La mayoría de los portorriqueños residentes en Estados Unidos rechazan su exclusión del plebiscito de autodeterminación convocado en su país de origen para diciembre.
La Comisión Electoral del Estado de Puerto Rico anunció que el 13 de diciembre se llevará a cabo la votación para decidir si la isla debe convertirse en un estado de Estados Unidos, si debe gestionar algún mecanismo de autonomía, o si optará por su independencia.
El organismo precisó que la convocatoria abarca a los 3,8 millones de habitantes de Puerto Rico, que desde 1948 tiene la condición de "estado libre asociado" de Estados Unidos, pero excluye a unos tres millones de compatriotas resodemtes en el exterior.
La decisión fue criticada por muchos portorriqueños que viven en Estados Unidos.
Elliot Monteverde, miembro de la Asociación de Puerto Rico (PRACA), opinó a título personal que si la mitad de los habitantes de ese país viven en el extranjero, tienen derecho a participar en una decisión sobre el destino de su nación.
"Nosotros somos un producto del colonialismo, y muchos estamos aquí por razones políticas", dijo Monteverde, quien además se consideró "a favor de la independencia y con derecho a participar en cualquier proceso que afecte intereses propios".
Según dijo, la verdadera razón para excluir a los emigrados es que el gobernante Partido Nuevo Progresista (PNP) teme que voten en contra de convertirse en estado de Estados Unidos y a favor de la independencia.
Sin embargo, otros portorriqueños residentes en Estados Unidos aprobaron la decisión de la Comisión Electoral.
Santiago Valente, presidente de la organización Estadistas Unidos de Nueva York, estimó que la inscripción y comprobación de datos de las personas aptas para votar en Estados Unidos sería un proceso complicado, que insumiría al menos cuatro años.
Valente, cuya organización está a favor de la incorporación de Puerto Rico a Estados Unidos, dijo que cada partido necesitaría sus observadores, lo cual requeriría de un gran esfuerzo económico.
Por su parte la secretaria general de la Asociación Americana de Juristas, Vanessa Ramos, advirtió que el plebiscito sólo será válido si se realiza al amparo de una resolución del Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, que otorga a Puerto Rico la capacidad de decidir sobre su independencia en su calidad de nación latinoamericana y caribeña.
Esta posición considera el tema de la condición de Puerto Rico como un asunto internacional, lo cual contrasta con la posición estadounidense, que lo califica como asunto interno.
"Es imposible realizar un plebiscito en un país donde hay prisioneros políticos", dijo Ramos, quien consideró que la consulta fue orquestada por Estados Unidos y es otra demostración de "poder imperial".
"Nos tratan como una posesión, como una mercancía", afirmó la abogada Ramos.
El plebiscito fue convocado el 25 de julio por el gobernador Pedro Roselló. Se trata de una consulta interna organizada por las autoridades de la isla, y por lo tanto no es vinculante para el Congreso de Estados Unidos.
El PNP está a favor de convertirse en parte de Estados Unidos, mientras el opositor Partido Independentista, como su nombre lo indica, favorece la independencia, y el Partido del Pueblo se inclina por mantener la condición actual.
Tanto los independentistas como los estatistas que favorecen la anexión plena a Estados Unidos consideran que la condición actual de "estado libre asociado" es de carácter "colonial".
El diario en español "La Prensa" que se publica en Nueva York difundió una entrevista con el comisionado electoral Manuel Herrero, en la cual comenta que el voto de los emigrados sería perjudicial para quienes favorecen la anexión.
Santiago Valente coincidió con esta apreciación y dijo que el movimiento independentista es más fuerte fuera de la isla. "Los portorriqueños de aquí no comprenden que convertirnos en un estado es la mejor manera de mantener el contacto con quienes están allá en casa", argumentó.
"La independencia sólo nos separará, porque ya no será tan fácil movilizarse y comunicarse entre Puerto Rico y Estados Unidos", aseguró.
En medio de las crecientes críticas por la exclusión de los emigrados, en especial aquellas procedentes de sectores independentistas, Herrero insistió en su entrevista con "La Prensa" en destacar las dificultades de infraestructura.
"Significaría una tremenda inversión de recursos, porque si admitimos el voto de aquellos que están en Estados Unidos, ¿cómo se lo podríamos negar a quienes viven en Europa o en otros lugares?", dijo Herrero.
Pero Monteverde arreció en sus críticas por la exclusión. "Todos sabemos que la gran mayoría de los emigrados de Puerto Rico viven en Estados Unidos, y no en Europa, ni en Asia, ni en Africa". (FIN/IPS/tra-en/ss/kb/mk/lc-ml/ip/98
