país, dijo en esta capital la principal funcionaria de la ONU en la materia.
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Mary Robinson, que asiste en Colombia a una reunión con diversas organizaciones, condenó el asesinato de Ortega, a quien consideró una persona comprometida con las causas humanitarias.
"Funcionarios de la ONU fueron testigos directos del apoyo y el compromiso del señor Ortega hacia los derechos humanos", dijo la funcionaria de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), al tiempo que denunció amenazas terroristas contra ella y los participantes al seminario al que asistió este miércoles.
La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos instaló en 1996 una sede en Santafé de Bogotá con el apoyo de la Unión Europea, como un mecanismo de cooperación ante laHtica situación que en esa materia afronta el país.
Según diversos informes de organizaciones internacionales, Colombia sufre uno de los más altos niveles de violaciones de derechos humanos del mundo.
El último informe de la organización no gubernamental Human Rigths Watch, radicada en Washington, indica que en 1997 fueron asesinados 2.183 civiles por motivos políticos.
Ortega, asesinado el martes pasado, fue fundador en 1986 de la CUT, central de trabajadores con mayor presencia en Colombia, y delegado sindical en las negociaciones paz del gobierno con la Coordinadora Nacional Guerrillera en Tlaxcala, México, en 1992.
Así mismo, participó en la Asamblea de la Sociedad Civil, que en julio propuso al gobierno y a organizaciones guerrilleras un acuerdo para la protección de la población civil en las zonas afectadas por el conflicto armado.
El asesinato del dirigente fue atribuida por sindicalistas a sectores interesados en obstaculizar el incipiente proceso de paz del gobierno con la guerrilla.
Para el presidente de la CUT, Luis Garzón, el asesinato fue "un crimen político" que presenta características similares a los ocurridos a comienzos de este año contra otros activistas sociales.
Ortega, un trabajador del sector eléctrico, de 46 años, fue asesinado cuando llegaba a su casa en la zona sur de la capital colombiana por un pistolero que, según algunos vecinos, lo estuvo esperando por espacio de dos horas en los alrededores.
Para Garzón, quien asesinó a su compañero "no es un delincuente común", pues "le hizo un seguimiento y tuvo una cobertura de seguridad" muy similar a la de los asesinos en marzo del activista de derechos humanos Eduardo Umaña y la ex militante del Partido Comunista María Arango.
Los asesinatos de Umaña y Arango, ocurridos con tres días de diferencia, fueron atribuidos por organizaciones no gubernamentales de derechos humanos a una escalada de crímenes selectivos iniciada por paramilitares de derecha.
En esa oportunidad se dio a conocer una lista de cerca de 40 personalidades amenazadas, en la que figuraban funcionarios de gobierno, activistas sociales y sindicalistas, entre los que figuraba Ortega.
"Las características son las mismas, disparos a la cara, la espera y un cinismo y una frialdad enormes", agregó Garzón sobre el asesino de Ortega.
El diputado independiente Antonio Navarro vinculó el asesinato de Ortega con sectores que se oponen al incipiente proceso de paz del gobierno con la guerrilla.
El gobierno de Andrés Pastrana anunció que antes del 7 de noviembre dará inicio formal al diálogo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), principales fuerzas insurgentes de Colombia.
El acercamiento con el ELN se vio afectado esta semana por el atentado dinamitero de esa organización al Oleoducto Central, al noroeste de Colombia, que produjo cerca de 50 muertos y 80 heridos.
Pese a que Pastrana reiteró que el proceso continúa, pidió al ELN "poner las cartas sobre la mesa" y sancionar a los autores del atentado.
Navarro recordó que "cada vez que algún gobierno inicia un proceso de paz, sectores de derecha inician su ofensiva contra activistas sociales" para crear un ambiente de desestabilización.
Navarro denunció que él mismo es objeto de amenazas y que su casa fue "totalmente revuelta hace varios semanas por supuestos ladrones que no se llevaron nada".
Para protestar por el asesinato de Ortega, el Comando Unificado de Paro que integran las tres centrales obreras con presencia en el país y la Federación Nacional de Trabajadores del Estado (Fenaltrase) aprobó la realización de una huelga general de 24 horas este jueves.
Fenaltrase, que reúne a cerca de 800.000 trabajadores públicos, afirmó que pese al asesinato de Ortega la organización sindical esta dispuesta a reanudar el diálogo con el gobierno para poner fin a la huelga que cumplió 13 días este miércoles.
Los trabajadores estatales protestan contra el plan de ajuste del gobierno, que reducirá en cuatro puntos sus salarios y piden el cumplimiento de acuerdos pactados. (FIN/IPS/yf/mj/hd lb ip/98
